El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció la inminente presentación y aprobación de reformas legales orientadas a contener la expansión de la extorsión, las maras y las pandillas, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno nacional.
Este plan ha situado el combate a la criminalidad como objetivo prioritario de la agenda legislativa y ejecutiva. Según confirmó Zambrano, la extensión de estos delitos limita el desarrollo de comunidades urbanas enteras y ha puesto en jaque la estabilidad social del país.
El Congreso Nacional se prepara para aprobar nuevas herramientas jurídicas que permitan a instituciones como el Ministerio Público de Honduras, la Policía Nacional y el Poder Judicial investigar, procesar y sancionar con mayor eficacia a los integrantes de estas estructuras criminales.
Aunque Zambrano no adelantó detalles específicos de las próximas reformas, anticipó que el foco estará en el endurecimiento de las penas, la agilización de los procesos judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación. Sobre esto afirmó: “Vamos a aprobar un par de reformas en los próximos días”.
Uno de los fenómenos que más alarma genera es la extorsión, conocida popularmente como “impuesto de guerra”, que afecta a miles de pequeños y medianos empresarios, transportistas y comerciantes en zonas urbanas donde las maras y pandillas ejercen control territorial y económico.
Esta práctica constituye una de las principales fuentes de ingresos de los grupos criminales y, según Zambrano, genera un “clima de miedo e inseguridad que limita el desarrollo de las comunidades”. El presidente del Congreso remarcó que las reformas brindarán “las herramientas necesarias a los operadores de justicia para que puedan hacer frente a estos grupos que desatan zozobra en Honduras”.
Estas iniciativas legislativas se enmarcan en la estrategia de seguridad priorizada por el presidente Nasry Asfura, quien, de acuerdo con Zambrano, ha logrado avances no solo en el combate a la criminalidad, sino también en “salud, infraestructura, inversión y generación de empleo”, gestión que el titular del Congreso describió como orientada al desarrollo continuo de Honduras.
Zambrano reconoció que el desafío de la seguridad permanece pendiente y requiere respuestas coordinadas y firmes de todos los poderes del Estado. Tras detallar los logros en otros frentes, afirmó la necesidad de “acciones contundentes y coordinadas entre los distintos poderes del Estado”, informó.
En paralelo a las reformas en materia criminal, Zambrano abordó la investigación sobre Koriun Inversiones, una presunta estafa piramidal que habría provocado pérdidas millonarias a miles de hondureños.
El presidente del legislativo subrayó la magnitud del caso e insistió en su resolución al declarar: “Miles de millones de lempiras no se pueden guardar bajo el colchón. Tiene que haber dinero, inmuebles y transferencias”, reclamando justicia y transparencia en el proceso.
El funcionario informó que el Congreso Nacional mantendrá un seguimiento activo de la causa para asegurar que no haya impunidad. Solicitó al Ministerio Público y a las instituciones judiciales que actúen “con diligencia y transparencia”. También declaró: “El nuevo Ministerio Público, en coordinación con los demás operadores de justicia, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, llevando a los tribunales a los responsables de este grotesco delito”.
La estafa atribuida a Koriun Inversiones expuso cuán expuestas están miles de familias ante mecanismos fraudulentos que prometen beneficios desproporcionados en un contexto de limitadas oportunidades económicas y escasa inclusión financiera.
Analistas consideran que para restablecer la confianza institucional y promover el desarrollo sostenible, la lucha contra la criminalidad requiere acciones paralelas contra la corrupción y los delitos económicos.
Se advierte que la eficacia real de estas reformas dependerá tanto de su aprobación como de la capacidad del Estado para ejecutarlas de manera coordinada, fortalecer la independencia del sistema judicial y robustecer sus instituciones.
Sectores de la sociedad civil exigen que la respuesta legislativa vaya más allá del endurecimiento de las nuevas estrategias e integre políticas sociales para prevenir la violencia y atacar sus causas estructurales, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, factores que suelen ser aprovechados por las organizaciones criminales.
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