El Ministerio Público (MP) presentó este jueves una acción de diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de las investigaciones que se siguen contra exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo.
La medida forma parte de la etapa inicial del proceso investigativo y busca recabar nuevos elementos de prueba dentro del expediente que actualmente conoce un juez natural nombrado previamente por el pleno de magistrados de la Corte Suprema.
Las diligencias prejudiciales permiten la juramentación de peritos, la extracción de documentos y la incorporación de pruebas bajo cadena de custodia, con el propósito de fortalecer las investigaciones antes de una eventual presentación de requerimientos fiscales.
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Entre las personas señaladas en el expediente figuran Luis Redondo, Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga, Osman Chávez, Edgardo Casaña, Juan Barahona, Carlos Raudales y Fabricio Sandoval.
Según la información proporcionada por las autoridades, se investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la acción presentada ante la CSJ busca autorizar a un perito especializado para analizar el contenido audiovisual de la sesión legislativa realizada el 8 de enero del presente año.
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De acuerdo con Mora, uno de los elementos que se pretende examinar son las declaraciones y decisiones adoptadas durante esa sesión del Congreso Nacional.
“Él dijo en esa sesión que el Congreso Nacional realizara el conteo de las elecciones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ya había dado la declaratoria oficial”, manifestó el portavoz del ente acusador.
Investigación de la FETCCOP
Las investigaciones son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), dependencia que analiza las actuaciones realizadas por la Comisión Permanente durante el período legislativo anterior.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, algunas decisiones adoptadas podrían haber excedido las atribuciones establecidas por la Constitución de la República y la legislación hondureña.
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Las autoridades no han adelantado conclusiones sobre la responsabilidad individual de los investigados, ya que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial de recopilación de pruebas.
¿Qué son las diligencias prejudiciales?
Especialistas en derecho explican que las diligencias prejudiciales constituyen un mecanismo legal que permite incorporar elementos técnicos o documentales antes de la judicialización formal de un caso.
Durante esta fase se pueden practicar peritajes, revisar documentos, analizar videos o solicitar información que posteriormente podría ser utilizada dentro de un proceso penal.
En este caso, el análisis de la sesión legislativa del 8 de enero podría convertirse en una de las principales pruebas dentro del expediente.
Debate político y consecuencias legales
La Comisión Permanente investigada estuvo integrada por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes durante la administración legislativa encabezada por Luis Redondo.
Varios de los diputados mencionados continúan ejerciendo cargos de elección popular, por lo que el avance del proceso podría generar repercusiones políticas en el Congreso Nacional.
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El caso también ha reabierto el debate sobre los límites constitucionales de la Comisión Permanente y las atribuciones que puede ejercer durante determinados períodos legislativos.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia nuevas etapas procesales.
La resolución de estas diligencias podría definir el rumbo de una de las investigaciones de mayor impacto político que actualmente se desarrollan en el país.
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