Honduras: exviceministra de Seguridad denuncia presunta infiltración criminal en la investigación del caso Angie Peña

A más de cuatro años de la desaparición de Angie Peña en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, nuevas declaraciones de la exdirectora de Medicina Forense y exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reavivaron el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de desaparición en Honduras y plantearon nuevos cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación.

Villanueva afirmó que existen indicios y testimonios que apuntan a que la joven habría sido localizada con vida y posteriormente entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aunque, según sus declaraciones, nunca habría sido puesta a disposición de sus familiares.

La exfuncionaria sostuvo que el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones para esclarecer estas nuevas versiones y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del caso.

Según Villanueva, una de las principales líneas que debe investigarse es la presunta infiltración de estructuras criminalesdentro de la ATIC, las cuales, aseguró, habrían obstaculizado el esclarecimiento de la desaparición de la joven.

“La institucionalidad se ve infiltrada por el crimen que tiene a sus ‘peones útiles’ en los operadores de justicia”, manifestó la exfuncionaria al referirse a la necesidad de profundizar las investigaciones.

Asimismo, afirmó que existen testigos, incluidos algunos bajo mecanismos de protección, que han expresado preocupación por el manejo del caso y que sostienen que Angie Peña habría sido entregada a las autoridades, aunque posteriormente habría permanecido oculta.

"Hay testigos, incluso protegidos, que han manifestado su preocupación y aseguran que Angie fue entregada, pero posteriormente ocultada“, declaró Villanueva.

La exviceministra también aseguró que, de acuerdo con la información que conoce, la ATIC habría tenido conocimiento de la presunta privación de libertad de la joven y cuestionó el manejo que se dio a esa información durante el proceso investigativo.

De igual forma, señaló que existía una recompensa de 500 mil lempiras por información relacionada con el caso, circunstancia que, según indicó, habría influido para que la joven fuera entregada a las autoridades, aunque posteriormente no se concretara su reunificación con la familia.

Villanueva explicó que actualmente existe un proceso judicial en curso contra un grupo de personas presuntamente vinculadas con el caso, cuyo juicio está programado para desarrollarse entre el 7 y el 14 de septiembre.

Indicó que durante ese proceso se prevé la presentación de pruebas científicas, documentales y testimoniales para sustentar los cargos relacionados con privación de libertad y asociación para delinquir.

Entre los señalados en investigaciones previas figura Gary Lee Johnston, quien, de acuerdo con las autoridades, habría mantenido vínculos con presuntas redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía.

No obstante, Villanueva aclaró que parte de la evidencia no será divulgada públicamente para no comprometer el desarrollo del juicio, aunque advirtió que las investigaciones podrían extenderse hacia funcionarios que, presuntamente, habrían participado en acciones u omisiones relacionadas con el caso.

Tras las declaraciones de la exfuncionaria, el padre de Angie, Walter Peña, volvió a exigir respuestas a las autoridades y manifestó que la familia continúa sin conocer el paradero de su hija.

El padre de la joven afirmó que las nuevas versiones incrementan la incertidumbre que han enfrentado durante más de cuatro años y pidió a las instituciones encargadas de la investigación brindar información clara sobre el avance del caso.

"Solo se nos dice que se está investigando el caso, que están localizadas las personas involucradas, pero lastimosamente existe apatía por parte de las autoridades para desentrañar el caso porque están involucrados jueces y agentes“, declaró.

Walter Peña sostuvo que tanto él como el resto de la familia se consideran víctimas no solo de la presunta red de trata de personas que habría operado en Roatán, sino también de la falta de respuestas por parte del Estado.

Asimismo, no descartó acudir a instancias internacionales si las investigaciones continúan sin resultados concretos, al considerar que la familia tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido con Angie Peña y a que se determinen las responsabilidades correspondientes.