Rebeca Ráquel Obando renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras

La renuncia irrevocable de Rebeca Raquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras modificó el equilibrio interno del máximo órgano judicial y abrió un proceso de relevo inmediato en el liderazgo de la institución. La magistrada decidió dejar el cargo ante la inminencia de un juicio político impulsado por el Parlamento.

En una carta dirigida al Parlamento, Raquel Obando explicó que la razón principal de su salida fue el decreto aprobado recientemente, que trasladó a todo el pleno de la Corte Suprema las facultades que antes ejercía la presidencia.

“La reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado”, expresó la magistrada, subrayando que deja el cargo ejecutivo para que el pleno asuma plenamente las nuevas competencias.

El Parlamento aceptó su renuncia con 93 votos de los 128 diputados, pertenecientes a las bancadas Nacional, Liberal, Innovación y Unidad Socialdemócrata y Democracia Cristiana. Los legisladores del partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en la oposición, se abstuvieron en la votación, de acuerdo a información de EFE.

Tras la aceptación de la renuncia, el diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, propuso que el magistrado Wagner Vallecillo asuma provisionalmente la presidencia. Esta propuesta también fue aprobada por 93 diputados, según informó Tomás Zambrano, titular del Legislativo.

Ahora corresponde a Vallecillo convocar al pleno de la Corte Suprema para que ratifique su designación. Posteriormente, el Parlamento deberá aprobar y tomar juramento al nuevo presidente, un proceso que podría concluir a inicios de abril.

El mandato para el cual fue electa Raquel Obando junto al resto del pleno de magistrados en 2023 tenía una duración prevista de siete años. Su renuncia solo afecta la presidencia; ella continuará como magistrada propietaria conforme a la Constitución.

La salida de Obando se produjo poco después de la destitución definitiva del fiscal general Johel Zelaya, quien fue sometido a un juicio político iniciado el lunes. La comisión especial encargada del proceso recomendó su separación inmediata tras revisar su labor como fiscal general.

Pablo Reyes fue elegido en la misma sesión parlamentaria para completar el periodo que le restaba a Zelaya, quien había iniciado funciones en diciembre de 2023. El informe sobre Zelaya fue aprobado en un ambiente tenso, con silbidos y consignas de los diputados de Libre.

En su misiva, Obando subrayó la importancia de respetar el nuevo marco legal y fortalecer el carácter colegiado del poder judicial. El cambio en las atribuciones representa una transformación relevante en la dinámica interna de la Corte Suprema de Justicia.

El desenlace de la sucesión dependerá de la ratificación interna y la posterior aprobación del Parlamento, pasos que definirán la composición definitiva del liderazgo judicial hondureño para los próximos años.

Acusaciones contra Zelaya y ambiente político en la transición judicial

El informe parlamentario sobre la gestión de Johel Zelaya afirma que durante su administración se manipularon expedientes, “engavetando” procesos clave y aplicando justicia de forma selectiva. Fiscales de carrera habrían sido degradados, trasladados o apartados por negarse a modificar investigaciones en curso, lo que generó preocupación sobre la autonomía y transparencia en el Ministerio Público.

Además, el documento señala decisiones de alto impacto, como la inacción ante pruebas relevantes —incluyendo el denominado “narcovideo”— mientras se realizaron intervenciones desproporcionadas en causas menores. Entre las denuncias recogidas, se destaca la omisión de medidas judiciales ante agresiones sufridas por diputados opositores, pese a la existencia de datos suficientes para actuar.

El informe también evidenció interferencias en expedientes relacionados con figuras políticas, donde se habrían alterado requerimientos fiscales de manera arbitraria, alimentando la percepción de una administración selectiva y parcial en la justicia.