La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua exigió este jueves a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo una respuesta sobre el paradero de al menos nueve personas consideradas presos políticos y en condición de desaparición forzada, tras la muerte bajo custodia estatal del dirigente indígena miskito y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Brayan. Según informó EFE, agencia de noticias española, la organización denunció la falta de información oficial y la ausencia de garantías sobre la integridad de los detenidos políticos en Nicaragua.
En una declaración pública, la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó a las autoridades una “prueba de vida” de todas las personas desaparecidas y la liberación inmediata e incondicional de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos. Esta petición se produce días después del fallecimiento de Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), quien fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y murió bajo custodia estatal a los 73 años. La información fue confirmada por EFE, que detalló que los dirigentes de la alianza opositora viven actualmente en el exilio, tras ser desnacionalizados, expulsados o impedidos de regresar a Nicaragua bajo acusaciones de traición a la patria.
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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció el martes que al menos 46 opositores y críticos del Ejecutivo sandinista continúan en prisión, de los cuales nueve permanecen desaparecidos. Esta entidad y diversos organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio han advertido sobre la persistencia de la opacidad estatal respecto al paradero, estado de salud y condiciones de detención de parte de los encarcelados por razones políticas.
Entre los nombres identificados en condición de desaparición forzada se encuentran el coronel retirado Víctor Boitano Coleman; el líder indígena y ex asesor presidencial Steadman Fagoth Müller; el excoronel sandinista Carlos Brenes, junto a su esposa Salvadora Martínez; y el mayor retirado Eddie Moisés González Valdivia. Familiares de los detenidos expresaron a EFE su temor ante la posibilidad de que sus parientes sean las siguientes víctimas bajo custodia estatal, tras el deceso de Rivera.
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De acuerdo con datos recopilados por EFE, en los últimos siete años han muerto bajo custodia del Estado al menos nueve opositores y críticos, incluyendo al general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente, y al histórico exguerrillero Hugo Torres, quien llegó a ser viceministro del Interior durante la primera administración sandinista. Torres fue arrestado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 y su muerte generó repercusiones en el ámbito internacional.
El contexto de la crisis en Nicaragua
La crisis política y social en Nicaragua comenzó en abril de 2018 y se intensificó después de las elecciones de 2021, cuando Ortega resultó reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Según informó EFE, ese proceso electoral transcurrió con los principales contendientes en prisión o bajo arresto domiciliario, y posteriormente la mayoría fue expulsada del país, despojada de su nacionalidad y de sus derechos políticos bajo acusaciones de conspiración y traición.
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La represión contra la oposición se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y una política sistemática de privación de derechos civiles, documentada por organismos internacionales. Las organizaciones de derechos humanos, tanto internas como en el exilio, insisten en la necesidad de que el Estado nicaragüense rinda cuentas sobre la situación de los presos políticos y garantice su integridad y acceso a procesos legales transparentes.
El reclamo de la oposición
“Demandamos la prueba de vida de todas las personas desaparecidas y la libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas”, señaló la agrupación en su declaración, reproducida por EFE.
Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han emitido información pública sobre el estado de los detenidos señalados como desaparecidos ni han ofrecido explicaciones sobre las causas del fallecimiento de Rivera.
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