En el contexto de profundas tensiones institucionales y persistentes desigualdades, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) documentó durante el año 2025 más de mil quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en Honduras durante el período de vigencia del estado de excepción parcial, según señaló la comisionada Blanca Izaguirre en la presentación del informe anual.
El informe que publicó el Conadeh puntualiza que, en materia de acceso a la justicia, mil 359 quejas estuvieron relacionadas con presuntas afectaciones al derecho a las garantías judiciales, una cifra que demuestra la persistencia de obstáculos graves para que la población obtenga respuestas rápidas y efectivas del sistema judicial.
Esta lentitud o inaccesibilidad prolonga la vulneración mucho más allá del hecho original denunciado, evidencia de una falla estructural en el aparato judicial.
Durante 2025 se registraron 929 denuncias por presunta violación al derecho a la vida y mil 121 por posibles vulneraciones a la integridad personal. Según Izaguirre, estas estadísticas muestran la continuidad de amenazas, hostigamientos y formas de violencia que afectan a miles de personas a nivel nacional.
Blanca Izaguirre manifestó que la aplicación del estado de excepción mostró una débil rendición de cuentas tanto legislativa como judicial. Explicó que el Estado nunca demostró la necesidad de prolongar estas medidas y las prórrogas no siguieron el procedimiento previsto en la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia, responsable del control judicial, omitió realizar exámenes oportunos y sustantivos sobre la legalidad y constitucionalidad de las suspensiones de derechos, y tampoco notificó a instancias internacionales como la OEA y la ONU.
La funcionaria cuestionó la decisión de mantener las restricciones durante el proceso electoral a pesar de los llamados y recursos judiciales ya interpuestos. Afirmó: “Sienta un mal precedente para el desarrollo de los comicios”. Aclaró que la disfuncionalidad en el Congreso Nacional, con parálisis prolongadas y controversias sobre su conducción, dañó la continuidad institucional, debilitó la confianza ciudadana y deterioró la calidad de la democracia.
El documento del organismo de derechos humanos estableció que la reducción del número de homicidios, aunque relevante en términos cuantitativos, no garantiza una protección integral del derecho a la vida ni soluciona los factores estructurales que alimentan la violencia. En ese sentido, la comisionada señaló: “La reducción de homicidios no equivale por sí sola a una garantía integral del derecho a la vida ni a la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia”.
Asimismo tramitó 208 denuncias asociadas a restricciones a la libertad de pensamiento, expresión y reunión, en un contexto nacional marcado por amenazas, intimidaciones y restricciones indebidas al espacio cívico.
Entre las recomendaciones, Izaguirre subrayó la urgencia de que Honduras adopte políticas de seguridad orientadas por un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, con el propósito de enfrentar tanto causas profundas como manifestaciones visibles del crimen organizado.
El informe anual también consolidó 247 quejas relativas a la atención sanitaria, principalmente dirigidas a la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y centros penitenciarios. Las denuncias abordaron desde servicios deficientes hasta negativas de atención y demoras prolongadas para cirugías y consultas especializadas. Según Izaguirre: “El reto sigue siendo convertir esos esfuerzos en servicios accesibles, oportunos y de calidad y calidez para la población”.
Para el área educativa se reportaron 189 denuncias, concentradas en la Secretaría de Educación por brechas sostenidas en acceso y calidad, especialmente para niñas, niños y adolescentes marginados del sistema escolar pese a avances oficiales en alfabetización.
Sobre el derecho a vivienda y servicios públicos, el Conadeh registró 132 quejas, con observaciones principalmente hacia la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Policía Nacional y gobiernos municipales. En temas ambientales, el año cerró con 25 denuncias relacionadas con la inacción o prácticas deficientes de las municipalidades acerca del derecho a un ambiente sano.
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