El Gobierno de Honduras confirmó que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños en Estados Unidos tendrá efectos concretos sobre quienes dependían exclusivamente de ese beneficio para mantener su autorización de permanencia y trabajo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que el proceso responde a decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses durante los últimos años y que la administración hondureña enfrenta ahora las consecuencias de una medida que afecta a miles de compatriotas.
La canciller Mireya Agüero pidió, sin embargo, evitar interpretaciones que equiparen automáticamente el fin del TPS con el regreso inmediato de todos sus beneficiarios.
Según explicó, cada persona enfrenta una situación migratoria diferente y la posibilidad de permanecer en Estados Unidos o retornar a Honduras dependerá de factores como el tiempo de residencia, la situación familiar, la existencia de otras alternativas de regularización, procesos judiciales pendientes y las decisiones individuales de cada migrante.
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Uno de los principales mensajes de la Cancillería es que la pérdida de la protección migratoria y el retorno efectivo de una persona son procesos diferentes. El TPS permitía a sus beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener autorización para trabajar mientras la designación estuviera vigente.
¿A quienes abarca?
Con su terminación, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en el país pueden quedar expuestos a procedimientos migratorios y perder la posibilidad de continuar trabajando legalmente bajo ese régimen.
Algunos pueden tener otras solicitudes migratorias en trámite, vínculos familiares que les permitan buscar una vía de regularización o procesos judiciales que modifiquen su situación particular. Por esa razón, la Cancillería insiste en que el impacto de la medida debe analizarse caso por caso.
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La canciller Agüero sostuvo que la situación actual no se originó durante la administración hondureña en funciones, sino que forma parte de una secuencia de decisiones adoptadas por Estados Unidos desde años anteriores.
“El actual Gobierno de Honduras heredó un proceso y decisiones tomadas por Estados Unidos, en el marco de una política migratoria más amplia”, afirmó.
La funcionaria situó el origen de la situación en las decisiones adoptadas desde 2018, cuando comenzaron los cambios relacionados con las designaciones de TPS para distintos países.
La posición del Gobierno hondureño es que la terminación del programa debe ser abordada ahora desde dos frentes: la defensa de los derechos de los hondureños que permanecen en Estados Unidos y la preparación del país para quienes eventualmente decidan o tengan que regresar.
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Para quienes únicamente tenían TPS y autorización de empleo vinculada a ese estatus, la terminación representa la pérdida de una protección que durante años les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
También puede afectar a hogares en los que existen hijos nacidos en Estados Unidos, propiedades, negocios o años de residencia acumulados. La Cancillería reconoce esa diversidad de situaciones y señala que el retorno no será necesariamente una consecuencia inmediata para todos los beneficiarios.
Plan para retornados
Ante el nuevo escenario, el Gobierno hondureño asegura haber solicitado a Estados Unidos una transición ordenada. Entre las alternativas planteadas figura la posibilidad de ampliar autorizaciones de empleo y facilitar el acceso a visas temporales de trabajo.
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La propuesta también busca dar tiempo a las familias para organizar sus decisiones y evaluar las opciones migratorias disponibles antes de un eventual retorno.
El resultado de estas gestiones dependerá, sin embargo, de las autoridades estadounidenses y de las decisiones que adopten sobre los mecanismos de transición.
La estrategia está encabezada por el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM) y reúne a 20 instituciones estatales, además de la red consular hondureña en Estados Unidos.
Honduras también cuenta con la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes y sus Familias, que fue reformada recientemente para ampliar los beneficios destinados a quienes regresen al país.
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El Gobierno sostiene que esta normativa constituye una de las herramientas disponibles para acompañar a quienes regresen y facilitar su reintegración. A esto se suman programas orientados a brindar apoyo económico, educativo y para el desarrollo de emprendimientos.
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