El Congreso Nacional aprobó en primer debate una propuesta legislativa que busca modificar el esquema de toma de decisiones en la administración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), trasladando provisoriamente las atribuciones de la presidenta, Rebeca Raquel Obando, al pleno de magistrados.
La iniciativa persigue frenar las decisiones unipersonales en materias como nombramientos y traslados de jueces, medida que, de convertirse en ley, tendría carácter transitorio hasta que se instale el Consejo de la Judicatura, órgano destinado a asumir de forma permanente la gestión administrativa del Poder Judicial.
En caso de que la reforma quede ratificada en los dos debates restantes, una vez publicada en el diario oficial, toda decisión sobre nombramientos, traslados, rotaciones o asignaciones de jueces deberá someterse a votación y aprobación por mayoría entre los magistrados del pleno.
Así, el modelo individualista vigente daría paso a un sistema colegiado, limitando a la presidencia de manera temporal en tanto se materializa la creación del nuevo Consejo, figura prevista pero aún no implementada totalmente en la legislación hondureña.
El texto aprobado aclara su naturaleza provisional y no elimina los poderes de la presidencia de forma definitiva. Según lo estipulado, la transferencia de atribuciones funcionará como medida intermedia mientras el Consejo de la Judicatura define su integración y funcionamiento, quedando pendiente la aprobación de la normativa correspondiente.
El proyecto, presentado por el diputado secretario del poder legislativo Francis Cabrera, recibió respaldo durante el primer debate de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y la Democracia Cristiana (DC).
Estos apoyos permitieron el avance a la siguiente etapa legislativa, aunque la bancada de Libertad y Refundación (Libre) indicó que fijará su postura oficial en los otros dos debates, donde podría haber ajustes al texto.
En su intervención, el diputado Rafael Sarmiento, de Libre, precisó que la moción fue impulsada por nueve legisladores y garantizó que la postura de su bancada se anunciará cuando la discusión se traslade al segundo y tercer debate, momentos clave para definir los alcances finales del cambio normativo.
Hasta ahora, el sistema otorga a la presidencia de la Corte Suprema amplias competencias para disponer movimientos de personal y cambios internos sin necesidad de consulta al resto de magistrados. La reforma dispone que “cualquier decisión relacionada con nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces deberá ser sometida a votación del pleno de magistrados de la CSJ”, haciendo extensiva esta regla tanto a movimientos temporales como permanentes en los distintos tribunales del país.
El debate sobre la distribución de facultades administrativas en el Poder Judicial es recurrente en la política hondureña. En los meses recientes, la gestión de la presidenta Rebeca Raquel Obando estuvo marcada por decisiones de traslado y rotación de jueces, que suscitaron críticas desde sectores de la sociedad civil ante presuntas arbitrariedades.
El debate parlamentario plantea ahora la búsqueda de mayor transparencia y figura colegiada en la gestión interna del máximo órgano judicial.
El procedimiento legislativo de reformas exige que toda modificación pase por tres debates: en el segundo, los diputados pueden introducir cambios o ajustes de redacción; en el tercero, se define la ratificación o rechazo definitivo del texto. El resultado final dependerá de las correlaciones políticas y de los consensos que logren las distintas bancadas en el hemiciclo.
Actualmente, el pleno de magistrados de la Corte participa en la resolución de asuntos jurisdiccionales, pero, de prosperar la reforma, asumiría además la responsabilidad directa sobre la administración interna, consolidando así el modelo transitorio hasta la futura constitución del Consejo de la Judicatura.
La moción discutida no redefine de manera permanente la estructura de poder en la Corte Suprema, sino que busca redistribuir competencias para la etapa de transición, hasta que el órgano especializado previsto por la ley entre oficialmente en funciones.
La expectativa se mantiene en torno a las próximas sesiones del Congreso Nacional, donde continuará el análisis de la reforma y la posible introducción de ajustes, en medio de la anticipación de que la aprobación definitiva supondría un cambio temporal en la dinámica interna del máximo tribunal, a la espera de la creación formal del Consejo de la Judicatura.
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