La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció violaciones a derechos humanos cometidas en Honduras durante 2025, tras casi dos años de estado de excepción que, según el organismo, perdió su carácter temporal y generó impunidad, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad, en un contexto de alta tensión política y deficiencias estructurales en el sistema judicial, informó la agencia EFE.
El informe anual de la ACNUDH, presentado en Tegucigalpa por Juan Carlos Monge, representante del organismo, confirma que, solo en 2025, durante el gobierno de Xiomara Castro, diecisiete defensores de derechos humanos y comunicadores resultaron asesinados en Honduras.
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Esta cifra representa más del doble de los siete casos registrados en 2024, según el mismo documento. Además, el programa estatal de protección para defensores y periodistas enfrenta limitaciones profundas, según Monge, en la última década doce beneficiarios de ese mecanismo fueron asesinados.
La Acnudh documentó durante allanamientos y detenciones sin orden judicial violaciones que afectaron a veinticuatro personas, incluidas tres mujeres. El organismo atribuye a policías y militares ocho desapariciones forzadas, cinco casos de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.
El informe subraya la preocupación de la ACNUDHpor la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en desapariciones y ejecuciones. En particular, identifica ocho casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el contexto de disputas territoriales entre organizaciones criminales.
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El representante Monge explicó a EFE que la extensión del estado de excepción favoreció una discrecionalidad peligrosa en un año marcado por las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, que se desarrollaron, según el balance, en un ambiente crispado y polarizado.
Aunque los comicios, ganados por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, transcurrieron de manera pacífica, el informe señala que estuvieron marcados por ataques verbales, incertidumbre y cuestionamientos contra las autoridades electorales. Monge advirtió: “La confrontación y los ataques contra las autoridades electorales no son una buena noticia para la democracia”.
El informe, presentado ante Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), hace hincapié en las persistentes deficiencias institucionales de Honduras. Entre las principales problemáticas, la Acnudh detectó una falta de investigación penal integral, descoordinación entre organismos y ausencia de persecución efectiva de los responsables.
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La impunidad sigue siendo estructural: “Hay grandes deudas con la justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos”, recalcó Monge durante la presentación del informe en Tegucigalpa. La ACNUDH remarcó que superar este escenario requiere, además de voluntad política, una combinación de capacidad, conocimiento y garantías de seguridad para quienes demandan justicia.
El informe indica que defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Persisten “altos índices de impunidad” y, según el monitoreo de la Oficina, en 2025 se han registrado diecisiete muertes violentas de activistas y periodistas.
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Monge lamentó que aún existan múltiples desafíos en la protección estatal a estos sectores y pidió la aprobación urgente de una política nacional de investigación penal integral. En sus palabras, la defensa de los derechos humanos en Honduras es “una labor no solamente legítima, sino necesaria”.
El estudio presentado por la ACNUDH pone además en evidencia la existencia de desafíos estructurales en el acceso a la tierra. Advierte que la ausencia de un registro unificado y la falta de modernización en los catastros municipales perpetúan escenarios de inseguridad jurídica y superposición de títulos. Esta situación impacta especialmente en los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se ven afectados por la carencia de reconocimiento y saneamiento de sus territorios frente a proyectos extractivos
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