Decenas de empresas petroleras internacionales y el gobierno de transición de Venezuela firmaron nuevos acuerdos para migrar empresas mixtas a los términos de una reciente reforma integral del sector, aunque los proyectos enfrentaron demoras por trámites pendientes y negociaciones contractuales.
El Ministerio de Petróleo de Venezuela estableció el 28 de julio como fecha límite para completar la migración, pero la cantidad de permisos y acuerdos exigidos por los nuevos contratos ralentizó el proceso y las empresas empezaron a solicitar plazos adicionales.
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La reforma incluyó una tasa de regalía ponderada, exigida en proyectos que mezclan campos maduros con nuevos desarrollos o esquemas fiscales complejos. Varias compañías, entre ellas la italiana Eni, optaron por firmar acuerdos para explotar nuevos yacimientos bajo condiciones contractuales más flexibles, en lugar de crear nuevas empresas mixtas, con el objetivo de reducir cargas administrativas.
En paralelo, otras firmas temieron la revocación de sus proyectos debido a desacuerdos sobre deudas y el cumplimiento de inversiones previas, después de que Caracas advirtiera que podría reasignar los activos si no se concretaban los compromisos.
Las compañías que ingresaron recientemente al mercado venezolano no tuvieron plazo para firmar nuevos contratos, aunque Caracas y Washington intensificaron las gestiones para que avanzaran las inversiones.
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Las compañías y los funcionarios venezolanos mantuvieron intensas negociaciones hasta el cierre del período para modificar contratos existentes y suscribir nuevos pactos, tanto para firmas que buscaban regresar al país como para las que pretendían ingresar por primera vez. La definición de los nuevos términos incluyó exigencias contractuales y permisos que, según el borrador, se sumaron como factores de demora en la implementación.
En este escenario, algunas empresas exploraron vías contractuales alternativas, como acuerdos para nuevos desarrollos bajo condiciones más flexibles. Otras, en cambio, quedaron bajo presión por el riesgo de reasignación de activos si no cerraban compromisos vinculados a deudas o inversiones previas.
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El impulso de la inversión petrolera en Venezuela coincidió con un cambio de escenario político y diplomático tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y la formalización de Delcy Rodríguez como presidenta interina.
Estados Unidos promovió un plan de reconstrucción del sector energético venezolano con un objetivo de 100.000 millones de dólares en inversiones, y alentó a petroleras estadounidenses y multinacionales a participar.
En este contexto, Ballard Partners, una de las principales firmas de lobby de Washington, anunció la apertura de una oficina en Caracas, dirigida por Scott Wagner, quien representa intereses de empresas como la naviera venezolana Vale Marítimo y la plataforma sueca KEO Capital.
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KEO Capital, que hasta junio se conocía como Maha Capital, incrementó su participación indirecta en la petrolera venezolana PetroUrdaneta de 24% a 40% al cierre de las negociaciones.
Por su parte, Ballard Partners registró un aumento en sus ingresos federales, que triplicaron su volumen en el último año hasta 88,3 millones de dólares. La ley federal estadounidense exige a los grupos de presión registrar a sus clientes e informar trimestralmente sobre sus ingresos, un marco que colocó a la firma en una posición visible en gestiones vinculadas al sector petrolero venezolano.
(Con información de Reuters)
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