
Cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron este lunes una inspección en un recinto militar del Trópico de Cochabamba (centro) para verificar que no se esté gestando un operativo de captura contra su líder.
Según se ve en imágenes difundidas por medios locales, cientos de pobladores llegaron a las instalaciones de la Novena División del Ejército en el municipio de Villa Tunari, donde ingresaron algunos dirigentes para realizar una “inspección” mientras los movilizados cercaron temporalmente el ingreso.
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El representante cocalero Gregorio Quintela manifestó que existe desconfianza en la unidad militar. “Sabemos que la Novena División es el centro de operaciones del Gobierno para atacar al Trópico de Cochabamba; es el centro de operaciones que se ha utilizado para intentar asesinar a Evo Morales, por eso hay total desconfianza”, afirmó Quintela en una transmisión de la emisora Kawsachun Coca. “Se revisará cualquier irregularidad que pueda existir aquí adentro”, agregó.
Morales permanece atrincherado en su bastión de la región del Trópico de Cochabamba desde hace casi dos años para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra. El exmandatario está imputado por el delito de trata de personas, en el marco de una investigación que lo acusa de haber abusado de una menor de edad durante su presidencia.
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Tras haberse ausentado a tres convocatorias de la justicia —la última el 11 de mayo para el inicio del juicio oral—, Morales fue declarado en rebeldía y se ratificó la orden de aprehensión.
La acción de sus seguidores se da en un escenario de alta conflictividad en Bolivia, en el que el evismo es uno de los sectores movilizados que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace apenas seis meses.
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El país enfrenta tres semanas de bloqueos de carreteras, que iniciaron en La Paz impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, y se extendieron a varias regiones del país. Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 50 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.
Las movilizaciones iniciaron con reclamos sindicales —por aumento salarial, mejoras en la calidad del combustible y en rechazo a una ley de reforma agraria, principalmente— y rápidamente derivaron en pedidos de renuncia. Para algunos analistas, el reclamo de fondo es el descontento en los sectores obreros, campesinos e indígenas por la falta de inclusión en el Gobierno.
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En las últimas semanas se registraron movilizaciones que derivaron en episodios de violencia en la sede de Gobierno y se reportó el fallecimiento de una persona herida de bala durante un operativo policial para habilitar un “corredor humanitario” en un punto de bloqueo en La Paz, además de otros cuatro fallecimientos por la imposibilidad de trasladar pacientes a centros de salud debido a los bloqueos.
Mientras el Gobierno intenta establecer espacios de diálogo con los sectores movilizados, el Órgano Legislativo avanza en la abrogación de una ley que regula el estado de excepción y cuya anulación simplificaría su aplicación por parte del Ejecutivo.
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En ese contexto, el expresidente Morales ha organizado una marcha de sus seguidores a La Paz y ha manifestado que la vía pacífica para resolver los conflictos es llamar a elecciones en 90 días. “(El presidente) tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, manifestó el exmandatario el domingo durante su semanal de radio.
El analista y consultor político Carlos Saavedra señala que en medio de las protestas, Morales “se siente cada vez más amenazado y siente que puede estar cerca una captura”, lo que lo motiva a “extremar esfuerzos para desestabilizar el país”.
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Aunque otros analistas consideran que el expresidente es un actor secundario en las movilizaciones y que su liderazgo ya no tiene capacidad de irradiación, Saavedra apunta que tiene equipo y redes de contacto dentro y fuera del país. “Evo es un político al que jamás puedes dar por muerto”, afirmó en diálogo con Infobae.
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