Violencia y extorsión incrementa el desplazamiento forzado en Honduras

La violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales se han convertido en uno de los principales factores que provocan el desplazamiento forzado interno en Honduras, una problemática que afecta a familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades ante las amenazas y agresiones.

Así lo señaló la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, quien advirtió sobre la necesidad de visibilizar con mayor fuerza esta situación y generar condiciones de confianza para que las víctimas puedan denunciar los hechos que las obligan a abandonar sus lugares de residencia.

Ayestas explicó que detrás de muchos casos de desplazamiento se encuentra la violencia generada por el control de territorios por parte de maras, pandillas, bandas criminales y grupos vinculados al narcotráfico.

“Y la violencia que genera el control del territorio causado por grupos criminales como maras y pandillas, bandas criminales y los grupos del narcotráfico que usan ese territorio, matan, violan, hacen trata de personas para poder desarrollar y generar el miedo y las amenazas en la comunidad”, manifestó la directora del OV-UNAH.

Según Ayestas, estas estructuras criminales utilizan diferentes formas de intimidación para ejercer control sobre las comunidades, generando un ambiente de temor que termina provocando que las familias abandonen sus viviendas, propiedades y medios de subsistencia.

La directora del Observatorio señaló que, en algunos casos, las familias enfrentan presiones para entregar sus casas y tierras, mientras que otras son amenazadas con que sus hijos sean incorporados a estructuras criminales.

Esta situación genera un escenario de vulnerabilidad para las familias, especialmente cuando las amenazas se extienden a diferentes integrantes del núcleo familiar y las personas consideran que permanecer en sus comunidades representa un riesgo para su integridad y seguridad.

Ayestas también alertó que la violencia puede alcanzar niveles graves, incluyendo casos de violencia sexual, lo que constituye otro de los factores que llevan a las personas a tomar la decisión de abandonar sus hogares de manera obligada.

“Creo que es un tema que necesita mayor visibilización, mayor tratamiento porque las familias muchas veces no dicen que están saliendo de las comunidades porque están siendo amenazadas, se requiere mucha confianza y que establezcan esa denuncia”, declaró.

Uno de los principales desafíos frente a esta problemática es precisamente la falta de denuncia. Muchas familias que abandonan sus comunidades no necesariamente informan que su salida está relacionada con amenazas o violencia, ya sea por temor a represalias o por la falta de confianza para acudir ante las autoridades.

Esta situación dificulta conocer la verdadera dimensión del desplazamiento forzado interno y establecer políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de las víctimas.

El desplazamiento puede producirse inicialmente dentro del territorio nacional. En algunos casos, las familias se trasladan de un municipio a otro, buscando alejarse de las zonas donde fueron amenazadas o donde enfrentaban situaciones de violencia.

Sin embargo, cuando las condiciones de inseguridad persisten o las amenazas alcanzan a diferentes integrantes de la familia, algunas personas terminan tomando la decisión de abandonar el país en busca de protección.

Ayestas destacó que Honduras ha avanzado en la creación de marcos legales de protección para atender a las personas y familias afectadas por el desplazamiento forzado. No obstante, consideró necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de atención y protección para quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades.

Las familias desplazadas enfrentan, además, dificultades relacionadas con la pérdida de sus viviendas, tierras, fuentes de ingresos y redes comunitarias. Al trasladarse a otros lugares, deben iniciar nuevamente sus vidas en condiciones que muchas veces pueden ser de vulnerabilidad económica y social.

Ayestas señaló que entre los departamentos que presentan mayores niveles de afectación se encuentran Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Cortés, Francisco Morazán y Valle.

En el caso de Atlántida, Ayestas mencionó particularmente a La Ceiba como una de las zonas afectadas por esta problemática, mientras que Colón también enfrenta situaciones relacionadas con la violencia y el control territorial.

El fenómeno también está relacionado con la capacidad de las organizaciones criminales para establecer mecanismos de control sobre determinados territorios, donde buscan imponer reglas y ejercer presión sobre la población.

Para las autoridades y organizaciones que trabajan en la protección de las víctimas, uno de los principales retos consiste en identificar oportunamente los casos y brindar atención integral a las personas desplazadas.

Ayestas insistió en la necesidad de otorgar mayor visibilidad a esta problemática, debido a que muchas de las familias afectadas no revelan las razones que las llevaron a desplazarse.