La Dirección Policial de Investigaciones confirmó que 310 menores de edad fueron aprehendidos durante los primeros seis meses de 2026 por su supuesta participación en distintos ilícitos. Según las cifras oficiales, en el mismo período de 2025 fueron 174, por lo que el aumento interanual fue de aproximadamente 78%.
El portavoz de la institución, Wilfredo Maldonado, señaló que las estadísticas muestran que cada vez más adolescentes están siendo vinculados a actividades delictivas.
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“Es lamentable informar este tipo de situaciones porque son 310 menores aprehendidos por diferentes infracciones en lo que va del 2026”, manifestó el funcionario.
Según la DPI, entre los delitos que con mayor frecuencia motivaron las detenciones destacan el tráfico de drogas, el robo, el porte ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales.
Las autoridades policiales aclararon que todos los adolescentes detenidos son sometidos al procedimiento establecido en la legislación hondureña para menores en conflicto con la ley.
Maldonado explicó que estos casos son conocidos bajo el marco jurídico especializado que contempla la Ley de la Niñez y la Adolescencia, que establece procedimientos diferenciados respecto de los aplicados a personas adultas.
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¿Qué dice la ley hondureña?
En Honduras, la legislación contempla un sistema especial de justicia juvenil para personas de entre 12 y 18 años que presuntamente han cometido delitos, conforme a los compromisos internacionales adquiridos por el país mediante la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante la misma comparecencia, el portavoz de la DPI informó que en lo que va del año las fuerzas investigativas han logrado desarticular 17 estructuras criminales.
Estas organizaciones, según la institución, estaban dedicadas a actividades ilícitas como secuestro, lavado de activos, tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad nacional.
Las investigaciones continúan para identificar a otros integrantes de estas redes y llevarlos ante la justicia.
El incremento de adolescentes vinculados a actividades criminales ha sido motivo de preocupación para organismos internacionales dedicados a la protección de la niñez.
Menores en conflicto
El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras reiteró que los menores de 18 años que entran en conflicto con la ley deben ser atendidos mediante un sistema especializado de justicia juvenil, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. El organismo sostiene que ningún adolescente debe ser juzgado como un adulto y que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible.
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Naciones Unidas también ha señalado que reducir la edad de imputabilidad o endurecer las sanciones contra adolescentes no ha demostrado ser una estrategia eficaz para disminuir la criminalidad. En cambio, recomienda fortalecer la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, además de atender los factores estructurales que empujan a muchos jóvenes hacia la violencia y el crimen.
Por su parte, UNICEF advierte que numerosos adolescentes involucrados en actividades delictivas también han sido previamente víctimas de violencia, exclusión social, abandono, pobreza, explotación o reclutamiento por estructuras criminales.
La organización promueve sistemas de protección que prioricen el acceso a educación, apoyo familiar, atención psicosocial y oportunidades de desarrollo para evitar que más niños y adolescentes sean captados por grupos delictivos.
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En Honduras, UNICEF también ha identificado que en diversas comunidades persiste el reclutamiento de niños y adolescentes por maras y organizaciones del crimen organizado, razón por la cual impulsa programas de prevención comunitaria, fortalecimiento familiar y mejora de los sistemas de protección de la niñez.
El aumento de casi 80% en las aprehensiones de menores durante este año refleja un desafío para las instituciones encargadas de la seguridad, la protección de la niñez y la administración de justicia.
Mientras las autoridades continúan reforzando las acciones policiales contra el crimen organizado, organismos nacionales e internacionales coinciden en que la respuesta al fenómeno debe combinar el combate al delito con políticas públicas orientadas a la prevención, la protección de derechos, la educación, la inclusión social y la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley.
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