El Gobierno de Panamá promulga la Ley 513 y crea el primer programa de pasantías remuneradas reguladas en América Latina

Los jóvenes panameños que buscan su primer empleo formal cuentan desde hoy con una nueva vía de acceso al mercado laboral. El presidente José Raúl Mulino promulgó la Ley 513, estableciendo el primer programa de pasantías remuneradas reguladas en América Latina, según lo anunciado oficialmente por las autoridades.

La nueva normativa está dirigida a personas de entre 18 y 25 años, así como a menores de edad que ya cuenten con título de educación media. El acceso se extiende a quienes provengan de la educación media, universitaria, vocacional o técnica. El objetivo central es facilitar la transición hacia el trabajo formal e incentivar la experiencia práctica en empresas y entidades sin fines de lucro.

El programa establece que cada pasantía podrá extenderse hasta por un año, con un máximo de 40 horas semanales. Durante ese tiempo, los pasantes percibirán una remuneración mensual de 450 balboas, definida como subsidio, por lo que queda exenta de deducciones fiscales y de seguridad social. Esta compensación no equivale a salario ni genera derechos laborales formales.

El mecanismo no obliga a las empresas o entidades participantes a formalizar una relación laboral con los pasantes ni a reconocer prestaciones sociales. Se exige, no obstante, la contratación de una póliza de seguro para cubrir riesgos profesionales durante el periodo de formación.

Regulación de participación empresarial en el programa

La normativa impide que las empresas sustituyan puestos de trabajo regulares con pasantes, por lo que se establece un límite de incorporación: hasta dos pasantes para plantillas de 50 personas; hasta cuatro para las de entre 50 y 100; hasta seis para las de entre 100 y 200, y hasta un 3% de la fuerza laboral para aquellas con más de 200 empleados.

En situaciones excepcionales, las compañías tendrán la opción de solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) autorización para incorporar más pasantes, siempre que el propósito sea ampliar las oportunidades de aprendizaje práctico. Todas las empresas y organizaciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales legalmente establecidas en Panamá, pueden sumarse al programa.

Al concluir la pasantía, si la empresa decide emplear formalmente al joven, debe hacerlo bajo contrato individual conforme al Código de Trabajo. Para menores de edad, la contratación requiere el consentimiento de los padres o representantes legales.

Protección y canales de denuncia para los pasantes

El Mitradel dispondrá de un canal seguro y confidencial para que los jóvenes denuncien abusos, acoso, maltrato, discriminación o incumplimiento de las disposiciones del programa.

Estas vías incluyen opciones presenciales, virtuales o telefónicas, garantizando el acceso y la confidencialidad para quienes consideren vulnerados sus derechos.

El programa tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otros tres años, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la ley. Las autoridades buscan asegurar un periodo suficiente para evaluar los resultados y el impacto en la inserción laboral juvenil.

Declaraciones oficiales y objetivos del programa

Durante la ceremonia de firma, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, calificó la iniciativa como un avance en materia de justicia para quienes realizan prácticas laborales sin recibir compensación: “Esta ley es justicia para todos esos jóvenes pasantes que trabajan dentro de las empresas sin una remuneración”, puntualizó.

Muñoz agregó que “la generación de empleos solamente se construye desde la empresa privada y no desde el gobierno”, remarcando el papel del sector privado en la formación de talento joven. Según la funcionaria, la ley permitirá a los beneficiarios obtener habilidades y experiencia necesarias para una mejor preparación ante las exigencias del mercado laboral.

El acto de promulgación contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra Virna Luque; y el secretario de Metas, José Ramón Icaza, quienes acompañaron al presidente Mulino en la presentación de la nueva legislación.

Este hecho marca un precedente en la región y posiciona a Panamá como pionero en la regulación de prácticas profesionales remuneradas para jóvenes en búsqueda de empleo formal.