Panamá necesita cambiar la forma de gestionar el agua, sostiene el BID

La transformación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en una empresa pública moderna, con autonomía administrativa, financiera y operativa, es la principal propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar uno de los mayores desafíos de Panamá: garantizar un suministro de agua potable confiable para una población que crece más rápido que la infraestructura encargada de abastecerla.

La propuesta fue presentada durante una sesión de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), donde especialistas del BID plantearon que el país necesita un cambio estructural en la forma de administrar el recurso hídrico, más allá de construir nuevas plantas potabilizadoras o ampliar las redes de distribución.

Actualmente, Panamá enfrenta una paradoja. Aunque posee una de las mayores disponibilidades de agua dulce de la región y alberga la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, la más grande del país, miles de familias continúan sufriendo interrupciones frecuentes del servicio, baja presión o ausencia total de agua potable, incluso en comunidades ubicadas a pocos kilómetros de esa instalación.

Sectores de Panamá Norte, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y otras zonas metropolitanas experimentan cortes recurrentes, mientras que el acelerado crecimiento urbano ha superado la capacidad de una red de distribución que, en muchos casos, supera varias décadas de antigüedad.

A ello se suman otros problemas estructurales como elevadas pérdidas de agua por fugas, conexiones clandestinas, una importante morosidad en el pago del servicio, limitaciones presupuestarias y una fragmentación institucional que dificulta la planificación de largo plazo.

Frente a ese panorama, el BID propone crear una empresa nacional de agua potable y saneamiento, de propiedad 100% estatal, pero con un modelo de gestión similar al utilizado por empresas públicas exitosas de otros países.

La entidad mantendría el carácter público del servicio, aunque contaría con mayor independencia para tomar decisiones técnicas, ejecutar inversiones, contratar personal especializado e incorporar innovación tecnológica.

La propuesta también contempla la adopción de estándares de gobierno corporativo, mecanismos de transparencia y sistemas de evaluación de desempeño que permitan mejorar la eficiencia operativa y financiera, alejando la gestión de los ciclos políticos y garantizando una planificación de largo plazo.

Durante la presentación, María Eugenia De la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID en Panamá, explicó que el nuevo modelo permitiría eliminar muchas de las restricciones que actualmente limitan la capacidad operativa del Idaan, fortaleciendo la prestación de los servicios tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

La especialista señaló que la transformación debe realizarse de manera gradual, mediante una hoja de ruta consensuada entre el Gobierno, la Asamblea Nacional y los distintos actores del sector, sin que ello implique una privatización del servicio, sino una modernización de su administración.

El planteamiento del BID coincide con el diagnóstico realizado por el presidente José Raúl Mulino durante su informe a la Nación del pasado 1 de julio.

El mandatario reconoció que la gestión inicial del agua “no estuvo acorde con las necesidades" del país y admitió que hubo retrasos en la ejecución de proyectos, por lo que decidió relanzar la estrategia para acelerar las inversiones.

Mulino anunció que actualmente se desarrollan 21 obras de agua potable, la culminación del Anillo Hidráulico Este, que beneficiará a cerca de medio millón de personas, la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en Barú y Panamá Este, así como la ampliación y rehabilitación de plantas existentes en ocho provincias.

El mandatario también destacó el avance de las plantas de Arraiján y Sabanitas, el desarrollo de nuevas plantas desalinizadoras y el programa Panamá sin Fugas, orientado a modernizar las redes de distribución y reducir las pérdidas de agua que afectan la presión del servicio en numerosos barrios.

Sin embargo, para los especialistas del BID, las inversiones en infraestructura deberán ir acompañadas de una reforma institucional profunda. La organización considera que Panamá necesita fortalecer la gobernanza del sector para responder a un escenario marcado por el crecimiento demográfico, la expansión inmobiliaria, el cambio climático y una demanda cada vez mayor de agua potable.

Durante el encuentro también se advirtió que la seguridad hídrica dejó de ser únicamente un desafío de infraestructura para convertirse en un factor determinante para la competitividad económica, la salud pública, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible del país.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, sostuvo que el agua debe abordarse como una política de Estado y destacó que el diálogo entre el sector público, la empresa privada y los organismos internacionales resulta indispensable para construir consensos sobre uno de los temas más sensibles para el futuro de Panamá.

Aunque la propuesta del BID requerirá un amplio debate político y técnico antes de materializarse, el organismo sostiene que el país ya no solo necesita producir más agua, sino contar con una institución capaz de administrarla con criterios modernos, sostenibles y eficientes para responder a una demanda que seguirá creciendo durante las próximas décadas.