La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado en el advirtió que Washington no tolerará la narcopolítica en el hemisferio, una señal dirigida a la región cuando el país se encamina a las elecciones generales de 2027 y se alerta sobre la posible participación directa de estructuras vinculadas al narcotráfico.
La representación diplomática tomó como referencia la designación pública de 7 exfuncionarios ecuatorianos, acusados de corrupción relacionada con organizaciones criminales transnacionales. La medida les impide ingresar a Estados Unidos y también alcanza a sus familiares directos.
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El mensaje difundido este domingo 13 de septiembre por la Embajada sostuvo: “Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento”. La administración de Donald Trump afirmó que utilizará todas las herramientas disponibles para identificar a quienes, desde cargos públicos, faciliten actividades de narcotráfico.
La advertencia adquiere relevancia en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a elecciones generales el viernes 22 de enero de 2027. En esos comicios se definirán la Presidencia, las diputaciones y las alcaldías del país.
Las autoridades electorales han reiterado que todavía no está permitido realizar campaña política y que las sanciones por proselitismo anticipado pueden incluir la negativa de inscripción de candidaturas. Pese a ello, organizaciones políticas y posibles aspirantes han aumentado su presencia en redes sociales.
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Mientras que el presidente Bernardo Arévalo advirtió, días atrás, que la narcopolítica y el populismo amenazan a la democracia de Guatemala y pueden ganar peso hacia las elecciones de 2027.
Siete designaciones ecuatorianas y la prohibición de ingreso
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió las designaciones el 9 de septiembre contra los funcionarios ecuatorianos: Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.
La lista también incluyó a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta del Partido Social Cristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de esa corte; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la misma institución.
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Según la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, algunos de los señalados habrían aceptado sobornos para interferir en procesos judiciales, electorales y públicos en beneficio de redes criminales. Entre las organizaciones mencionadas figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros, Los Lobos y el Cártel de Sinaloa.
Washington indicó que los exfuncionarios manipularon procedimientos judiciales y electorales para favorecer a grupos que calificó como narcoterroristas. El mensaje añadió que esas redes “envenenan a nuestras comunidades”.
Las designaciones se aplicaron bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Exteriores de Estados Unidos, que faculta al Departamento de Estado a declarar inelegibles para ingresar al país a funcionarios extranjeros, actuales o anteriores, cuando existe información creíble sobre su participación en actos graves de corrupción.
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La Embajada cerró su pronunciamiento con otra advertencia: “El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a quienes faciliten el narcotráfico”.
En la semana del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó visitas a Ecuador y Colombia para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y las finanzas ilícitas.
Denuncias locales ante la campaña anticipada
La preocupación por la penetración criminal en la política guatemalteca se concentra en el financiamiento electoral y en la eventual postulación de personas vinculadas con estas estructuras. Analistas sostienen que grupos dedicados al tráfico de drogas han pasado de aportar recursos de forma reservada a buscar espacios como candidatos.
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Guatemala ya registró casos de dirigentes condenados en Estados Unidos por narcotráfico, entre ellos Mario Estrada, del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional, y el exdiputado José Ubico, del partido Todos.
El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó el 26 de agosto que el Ministerio Público recibió varias denuncias relacionadas con posibles casos de narcopolítica. El jefe del ente investigador evitó precisar el número de expedientes o las personas involucradas.
“Cantidad exacta no le puedo decir, pero sí hay varias denuncias”, afirmó García Luna al ser consultado sobre las acusaciones. El fiscal general aseguró que cada señalamiento será examinado para determinar si existió un delito y establecer responsabilidades.
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García Luna sostuvo: “Lo único que vamos a hacer es investigar las denuncias y determinar, de forma objetiva e imparcial, si se cometió algún delito y si existe un responsable”. También señaló que los casos sin sustento serán desestimados y que el Ministerio Público no será utilizado para favorecer intereses políticos ni atacar a contendientes electorales.
La Fiscalía de Delitos Electorales prepara una estrategia para que las fiscalías del país identifiquen las posibles infracciones durante el proceso electoral y distingan las denuncias fundamentadas de aquellas que carecen de pruebas.
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