La sequía que afecta a Honduras comienza a cambiar de dimensión.En Tegucigalpa, BID y JICA preparan un paquete financiero para modernizar un sistema que pierde cerca del 40% del recurso antes de llegar a los abonados.
La respuesta gubernamental ya no se concentra únicamente en repartir alimentos o llevar agua a las comunidades más afectadas. Ahora incluye gestiones por aproximadamente US$182 millones, unos (L4.896 millones) para intervenir infraestructura hídrica, perforar pozos y reforzar el abastecimiento en el Distrito Central.
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El anuncio surgió durante una reunión del Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía con representantes de organismos cooperantes del G-16, encabezada por el presidente Nasry Asfura.
La estrategia tiene cuatro frentes: seguridad alimentaria, producción agropecuaria, agua y salud.
La emergencia ya alcanza a 103 municipios
El titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, explicó que la asistencia alimentaria está siendo priorizada en los 103 municipios actualmente bajo alerta roja por sequía.
El Gobierno también prevé entregar alimento para ganado a pequeños productores que todavía conservan animales, mientras Pronaders trabaja en la perforación de nuevos pozos y rehabilitación de fuentes abandonadas.
Junto con las raciones alimentarias, las autoridades entregan kits de medicamentos destinados a atender enfermedades y condiciones que pueden agravarse durante períodos de escasez de agua, entre ellas deshidratación, problemas gastrointestinales y desnutrición.
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El Ejecutivo sostiene que comenzó a evaluar el impacto desde marzo y que ya realizó levantamientos en 74 de los 75 municipios inicialmente identificados como afectados.
Tegucigalpa tiene un problema más profundo que la falta de lluvia
La situación de la capital revela por qué la emergencia no puede resolverse solamente esperando precipitaciones.
El alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que aproximadamente 40% del agua que sale de las fuentes de La Concepción y Los Laureles se pierde antes de llegar a los hogares, debido al deterioro y antigüedad del sistema de distribución.
Eso significa que incluso cuando las represas recuperen parte de sus niveles, una fracción significativa del recurso continuará desperdiciándose si la red no es intervenida.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) trabajan en un proyecto conjunto por alrededor de US$150 millones —unos L4.035 millones—, cuya negociación se encuentra en su etapa final.
Según Zelaya, la propuesta sería llevada al directorio del BID el 30 de septiembre.
A ese proyecto se sumarían US$32 millones —aproximadamente L861 millones— adicionales mediante el BID.
Los recursos serían utilizados para perforar pozos, adquirir cisternas y ejecutar otras obras relacionadas con la emergencia hídrica bajo responsabilidad municipal.
La suma de ambos componentes eleva la cartera anunciada a aproximadamente US$182 millones.
Pero existe una diferencia importante: no todo ese dinero está ya desembolsado.
Parte se encuentra todavía en negociación y proceso de aprobación, por lo que el reto será convertir los anuncios financieros en proyectos ejecutados antes de que una nueva temporada seca vuelva a presionar el sistema.
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El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, señaló que la priorización de la asistencia se basa en evaluaciones realizadas directamente en los municipios afectados.
ONU, el Programa Mundial de Alimentos y otros cooperantes participan actualmente en la respuesta humanitaria. Según la información proporcionada durante la reunión, unas 4.000 personas en la capital ya han recibido algún tipo de asistencia.
La actual emergencia está dejando expuesto un problema anterior a 2026: Honduras puede enfrentar un año extremadamente seco, pero las consecuencias se multiplican cuando existen redes deterioradas, pocas fuentes alternativas y comunidades dependientes de sistemas vulnerables.
Por eso, los US$182 millones pueden convertirse en algo más que una respuesta coyuntural.
Si los proyectos avanzan, podrían empezar a corregir parte del problema estructural que provoca que Tegucigalpa tenga que enfrentar cada temporada seca con reservas limitadas y una red que pierde una cantidad considerable de agua. La verdadera prueba no será cuánto dinero se anuncie.
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