El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público el primer informe con indicios de responsabilidad penal derivados de la investigación sobre el presunto manejo irregular de demandas millonarias presentadas contra el Estado hondureño. Esos procesos provocaron embargos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y afectaron las finanzas públicas.
El anuncio fue realizado por el presidente del organismo Ricardo Montes, quien confirmó que el contralor concluyó la primera etapa de las auditorías y decidió trasladar los hallazgos a la Fiscalía para que determine si existen delitos que deban ser perseguidos penalmente.
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“Este mismo informe se ha remitido al Ministerio Público para que realice la investigación en virtud de encontrar un indicio de responsabilidad penal”, manifestó Montes.
El titular del TSC explicó que las investigaciones abarcan el análisis de cada uno de los embargos ejecutados contra la Cuenta Única del Estado, así como la actuación de abogados particulares que promovieron las acciones judiciales en distintos juzgados del país.
Estos mecanismos responden a demandas originadas durante administraciones pasadas. Por ello, el gobierno del presidente hondureño Nasry Asfura denunció que la elevada cantidad de estos litigios estaba causando un perjuicio al Estado y solicitó revisar esta situación.
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Aunque evitó revelar nombres o detalles específicos debido al proceso investigativo, señaló que el expediente podría derivar en nuevas responsabilidades penales, civiles e incluso administrativas conforme avancen las auditorías.
Mantienen investigaciones
También confirmó que el Tribunal mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con este tema, que permanecen en la fase administrativa antes de emitir sus respectivos informes.
El caso tomó relevancia porque desde inicios de este año la Procuraduría General de la República (PGR) ha denunciado públicamente un presunto esquema detrás de las demandas y embargos que afectaron las finanzas estatales.
El procurador general, Dagoberto Aspra, aseguró meses atrás que la institución identificó al menos cuatro bufetes de abogados que aparecen de manera recurrente en los procesos judiciales que terminaron con embargos millonarios contra el Estado. Según la PGR, existen investigaciones sobre una posible colusión entre abogados privados y operadores de justicia para facilitar esos procesos.
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La institución también informó que impulsó acciones legales y técnicas para proteger la Cuenta Única del Tesoro, al considerar que los embargos ponen en riesgo la continuidad de los servicios públicos y el manejo de los recursos estatales.
En un comunicado oficial, la Procuraduría aseguró que su prioridad es defender el patrimonio público y garantizar la estabilidad financiera del Estado.
La controversia surgió luego de que la Secretaría de Finanzas revelara que los embargos contra la Cuenta Única del Tesoro superaban los 3.900 millones de lempiras, (unos 145.5 millones de dólares), recursos que, según el Gobierno, comprometen el funcionamiento de varias instituciones públicas.
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El impacto económico
En ese momento, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, afirmó que buena parte de esos procesos obedecen a demandas derivadas de despidos laborales, aunque también señaló la existencia de aparentes irregularidades y posibles acuerdos entre funcionarios y abogados particulares para obtener resoluciones judiciales favorables.
Como respuesta, el Gobierno impulsó reformas para regular el procedimiento de ejecución de embargos sobre recursos públicos y evitar afectaciones inmediatas a la Cuenta Única del Tesoro, desde donde se financia la operación de las instituciones estatales.
Durante su comparecencia, Montes también fue consultado sobre la investigación relacionada con el vencimiento de 44 mil quintales de frijoles almacenados en una bodega del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), en Danlí.
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El presidente del TSC indicó que las pesquisas continúan y que una de las líneas de investigación analiza si existió incumplimiento por parte del Estado en los pagos a empresas contratadas, situación que pudo haber incidido en el desarrollo del caso.
Añadió que toda obligación económica derivada de procesos de contratación pública puede convertirse en una deuda para el Estado cuando no se cumplen los compromisos adquiridos.
Mientras tanto, el TSC y la Procuraduría General de la República mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre las demandas que generaron embargos millonarios contra el Estado.
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