Propuesta gubernamental reduciría en más de 9 mil hectáreas la protección de manglares en Panamá, denuncian ambientalistas

Organizaciones ambientales y grupos de ciudadanos piden al Ministerio de Ambiente explicar por qué una propuesta reduce la superficie protegida, y llaman a participar en una consulta pública antes del 14 de agosto.

Señalan que los manglares no terminan donde acaba el bosque que se ve desde la costa, pues bajo el agua, entre canales, estuarios, sedimentos y mareas, existe un sistema conectado del que dependen numerosas especies y comunidades. Por eso, sostienen que la consulta pública abierta por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sobre el Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, no constituye únicamente un trámite administrativo.

“Es una oportunidad para que la ciudadanía participe en una decisión que podría definir cómo se protegerá uno de los ecosistemas costeros más importantes de Chiriquí”, aseguran.

Organizaciones ambientales, especialistas y ciudadanos han solicitado que la propuesta presentada por MiAmbiente sea revisada y fortalecida antes de su aprobación definitiva.

El planteamiento central es sencillo: un manglar funciona como una unidad ecológica. El agua, los canales de marea, los sedimentos, las especies, los estuarios y el bosque están conectados. Lo que se modifica en un punto puede provocar consecuencias en el resto del ecosistema.

“Cuando hablamos de poner límites, no hablamos únicamente de dibujar una línea en un mapa; hablamos de proteger un sistema vivo donde el agua, el manglar y la biodiversidad están completamente conectados”, aducen las organizaciones que impulsan la participación ciudadana.

Indican que los límites de un área protegida determinan qué espacios estarán sujetos a medidas especiales de conservación y cuáles podrían quedar fuera de esa protección.

En el caso de los manglares, afirman que proteger solamente los árboles visibles sería insuficiente, ya que también deben considerarse los canales, estuarios, cuerpos de agua y demás zonas que permiten la circulación natural del agua y mantienen el funcionamiento integral del ecosistema.

La principal preocupación planteada durante la consulta se relaciona con la reducción de la superficie contemplada en la propuesta.

De acuerdo con las observaciones ciudadanas, el área habría pasado de aproximadamente 75,935 hectáreas a 66,600 hectáreas. Las organizaciones solicitan que MiAmbiente explique cuáles zonas fueron excluidas y qué criterios técnicos, científicos, ecológicos o sociales sustentan esa modificación.

La diferencia representa alrededor de 9,335 hectáreas, por lo que conocer las razones de la reducción resulta indispensable para que la ciudadanía pueda evaluar la propuesta de manera informada.

Además de solicitar una explicación sobre la disminución de la superficie protegida, las organizaciones proponen limitar las excepciones que puedan permitir actividades como tala, rellenos o construcción de infraestructura que altere el manglar o el flujo natural del agua, además de definir con precisión la zona de amortiguamiento de 50 metros.

También se propone aclarar cómo se aplicará la nueva resolución frente a proyectos previamente autorizados, así como evitar que permisos anteriores den lugar a obras incompatibles con los objetivos de conservación, e incorporar en el futuro Plan de Manejo una zonificación clara, medidas para proteger especies amenazadas, financiamiento sostenible y participación efectiva de las comunidades locales.

Las organizaciones reconocen que formalizar los límites del Área de Recursos Manejados constituye un paso importante. Sin embargo, consideran que la consulta pública debe servir precisamente para corregir vacíos, aclarar dudas y garantiza garantizar que la protección sea efectiva, no solamente declarativa.

La consulta pública permite que cualquier ciudadano presente comentarios u observaciones sobre la propuesta.

El plazo estará abierto hasta el 14 de agosto de 2026 y las observaciones pueden remitirse por correo electrónico al Ministerio de Ambiente. Las organizaciones también han preparado un Action Kit con un modelo de comentarios que puede enviarse directamente o utilizarse como referencia para elaborar una propuesta individual.