La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a la exfiscal hondureña Francia Sofía Medina Martínez por múltiples delitos relacionados con corrupción, lavado de activos y manejo irregular de evidencias estatales, en uno de los casos judiciales más sonados de los últimos años en Honduras.
La resolución fue anunciada este martes por el Poder Judicial, que confirmó que el fallo fue emitido “por unanimidad y más allá de toda duda razonable”, tras un proceso en el que el Ministerio Público presentó pruebas sobre el presunto uso ilegal de fondos resguardados en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
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Según el comunicado oficial, Medina Martínez fue condenada por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
El portavoz judicial de San Pedro Sula, Herbert Rivera, detalló que durante el juicio se logró demostrar que la exfiscal registró ingresos legales aproximados de 2.3 millones de lempiras, pero realizó gastos y adquisiciones por más de 91.2 millones de lempiras.
De acuerdo con las investigaciones, gran parte de esos recursos correspondían a dinero y evidencias bajo custodia estatal depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras.
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Las autoridades señalaron que Medina habría utilizado los fondos para adquirir propiedades, vehículos de lujo, joyas, relojes costosos y otros bienes en distintas ciudades del país.
Entre las compras detectadas por los investigadores figuran casas y lotes ubicados en Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de bienes de alto valor económico que no correspondían con su perfil financiero declarado.
El caso contra la exfiscal se convirtió en uno de los procesos más relevantes relacionados con presuntos actos de corrupción dentro del sistema judicial hondureño, debido a la magnitud del dinero supuestamente sustraído y al tipo de evidencias que permanecían bajo resguardo estatal.
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El Ministerio Público acusó formalmente a Medina Martínez de participar en la sustracción de más de 88 millones de lempiras provenientes de fondos decomisados y evidencias almacenadas en el BCH.
Durante el desarrollo del juicio, fiscales presentaron documentación financiera, registros bancarios, movimientos patrimoniales y otras pruebas orientadas a demostrar el desbalance económico entre los ingresos oficiales de la exfiscal y el patrimonio acumulado durante los años investigados.
La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 16 de junio, fecha en la que el tribunal determinará la condena específica que deberá enfrentar Medina Martínez por los delitos imputados.
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Analistas consideran que el caso podría convertirse en uno de los precedentes más importantes en materia de combate a la corrupción y manejo irregular de evidencias estatales dentro del sistema judicial hondureño.
El fallo también vuelve a colocar bajo atención pública los mecanismos de control y custodia de bienes decomisados por el Estado, especialmente aquellos vinculados a procesos judiciales relacionados con narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.
Mientras tanto, el Ministerio Público sostuvo que continuará impulsando investigaciones relacionadas con corrupción y uso irregular de recursos públicos, en momentos donde distintos sectores exigen mayor transparencia y fortalecimiento institucional en Honduras.
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