La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó los beneficios concedidos al exministro José Luis Benito en el caso del Libramiento de Chimaltenango y dejó vigente la condena por aceptación de cargos que le evita la prisión y deja sin efecto un pago al Estado de los Q93 millones que la Procuraduría General de la Nación (PGN) reclamaba como reparación digna atribuida a las irregularidades del proyecto.
Según Prensa Comunitaria, el fallo preserva el pago de solo Q350 mil y contradice la suspensión provisional que había dictado dos semanas antes la Corte de Constitucionalidad (CC) tras un amparo promovido por la PGN. La resolución de la Sala todavía no está firme y la Procuraduría puede acudir de nuevo ante la máximo tribunal constitucional para intentar revertirla.
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La PGN, en representación del Estado, había planteado el amparo ante la Sala y lo había apelado ante la CC con el objetivo de obtener una reparación digna de Q93 millones para el Estado guatemalteco. Con la nueva resolución, los magistrados rechazaron de forma definitiva ese recurso y sostuvieron que la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, actuó conforme a la ley.
La Sala concluyó que no hubo vulneración de los derechos del Estado y que el reclamo de la Procuraduría expresaba un desacuerdo con la forma en que se resolvió la reparación.
En su resolución afirmó: “No se evidencia violación, en consecuencia no existe agravio alguno que amerite subsanar por medio del amparo; se evidencia más bien una inconformidad con respecto de la distribución de los montos destinados para la reparación digna”.
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La condena reducida sigue vigente y Benito evita la prisión
La decisión mantiene en pie la sentencia dictada en diciembre de 2025, cuando Benito aceptó haber cometido fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango. Ese procedimiento especial redujo una pena de cinco años de prisión a dos años y seis meses, conmutables a razón de Q20 diarios, por lo que no debe ingresar en la cárcel.
La resolución citada por Prensa Comunitaria también deja intacto uno de los puntos más cuestionados por la PGN: que no se destine un resarcimiento directo al Estado por el perjuicio alegado. En los términos del fallo, se denegó el amparo presentado por la Procuraduría contra la resolución emitida el 12 de diciembre de 2025 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con competencia en procesos de mayor riesgo, grupo “D”.
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No era la primera vez que Benito recurría a la aceptación de cargos. En noviembre de 2024, la jueza Claudette Domínguez lo había condenado a nueve años de cárcel por el mismo delito, pero esa pena se redujo a cuatro años y seis meses después de que admitió los hechos.
Esa sentencia quedó sin efecto más tarde y el proceso pasó al Juzgado de Mayor Riesgo “D”. Allí, el exministro volvió a acogerse al mismo procedimiento y obtuvo una condena todavía menor.
El caso incluye una licitación por Q550 millones y pagos con documentos falsificados
En otro expediente penal impulsado por la antigua FECI, conocido como “122 millones”, Benito también aceptó cargos. En 2024 admitió los hechos en un caso por lavado de dinero, aunque antes de la sentencia el delito fue modificado a conspiración para cometer lavado de dinero, una figura menos grave, y Abelina Cruz le impuso cuatro años de prisión por aceptación de cargos, lo que también le permitió evitar la cárcel.
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La Fiscalía contra la Corrupción estableció que Benito y otros sindicados defraudaron al Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en una licitación pública por Q550 millones para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango.
La investigación señaló que se benefició a Constructora Nacional, S.A. a través de Renova Ingenieros, S.A., que participó como oferente pese a carecer de capacidad técnica, económica y financiera.
No obstante, el expresidente Jimmy Morales siempre defendió el proyecto, al extremo que lo calificó como una “Mega Obra” y culpó a sus detractores de la imagen sobre el Libramiento de Chimaltenango.
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Aun así, la empresa fue adjudicada por Q77 millones 798 mil 535.34 por la Junta de Licitación. La pesquisa también determinó que se pagaron indemnizaciones a particulares por derecho de vía aunque no eran propietarios de los inmuebles y presentaron documentos falsificados.
Ese mecanismo provocó una erogación estatal de Q15 millones 388 mil 357,35. Según la Fiscalía contra la Corrupción, ese dinero fue movilizado mediante distintas transacciones financieras para ocultar su destino final.
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