El anuncio de una intervención profunda en siete instituciones públicas, realizado por el secretario de prensa José Argueta, transforma la gestión estatal con la promesa de un ahorro mensual de 700 millones de lempiras y una ofensiva inédita contra la opacidad administrativa en Honduras.
Uno de los datos más significativos, recae en la cifra proyectada por la Secretaría de Prensa, 700 millones de lempiras de ahorro cada mes, lo que representa una reducción inédita del gasto corriente para el Estado. Argueta detalló que las entidades sujetas a intervención han coexistido con irregularidades administrativas y falta de respuesta a la ciudadanía. Las siete instituciones bajo revisión incluyen al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ihcieti), Educrédito, el Ferrocarril Nacional de Honduras, el Programa de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa).
La motivación declarada es “poner la casa en orden” luego de años con resultados insatisfactorios y falta de transparencia. Argueta enfatizó que el denominador común en todas es el “incumplimiento de sus funciones frente a las exigencias de la población”. La intervención, explicó, apunta a eficientar procesos internos, corregir distorsiones, revisar nóminas y optimizar el uso de recursos públicos.
Entre las medidas, Argueta especificó que, algunos empleados serán reubicados dentro del aparato estatal, mientras que las plazas canceladas se indemnizarán conforme a ley: “Se respetarán los derechos laborales en las cancelaciones”. Con ello, el gobierno busca amortiguar tensiones internas y evitar conflictos laborales estructurando una transición al interior de las dependencias
Argueta puso el foco en el Sistema Nacional de Emergencias 911, definida como “institución estratégica para la seguridad nacional”. Reveló que existían cerca de 600 empleados sin funciones claras o identificables, muchos de los cuales ni siquiera eran reconocidos por el personal regular.
El secretario indicó que “solo en el Sistema de Vigilancia 911 había alrededor de 600 empleados que no se sabía cuáles eran sus funciones”. Esta situación también se presentaba en otras áreas estatales: “En la Secretaría de Infraestructura se identificaron unas 300 plazas irregulares y cerca de mil en el área de Planificación”. El funcionario ilustró la magnitud de estructuras paralelas y, en sus palabras, “personas que nunca nadie las vio”.
Durante la auditoría interna se detectó que varios de estos “supuestos empleados” del 911 recién se presentaron con nombramientos formales en mano, aunque nadie en la institución podía legitimarlos. La Secretaría ha iniciado una revisión exhaustiva de expedientes, dada la sensibilidad del rol de vigilancia y control de cámaras.
Argueta detalló que históricamente no se verificaron antecedentes ni historial de los operadores, un hecho que calificó de “grave dados los riesgos para la seguridad”. Pese al proceso de depuración, garantizó que los servicios a la población permanecen activos. Además, informó sobre el traslado de varias ambulancias a la capital para recibir mantenimiento técnico urgente, debido a que la falta de reparación ponía en riesgo la validez de sus garantías.
El funcionario comunicó que los medios de comunicación estatales pasarán a depender de la Presidencia en una estrategia para mejorar su eficiencia y digitalización. El Canal 8 reforzará su programación educativa, mientras que el periódico Poder Popular será eliminado como medida de racionalización presupuestaria.
Argueta adelantó que la reformulación del presupuesto para 2026 está prevista para la próxima reunión del Consejo de Ministros. Entre las determinaciones ya adoptadas mencionó la eliminación de la cátedra morazánica y la lectura obligatoria del libro 28-J, señales de un ajuste integral al sistema educativo.
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