A casi un año de la intervención estatal, miles de socios y familias hondureñas mantienen bloqueos y protestas en el norte del país para exigir a las autoridades la recuperación de los fondos depositados en la empresa Koriun Inversiones, cuya caída se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros recientes en Honduras y ha desencadenado una crisis económica en numerosos hogares.
Las acciones de protesta abarcan bloqueos en carreteras y llamados directos al diálogo con funcionarios. Los manifestantes solicitan la intervención del Estado y proponen que el alcalde capitalino Nasry Asfura y el fiscal general Johel Zelaya lideren negociaciones para buscar salidas legales que permitan la devolución de los fondo
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Movilizaciones reflejan la magnitud del reclamo. “Nosotros no vamos a descansar hasta que recuperemos nuestro dinero”, afirman miembros de las protestas. Para muchos, el dinero invertido representa años de trabajo; para otros, significa deudas asumidas ante lo que parecía una oportunidad legítima de inversión.
La continuidad de la incertidumbre ha intensificado la presión social y puesto de manifiesto el impacto económico y emocional que trajo el colapso de la empresa. Afectados consideran indispensable que los fondos sean restituidos y que se encuentre una solución legal que brinde justicia y seguridad a quienes resultaron perjudicados.
Durante el operativo realizado el 23 de abril de 2025, el Ministerio Público de Honduras aseguró 358,7 millones de lempiras en efectivo y 69,2 millones de lempiras en cuentas bancarias de la empresa, según datos de la investigación. No obstante, los afectados insisten en que, pese a estas cifras, el proceso para la devolución de los recursos permanece sin avances concretos, alimentando su incertidumbre y el tenor de sus reclamos públicos.
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Las protestas más intensas se concentran en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde manifestantes han generado bloqueos y cortes en vías principales para visibilizar el caso y demandar un canal de diálogo oficial. El movimiento reúne a personas que depositaron años de ahorros, recursos de negocios e incluso préstamos personales en busca de rendimientos de un esquema de inversión impulsado por la empresa.
La investigación inicial de las autoridades determinó que Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), lo que levantó inquietud sobre la legalidad de sus actividades. Los peritajes concluyeron que la compañía funcionaba bajo un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores provenían únicamente del ingreso de nuevos miembros, un esquema típicamente fraudulento.
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El operativo judicial incluyó la incautación de oficinas en Choloma y otras ciudades, así como el decomiso de vehículos, bienes y cuentas bancarias vinculadas a la estructura empresarial. El dinero asegurado permanece bajo control judicial mientras continúan las investigaciones.
Hasta ahora, no se ha establecido un mecanismo claro para la restitución de los recursos asegurados. Las protestas y demandas colectivas mantienen vigente un conflicto que, a la fecha, permanece sin resolución para miles de hondureños cuyos ahorros siguen en riesgo.
La crisis ha impactado de manera significativa en la economía de familias trabajadoras de la zona norte del país. Los socios afectados han manifestado en las calles su frustración y su decisión de continuar con las acciones de presión hasta obtener una respuesta oficial que encamine una solución.
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La detención de Iván Velásquez, directivo principal de Koriun Inversiones, tuvo lugar en mayo de 2025 dentro del departamento de Cortés. Miles de inversionistas resultaron afectados por este caso, que está vinculado a una investigación por presunta captación irregular de fondos y otros delitos.
El caso avanzó luego del descubrimiento de grandes sumas de dinero en efectivo tanto en la residencia de Velásquez como en las oficinas de la empresa. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron el arresto como parte de los operativos y, además de los cargos previos, el Ministerio Público lo acusa de lavado de activos.
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