El Congreso de Honduras prepara su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los cuestionamientos a los procesos de juicio político.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que las destituciones se ajustaron a la Constitución y a la legislación vigente, y que el Estado responderá en la audiencia prevista para el 5 de agosto.
Zambrano aseguró que los procedimientos de destitución se aplicaron conforme al marco legal y rechazó que durante su desarrollo se hayan vulnerado garantías de las personas involucradas.
Explicó que en los decretos mediante los cuales se concretaron las destituciones quedó establecido el fundamento constitucional que permitió la aplicación del juicio político, por lo que, a criterio del Legislativo, no existió una violación al debido proceso.
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“Se aplicó en base a ley, no existe una violación al proceso”, sostuvo el titular del Congreso al defender la actuación del Poder Legislativo.
La audiencia ante la CIDH
Zambrano señaló que las audiencias relacionadas con estos casos tienen como objetivo escuchar los argumentos que justifican la separación de los funcionarios y permitir que el Estado exponga su posición frente a las denuncias presentadas.
Según explicó, la instancia internacional representa también una oportunidad para que Honduras responda y presente los elementos que, desde la perspectiva del Estado, desvirtúan los señalamientos realizados por las personas que fueron removidas de sus cargos.
La postura del Congreso coincide con la decisión anunciada por el diputado Antonio Rivera, quien informó que la respuesta hondureña será presentada por escrito mediante documentos, argumentos jurídicos y pruebas que, según explicó, respaldan la legalidad de los procedimientos.
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Rivera indicó que no se enviará una delegación de diputados a la audiencia prevista para el próximo 5 de agosto y que la defensa será elaborada junto con la Procuraduría General de la República
Desde el Legislativo sostienen que durante los procesos de juicio político las personas señaladas tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa tanto ante la comisión especial encargada de analizar los casos como ante el pleno del Congreso Nacional.
La discusión sobre los juicios políticos ha generado posiciones encontradas en Honduras. Mientras sectores vinculados al Congreso defienden que el mecanismo fue utilizado dentro de las facultades constitucionales del Legislativo, los denunciantes han señalado posibles irregularidades relacionadas con el procedimiento y las garantías otorgadas durante los procesos de destitución.
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El Congreso Nacional mantiene la posición de que las destituciones fueron producto de procedimientos establecidos en la normativa hondureña y que las audiencias internacionales permitirán aclarar las diferencias sobre la aplicación del juicio político.
Con la audiencia en Washington en el horizonte, el debate sobre los juicios políticos trasciende el escenario nacional y pasa al escrutinio internacional.
Mientras el Congreso sostiene que actuó dentro del marco constitucional, la CIDH evaluará los argumentos de ambas partes para determinar si durante las destituciones se respetaron las garantías fundamentales y ver la respuesta de los funcionarios separados.
La audiencia ante la CIDH será un nuevo escenario para que el Estado hondureño exponga sus argumentos y para que el organismo internacional conozca las posiciones de las partes involucradas.
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