Gobierno analiza reformas al Código Penal para combatir extorsión y femicidios

El Gobierno de la República ha puesto en marcha un proceso formal para modificar el Código Penal, con el propósito de endurecer la respuesta ante extorsión y femicidio, dos delitos identificados como amenazas prioritarias para la seguridad ciudadana y la estabilidad social.

La medida, impulsada por una estrategia gubernamental para robustecer el sistema de justicia penal, responde a la urgencia de mejorar la protección de la población y desarrollar mecanismos legales más eficaces, según lo informado por José Argueta, secretario de Comunicaciones.

Durante una sesión de trabajo y encabezada por el presidente de la República, diversas autoridades del Ejecutivo y representantes de organismos de seguridad y justicia discutieron reformas destinadas a enfrentar el avance del crimen organizado.

Argueta indicó que los ajustes legales propuestos obedecen a la gravedad de la extorsión, que compromete la economía nacional y produce consecuencias sociales y psicológicas en comerciantes, empresarios y ciudadanos.

El secretario agregó que la persecución más rigurosa de este delito, incluida la tipificación de sanciones más severas, figura entre los ejes centrales de la reforma.

La extorsión ha sido catalogada entre los delitos de mayor impacto en la ciudadanía, llegando a afectar tanto pequeñas tiendas de barrios y colonias como empresas de gran escala, al igual que a ciudadanos bajo amenaza.

El Gobierno plantea endurecer las penas y perfeccionar los mecanismos de persecución penal para contrarrestar este flagelo, conforme señaló Argueta al medio de comunicación. Simultáneamente, el fortalecimiento del marco sancionatorio frente al femicidio ocupa un lugar destacado en el plan de reformas.

“Hay un compromiso fuerte del Estado por la protección de la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia de género”, afirmó José Argueta.

Entre las propuestas está el aumento de las penas y el mejoramiento de las herramientas investigativas y judiciales que permiten sancionar con mayor efectividad estos crímenes. El Gobierno subraya que el objetivo principal es transmitir un mensaje institucional inequívoco de cero tolerancia ante la violencia de género.

La revisión integral de las medidas reguladoras de libertad también conformó uno de los puntos de debate en la mencionada sesión. Las autoridades consideran indispensable evitar abusos y asegurar que las medidas cautelares se apliquen con equidad y respeto al principio de legalidad, como parte de un esfuerzo por garantizar la eficacia y legitimidad del sistema penal.

Entre los mecanismos tecnológicos evaluados, la posible adopción de grilletes electrónicos busca mejorar el control sobre quienes cumplen medidas judiciales fuera de prisión.

Esta reforma permitiría reducir la sobrepoblación penitenciaria y aplicar restricciones de manera más selectiva en personas cuyo nivel de riesgo lo permite, según lo discutido en la reunión reportada por el Gobierno.

La sesión también dio lugar a la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, órgano clave para la articulación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y otras entidades responsables de la persecución de delitos.

El relanzamiento de esta comisión apunta a fortalecer la coordinación investigativa y agilizar los procedimientos judiciales, de acuerdo con información proporcionada por José Argueta.

Otro componente relevante de la agenda gubernamental es el fortalecimiento de la seguridad jurídica con el objetivo de garantizar la protección de la propiedad privada y combatir la usurpación.

Argueta puntualizó que estas medidas son fundamentales para generar condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera. Un marco de certeza legal es considerado imprescindible para atraer capital y promover el desarrollo económico.

Las reformas al Código Penal, enfatizó el secretario, forman parte del plan de gobierno planteado desde el inicio de la gestión. Esta postura, refuerza la premisa de que las medidas no responden a una coyuntura, sino que son parte de una política integral.

“Estamos claros que el delito de la extorsión es uno de los flagelos que afecta a la familia y al sector productivo del país, y por supuesto, tomar las riendas de los casos de los feminicidios, esos son los dos elementos que, por el momento, la noche de ayer, han sido establecidos con una línea de acción para hacerlo lo más pronto posible”, aseguró el funcionario.

El Gobierno de la República prevé una serie de cambios legales, institucionales y tecnológicos para combatir delitos como la extorsión y el femicidio, y fortalecer la seguridad jurídica y la coordinación interinstitucional.