Honduras: Diputado pide destitución de maestra señalada de agredir a estudiante y propone instalar cámaras en escuelas

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, solicitó este viernes la destitución de la maestra señalada de agredir físicamente a una estudiante en el municipio de Morazán, Yoro, al tiempo que anunció que impulsará iniciativas para instalar cámaras de seguridad en los centros educativos públicos con el objetivo de prevenir hechos similares.

El parlamentario manifestó que la bancada del Partido Nacional expresó su indignación tras la difusión del video en el que se observa a la docente presuntamente agrediendo a una alumna dentro del aula de clases, por lo que consideró que la educadora debe ser separada de su cargo mientras concluyen las investigaciones.

Burgos sostuvo que existen mecanismos disciplinarios establecidos para atender situaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes, por lo que rechazó cualquier acto de violencia física o verbal por parte del personal docente.

"Hay medidas disciplinarias diferentes a golpear a un estudiante o faltarle al respeto“, expresó el congresista al referirse al incidente que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

El diputado relató que inicialmente desconocían que la maestra ya había sido requerida por las autoridades; sin embargo, posteriormente confirmaron que fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Asimismo, explicó que la docente fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público, donde enfrenta una investigación tras ser considerada sospechosa del presunto delito de trato degradante.

"Desconocíamos que a esa hora la maestra ya había sido detenida por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y no solamente detenida, sino que fue detenida y trasladada a las instalaciones del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de trato degradante“, declaró.

Según Burgos, ahora corresponde a la Secretaría de Educación determinar las sanciones administrativas que procedan, una vez concluya el proceso de investigación.

El legislador señaló que, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la docente primero habría agredido verbalmente a una estudiante, posteriormente le propinó un golpe en la cabeza y luego también agredió a la alumna que grababa lo ocurrido con un teléfono celular.

A criterio del presidente de la Comisión de Educación, este tipo de comportamientos no deben repetirse dentro del sistema educativo, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevención en los centros de enseñanza.

En ese sentido, informó que la Comisión de Educación del Congreso Nacional ha recibido varias iniciativas orientadas a instalar cámaras de videovigilancia en las escuelas y colegios públicos del país, como una herramienta para mejorar la seguridad y documentar cualquier incidente que pueda registrarse dentro de los planteles.

"Nosotros lo que buscamos es prevenir y no después reaccionar; eso es lo que vamos a buscar desde el Congreso Nacional“, afirmó el diputado al referirse a las propuestas que actualmente son analizadas.

Burgos explicó que los proyectos ya fueron remitidos a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Finanzas, instituciones que deberán emitir los dictámenes técnicos y presupuestarios correspondientes antes de que puedan avanzar en el proceso legislativo.

Indicó que la implementación de sistemas de videovigilancia requerirá una inversión económica importante, razón por la cual será necesario establecer un mecanismo de financiamiento que permita ejecutar el proyecto de manera gradual en los diferentes centros educativos del país.

El parlamentario consideró que la instalación de cámaras no solo contribuiría a prevenir agresiones entre docentes y estudiantes, sino también otros hechos que puedan poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema escolar.

Mientras tanto, las autoridades educativas mantienen abierto el proceso administrativo para establecer las acciones que procedan contra la docente involucrada, en tanto el Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas relacionadas con el caso.