Salvadoreño va a juicio por contrabandear productos eróticos desde la frontera San Cristóbal

El Juzgado Segundo de Instrucción abrió el proceso por presunto contrabando tras una intervención policial en mayo de 2025, mientras el acusado seguirá en libertad con restricciones y deberá presentarse cada mes

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Persona sentada de espaldas en un escritorio de madera, frente a estanterías con libros y carpetas, y una ventana con vista a la ciudad.
Una persona de espaldas está sentada en un escritorio dentro de una oficina con estanterías llenas de documentos y una ventana con vista a una zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Medardo Alfredo R. G. por contrabando de mercadería, a partir de una intervención policial del 31 de mayo de 2025, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

El tribunal dispuso que el imputado continúe con medidas sustitutivas a la detención: prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes ante el Tribunal de Sentencia que conocerá el proceso.

De acuerdo con la acusación, Medardo Alfredo conducía un vehículo particular cuando fue detenido en un control vehicular en el kilómetro 94½ de la carretera desde la frontera San Cristóbal (que conecta El Salvador con Guatemala) hacia Santa Ana.

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¿Qué encontró la Policía en la inspección?

En la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil hallaron tres cajas con productos de carácter erótico que no habían sido declarados para el pago de tributos.

La PNC inspeccionó el automotor en un retén y lo encontrado derivó en una acusación fiscal. Ahora el proceso entra en manos del Tribunal de Sentencia, con restricciones que marcan el pulso del expediente (Foto archivo, imagen referencia. Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La PNC inspeccionó el automotor en un retén y lo encontrado derivó en una acusación fiscal. Ahora el proceso entra en manos del Tribunal de Sentencia, con restricciones que marcan el pulso del expediente (Foto archivo, imagen referencia. Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de la presunta defraudación a la hacienda pública asciende a USD 2.156,41, constata el reporte judicial.

En El Salvador, el contrabando de mercaderías es un delito de carácter penal y tributario castigado con 6 a 8 años de prisión, además de sanciones económicas, decomiso de bienes y restricciones operativas, bajo la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LEPSIA), una norma que también define como conducta punible el ingreso o salida de productos por pasos no habilitados, la evasión del control aduanero y la comercialización de mercadería extranjera sin respaldo legal de importación.

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La ley no limita la respuesta del Estado a la cárcel. También obliga al infractor a responder con su patrimonio por todo lo defraudado al fisco, prevé multas ligadas a la evasión de impuestos del comercio exterior y ordena la incautación inmediata de toda la mercadería involucrada.

Según la LEPSIA, la pena de prisión alcanza tanto a los autores del contrabando como a los coautores. La investigación también puede extenderse a cómplices o encubridores, conforme a las reglas del Código Penal. Ese marco responde de forma directa a una pregunta central: qué castigo recibe quien comete contrabando en El Salvador. La respuesta es doble: una condena de 6 a 8 años de cárcel y una afectación patrimonial que incluye el cobro de lo defraudado, multas tributarias y la pérdida de la mercadería.

El imputado no irá a prisión mientras avanza el proceso: tiene prohibido salir del país y deberá presentarse cada mes ante la instancia que conocerá la causa penal (Foto archivo, imagen referencia. Cortesía Ministerio de Obras Públicas)
El imputado no irá a prisión mientras avanza el proceso: tiene prohibido salir del país y deberá presentarse cada mes ante la instancia que conocerá la causa penal (Foto archivo, imagen referencia. Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

La mercadería incautada queda bajo custodia del Estado durante el proceso

La norma dispone que toda mercadería objeto de contrabando sea decomisada de inmediato. También prohíbe que los jueces la entreguen en depósito al imputado o a terceros mientras el proceso siga abierto.

Los bienes quedan bajo custodia estatal y, según el caso, pueden ser subastados o destruidos. La medida busca impedir que el imputado conserve control material sobre los productos mientras se resuelve su situación judicial.

La definición legal del delito, contenida en el artículo 15 de la LEPSIA, incluye varias conductas específicas. Entre ellas figuran introducir o extraer mercancías del país al margen de la intervención aduanera, cruzar por pasos ciegos, ocultar la naturaleza real del producto mediante declaraciones falsas y vender mercadería extranjera sin el formulario aduanero que pruebe su importación legal.

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