Sector privado espera que reforma eléctrica impulse inversión en Honduras

El COHEP y la CCIC consideran que una ejecución efectiva puede mejorar las condiciones para las familias, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que las deficiencias energéticas afectan la capacidad de Honduras para atraer nuevas inversiones. (FOTO: Infobae)
Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que las deficiencias energéticas afectan la capacidad de Honduras para atraer nuevas inversiones. (FOTO: Infobae)
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La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP) Anabel Gallardo, reconoció el avance legislativo y señaló que ahora corresponde convertir las disposiciones aprobadas en acciones concretas para mejorar el funcionamiento del sistema energético. Advirtió que los próximos seis meses, sin aumentos en la tarifa eléctrica, serán claves para medir la implementación.

“La ley no enciende una bombilla”, afirmó la dirigente empresarial al explicar que la siguiente etapa será determinante para que las modificaciones tengan un impacto real en el servicio y en las condiciones económicas de los hondureños.

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Según Gallardo, el proceso que comienza ahora incluye la elaboración de los reglamentos correspondientes, la puesta en funcionamiento de las instituciones contempladas en la reforma y la ejecución de las medidas.

Uno de los puntos señalados por la presidenta del Cohep es el período de los próximos seis meses, durante el cual no se contemplan incrementos en la tarifa eléctrica.

Gallardo consideró que este período debe aprovecharse para avanzar en la implementación de la reforma y generar resultados que puedan ser percibidos por las familias hondureñas.

Gallardo insistió en que el reto ahora consiste en pasar de la aprobación legislativa a la ejecución efectiva. Para el sector privado, será esa fase la que permitirá determinar si las reformas consiguen los resultados esperados.

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Seguridad jurídica y empleo

La dirigente empresarial también vinculó la reforma energética con un asunto más amplio: la seguridad jurídica en Honduras.

Gallardo sostuvo que contar con reglas claras y estables no constituye únicamente una preocupación para abogados o inversionistas, sino que tiene consecuencias directas sobre la generación de empleo.

Desde su perspectiva, cuando existe incertidumbre respecto del respeto de la propiedad, el cumplimiento de los contratos o la permanencia de las reglas, los inversionistas pueden decidir postergar proyectos o reducir su exposición en el país.

El sector empresarial sostiene que energía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana son elementos fundamentales para generar inversión y empleo formal.  (FOTO: Diario El País)
El sector empresarial sostiene que energía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana son elementos fundamentales para generar inversión y empleo formal. (FOTO: Diario El País)

La consecuencia, señaló, no se limita al ámbito empresarial, ya que una menor inversión también significa menos posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo.

“Es por ello que reiteramos, la seguridad jurídica protege al trabajador antes que al capital”, afirmó.

Para el COHEP el sector energético constituye uno de los ejemplos más importantes del costo que puede tener la incertidumbre y la falta de eficiencia en las reglas del sistema.

Gallardo aseguró que cada año se pierden más de 10 mil millones de lempiras en el sistema eléctrico, una cifra que, según explicó, refleja la magnitud del problema y la necesidad de adoptar medidas para corregir las deficiencias acumuladas.

La expectativa de la CCIC

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también reaccionó positivamente a la aprobación del dictamen final de las reformas al sistema eléctrico.

El presidente de la organización empresarial, Karim Qubain, manifestó su confianza en que las modificaciones contribuyan a revertir la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

La expectativa de la CCIC es que la nueva legislación permita establecer una estructura más clara para el funcionamiento del sistema y que, a partir de esa base, se pueda avanzar de manera progresiva en la recuperación de la empresa estatal.

El planteamiento implica que los resultados no necesariamente tendrían que producirse de manera inmediata, pero sí deberían comenzar a advertirse en el corto y mediano plazo.

Acuerdos políticos y energía renovable

Qubain también destacó los acuerdos alcanzados entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para aprobar las reformas.

La expectativa ahora está puesta en que los acuerdos alcanzados en el Legislativo puedan traducirse en una aplicación consistente de la normativa y en que las instituciones involucradas trabajen bajo una misma dirección.

El empresario consideró que el país tiene capacidad para producir electricidad mediante recursos renovables y que ese potencial puede utilizarse para disminuir la dependencia de los combustibles y reducir la exposición a factores externos que terminan afectando los costos de generación.

El ajuste tarifario del 10,49 % aprobado en Honduras eleva el precio promedio de la energía eléctrica a 5,32 lempiras por kilovatio hora a partir de abril. (Foto de archivo)
El ajuste tarifario del 10,49 % aprobado en Honduras eleva el precio promedio de la energía eléctrica a 5,32 lempiras por kilovatio hora a partir de abril. (Foto de archivo)

De la discusión a la ejecución

Reducir la dependencia de fuentes cuyos precios están sujetos a las variaciones de los mercados internacionales podría contribuir a disminuir la vulnerabilidad del país ante cambios externos.

Sin embargo, para los empresarios, aprovechar ese potencial también requiere condiciones adecuadas para la inversión, reglas claras y una institucionalidad capaz de garantizar que los proyectos puedan desarrollarse bajo parámetros previsibles.

Durante meses, la discusión estuvo concentrada en el contenido de los cambios legales y en los acuerdos necesarios para conseguir su aprobación. Ahora, el desafío será desarrollar los reglamentos, poner en marcha las nuevas disposiciones y comprobar si estas consiguen modificar los problemas que durante años han afectado al sistema.

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