Honduras: advierten sobre la propuesta de reformas eléctricas, cuestionan exoneraciones y congelamiento de tarifas

El debate sobre las reformas al subsector eléctrico volvió a generar posiciones encontradas luego de que el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales, cuestionó algunos de los planteamientos incluidos en la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal.

Corrales señaló que la iniciativa liberal contempla, entre otros aspectos, exoneraciones para determinados sectores, una medida que, a su juicio, no debería incorporarse directamente dentro de una reforma que busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento del subsector eléctrico.

El funcionario consideró que la propuesta presentada por los diputados liberales constituye prácticamente un proyecto paralelo al planteamiento impulsado por el Poder Ejecutivo.

Según explicó, la intención sería que ambas iniciativas avancen y sean aprobadas de manera simultánea, un escenario que genera preocupación desde la perspectiva de la regulación del mercado energético.

Uno de los principales reparos expresados por Corrales está relacionado con el tratamiento que recibirían determinadas tecnologías dentro del nuevo marco legal.

El comisionado sostuvo que una reforma energética debe establecer reglas generales y evitar favorecer de manera específica a una tecnología sobre otra.

Desde su perspectiva, aprobar simultáneamente proyectos que contengan disposiciones diferenciadas podría terminar introduciendo ventajas particulares dentro del marco regulatorio.

Siguen sin acuerdo

La advertencia se produjo en medio de la discusión legislativa sobre los cambios que se pretenden introducir al subsector eléctrico, un área que involucra tanto la generación como otros componentes del sistema energético nacional.

Corrales también se refirió específicamente a las exoneraciones incluidas en la contrapropuesta liberal.

Según explicó, este tipo de beneficios no necesariamente tiene que formar parte de la reforma general al subsector eléctrico. Su posición es que las exoneraciones pueden ser analizadas y aprobadas mediante procedimientos independientes una vez que se hayan definido las modificaciones a la legislación energética.

La distinción resulta relevante porque una reforma estructural del sector eléctrico establece las reglas bajo las cuales funciona el mercado, mientras que una exoneración constituye un beneficio específico para determinados sectores o actividades.

Por ello, el comisionado consideró que primero debe discutirse y aprobarse el nuevo marco regulatorio y, posteriormente, analizar de manera separada las solicitudes de exoneración que correspondan.

Otro de los temas abordados por el funcionario fue la posibilidad de incluir una condonación de deuda dentro del proyecto de reforma.

Corrales señaló que no considera realista plantear una medida de este tipo sin contar previamente con la opinión de la Secretaría de Finanzas, debido a las implicaciones económicas que tendría para las cuentas públicas.

También puede generar efectos sobre los recursos del Estado y sobre las instituciones involucradas, por lo que, según el comisionado, debe existir una evaluación financiera antes de adoptar una decisión.

Su planteamiento apunta a que cualquier disposición que implique renunciar al cobro de recursos o asumir obligaciones económicas debe contar con el análisis de la autoridad encargada de las finanzas públicas.

Congelamiento de tarifas

El debate también alcanza uno de los temas que mayor impacto tiene para los usuarios: el precio de la electricidad. Consultado sobre la posibilidad de congelar las tarifas eléctricas, Corrales explicó que técnicamente es posible evitar que el usuario asuma determinados incrementos mediante un mecanismo de subsidios.

Sin embargo, aclaró que esta alternativa no elimina el costo de la energía, sino que implica trasladarlo a otra fuente de financiamiento. Para que el Gobierno pueda aplicar una medida de este tipo, debe disponer de los recursos necesarios a través de la Secretaría de Finanzas.

En otras palabras, un congelamiento de la factura eléctrica tendría que estar respaldado por fondos públicos suficientes para cubrir la diferencia que eventualmente se genere entre el costo real del servicio y el monto que finalmente pague el consumidor.

La discusión deja sobre la mesa uno de los principales desafíos de cualquier política destinada a contener las tarifas: determinar quién asumirá el costo de la medida.

Si el precio que paga el consumidor se mantiene por debajo del nivel que corresponde al costo del servicio, la diferencia debe ser cubierta mediante algún mecanismo financiero.

En el caso de un subsidio estatal, esto significa que el Gobierno tendría que contar con una asignación presupuestaria para sostenerlo.

El Congreso Nacional deberá analizar ahora las distintas propuestas y determinar cuáles disposiciones serán incorporadas al marco legal.

Entre los puntos que generan mayor discusión están el tratamiento de las tecnologías, las exoneraciones, una eventual condonación de deuda y los mecanismos que podrían utilizarse para evitar aumentos en las tarifas eléctricas.