Transportistas de Honduras plantearon la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público ante la reciente escalada en el precio de los combustibles. El debate se intensifica cuando el Gobierno anunció que asumirá la mitad del incremento determinado por el mercado internacional, para evitar un impacto total sobre los usuarios. La medida busca mitigar la presión que el alza de los derivados del petróleo, vinculada a la crisis en el Medio Oriente, ejerce sobre las finanzas de la población y sobre los operadores del sector, según informó el Gobierno de Honduras en un comunicado oficial.
El reciente ajuste internacional ha supuesto un aumento efectivo de L6.24 por galón de gasolina regular y L11.60 por galón de diésel para la semana del 16 de marzo de 2026. Con el nuevo mecanismo de apoyo anunciado, los consumidores sólo asumirán L3.12 en gasolina regular y L5.80 en diésel, mientras el Estado cubrirá la diferencia, lo que representa una inversión pública de aproximadamente L49,824,000 cada semana y L199,296,000 al mes, de acuerdo con el comunicado del Gobierno. Este bloque responde directamente a la pregunta sobre qué ocurre: los precios de los combustibles aumentaron en marzo de 2026 en Honduras, y el impacto sobre la tarifa del transporte público podría mitigarse parcialmente gracias a la intervención estatal, pero el sector transportista exige una revisión profunda de las tarifas para garantizar la continuidad del servicio.
El ajuste en los precios del combustible y su impacto en las tarifas del transporte
Wilmer Cálix, dirigente del transporte público en Honduras, explicó que el sector lleva tres años sin una revisión de precios en la tarifa, un periodo durante el cual los transportistas han absorbido todos los incrementos en los costos operativos. Según Cálix, esta situación ha generado pérdidas recurrentes y desconocen cuánto más podrán mantener el equilibrio financiero sin una actualización. “Es necesario revisar las tarifas para garantizar la sostenibilidad del servicio”, manifestó Cálix, en declaraciones recogidas en el documento base.
En los últimos meses, el aumento en el costo del diésel ha sido brusco. Según cifras citadas en una misiva enviada por la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Honduras (ATRACAPH), sólo de diciembre de 2025 a marzo de 2026 el galón de diésel pasó de L82.81 a L93.31. Luego de una leve disminución en enero, el incremento se consolidó en marzo, colocando una presión directa sobre la estructura de precios del sector.
ATRACAPH, presidida en la firma del documento por su titular, advirtió en una carta dirigida al presidente Nasry Juan Asfura Zablah, y al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) que esta crisis financiera amenaza la capacidad de los transportistas para continuar prestando el servicio y pone en riesgo el abastecimiento nacional. En la carta, la asociación pide una reunión urgente con altos funcionarios y cámaras del transporte para explorar alternativas que permitan sostener la operación. ATRACAPH alerta también sobre una posible profundización de la crisis si los ajustes arancelarios internacionales en los combustibles se mantienen o aumentan.
La asociación concluyó solicitando a las autoridades que participen en un encuentro de diálogo, reiterando que, de no recibir respuesta, el sector estaría dispuesto a convocar un paro nacional en la semana siguiente, una eventualidad que pondría en suspenso el normal abastecimiento y movilidad en todo el territorio.
El impacto fiscal y la respuesta del Gobierno
El Gobierno particularizó la naturaleza global del fenómeno, señalando que el alza en el precio del petróleo deriva de tensiones en el Medio Oriente, una situación que ha afectado los precios del combustible en todo el mundo. El comunicado oficial, dirigido a la población, detalla que el Estado hondureño asumirá “el 50% del incremento internacional”, con el fin de contener el efecto sobre consumidores y sectores productivos nacionales.
La salida fiscal para sostener el subsidio representa casi L200 millones al mes y se ejecutará como medida temporal mientras persista la coyuntura internacional. El Gobierno garantiza que continuará monitoreando el mercado global de combustibles, para tomar decisiones que resguarden la estabilidad económica y el poder adquisitivo de la población, adjudicando funcionamiento a un mecanismo de apoyo estatal anunciado públicamente y destinado a proteger a los usuarios y a los operadores en uno de los momentos de mayor presión sobre los precios en años recientes.
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