La libertad de prensa en Honduras enfrenta un problema que va más allá del número de agresiones registradas: la mayoría de los casos no termina en una sanción.
Un informe presentado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) sitúa en 86.6% el nivel de impunidad de las agresiones denunciadas contra periodistas y comunicadores sociales, un indicador que la organización considera parte de un patrón persistente de censura, hostigamiento y ausencia de respuesta institucional.
La directora ejecutiva de C-Libre, Amanda Ponce, señaló que el documento identifica tres problemas centrales: restricciones al pluralismo informativo, ataques legales y hostigamiento, además de una “memoria negada” vinculada con asesinatos de comunicadores que continúan sin sentencia.
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Funcionarios públicos aparecen entre los principales agresores
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a 2025.
Según C-Libre, 52.8% de las agresiones registradas ese año fueron atribuidas a funcionarios públicos, una cifra que coloca al propio Estado en el centro de los cuestionamientos.
Dentro de ese grupo, la organización señaló que 49% correspondió a miembros de las Fuerzas Armadas y 17% a agentes de la Policía Nacional.
Estos señalamientos coinciden con alertas previas emitidas por C-Libre sobre episodios de intimidación, descalificación pública y presión contra periodistas y medios por parte de instituciones estatales.
En 2025, por ejemplo, la organización denunció comunicaciones oficiales de las Fuerzas Armadas contra publicaciones periodísticas y posteriormente advirtió sobre un patrón de intimidación militar en el contexto electoral.
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El informe también identifica un aumento significativo de los casos de censura durante 2025.
Ponce aseguró que este tipo de incidentes creció 140% y que diez casos se concentraron únicamente el 30 de noviembre, día de las elecciones generales.
El contexto electoral elevó los riesgos para los periodistas encargados de cubrir centros de votación, instituciones públicas y el proceso de divulgación de resultados.
C-Libre documentó episodios de obstrucción informativa e intimidación durante las elecciones, incluyendo restricciones contra reporteros y campañas de estigmatización dirigidas a medios de comunicación.
La organización también ha advertido que los discursos de funcionarios que desacreditan a medios y periodistas pueden incrementar los riesgos de agresión y fomentar la autocensura.
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El problema continuó en 2026
Las señales de deterioro no terminaron con el proceso electoral.
Entre enero y junio de 2026, C-Libre documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública, equivalente a aproximadamente un caso cada tres días.
Solo durante el primer cuatrimestre del año se registraron 41 alertas, un aumento de 46.4% frente al mismo período de 2025.
En ese lapso, la intimidación representó 44% de los casos, seguida por la obstrucción informativa con 24%, la judicialización de la crítica con 17% y otras formas de estigmatización o agresión con 15%.
En agosto, la organización volvió a emitir una alerta después de que un periodista de investigación recibiera amenazas de muerte y fotografías que evidenciaban vigilancia sobre sus movimientos cotidianos.
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Cuando la impunidad se convierte en otro mecanismo de presión
El 86.6% de impunidad no implica únicamente expedientes sin sentencia.
Para organizaciones de libertad de expresión, la ausencia prolongada de consecuencias puede generar un efecto adicional: incrementar el temor entre periodistas, promover la autocensura y reducir la capacidad de los medios para investigar asuntos sensibles.
Ese efecto resulta especialmente grave cuando los agresores señalados pertenecen a instituciones con capacidad para ejercer poder político, policial o militar.
El informe de C-Libre plantea así un problema doble para Honduras: las agresiones continúan ocurriendo y, al mismo tiempo, la mayoría permanece sin una respuesta judicial efectiva.
La consecuencia trasciende al gremio periodístico. Cuando un reportero deja de investigar por miedo, una fuente decide no hablar o un medio evita publicar información sensible, también se reduce el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público.
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