De Somoza a Ortega: 17 de julio, 1979, el día que la alegría huyó de Managua y la libertad quedó en pausa en Nicaragua

La madrugada del 17 de julio de 1979, el cielo sobre Managua no se vistió de colores, sino de un zumbido metálico que cortaba el aire denso del trópico. A la 1:10 a.m., un Boeing 720 despegó de la pista militar de la capital nicaragüense, llevando en sus entrañas al general Anastasio Somoza Debayle, a su familia directa y a sus allegados más leales.

“Tachito”, como le llamaban, no era un gobernante cualquiera; era el último eslabón de una dinastía familiar que heredó el control absoluto del país de su padre y de su hermano. Formado en la academia militar de West Point en Estados Unidos, Somoza Debayle dirigía la Guardia Nacional como un ejército personal de ocupación y manejaba la economía nacional acumulando haciendas, aerolíneas y empresas pesqueras a costa de la miseria general.

Su crueldad y ambición terminaron de quebrar al país tras el terremoto de 1972, cuando desvió la ayuda humanitaria internacional para enriquecer sus propios bolsillos. En sus últimos meses, acorralado por la insurrección popular, Somoza, ordenó bombardeos aéreos despiadados sobre los barrios más pobres de Managua, Estelí y León, reduciendo ciudades a escombros con tal de no soltar el poder.

Con el rugido de esos motores del avión presidencial, se desvanecían finalmente 42 años de esa dinastía sangrienta que había gobernado el país como si fuera una finca privada. Horas después, cuando el sol comenzó a castigar el asfalto, la noticia corrió como pólvora por los radiotransmisores clandestinos de Radio Sandino: el tirano había huido hacia Miami.

Las calles, antes desiertas por el toque de queda y el terror a la Guardia Nacional, se inundaron de miles de almas que salieron a abrazarse, a derribar con sogas las estatuas de bronce del dictador y a gritar una palabra que quedó tatuada en el calendario nacional: Alegría.

Aquel fue el bautizo del 17 de julio como el «Día de la Alegría», el preámbulo perfecto, el alivio colectivo tras décadas de censura, tortura y desapariciones. Parece que el futuro finalmente pertenecía a los nicaragüenses, que la sangre de los muchachos caídos en las barricadas de la Ofensiva Final había comprado, al fin, una primavera eterna de libertad y democracia.

El eco de la libertad y las celdas vacías

Hoy, cuatro décadas después de aquella gesta heroica, la fecha se ha transformado en un escenario de contradicciones profundas y puestas en escena oficiales. Cada 17 de julio, bajo la bandera de rescatar el espíritu humanitario de la Revolución, el gobierno actual moviliza a su maquinaria estatal para otorgar el régimen de convivencia familiar a miles de prisioneros comunes.

Los portones de los sistemas penitenciarios de Tipitapa, Granada y Matagalpa se abren para devolver a las calles a reos condenados por hurtos, estafas y delitos menores, en un intento por aliviar el hacinamiento crónico de las cárceles y, de paso, proyectar una imagen de benevolencia y reconciliación cristiana.

Para las familias de los reclusos comunes, este acto representa un retorno real de la felicidad a sus hogares. Sin embargo, para la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos, la medida tiene un trasfondo amargo y selectivo. Mientras los pasillos de las prisiones se vacían de delincuentes comunes bajo el cobijo de la propaganda oficial, la noción misma de la justicia penal se desdibuja, generando una creciente ola de preocupación por la seguridad en las calles y dejando en evidencia un uso político de la clemencia.

La paradoja de un nuevo régimen

El mayor contraste de esta fecha no está en las cárceles de reos comunes, sino en el destino completo de la nación. Nicaragua, el país que derramó su juventud en 1979 para sepultar una dictadura militar, vive hoy bajo un nuevo régimen absoluto encarnado por Daniel Ortega, curiosamente uno de los comandantes que celebró la caída de Somoza en aquella mítica jornada.

A pesar de la algarabía oficial, de los cantos testimoniales y las caravanas de motocicletas que el partido de gobierno organiza para conmemorar el «Julio Victorioso», la realidad diaria del ciudadano común dista mucho de la verdadera emancipación.

La ironía histórica es desgarradora. Las mismas prácticas que empujaron al pueblo a la insurrección contra el somocismo, la persecución a la prensa independiente, la prohibición de las manifestaciones callejeras, el destierro forzado de los críticos y la concentración absoluta de los poderes del Estado se han reinstaurado bajo el mandato de Ortega y su consorte, Rosario Murillo.

Aquella alegría genuina y desbordante de 1979 se ha convertido en un recuerdo nostálgico, secuestrada por un sistema que exige lealtad absoluta a cambio de estabilidad. La libertad por la que se luchó sigue siendo una promesa rota, una tarea pendiente en una Nicaragua que, a pesar de recordar su efeméride con bombos y platillos, vive hoy bajo el peso de un régimen dictatorial que transformó las promesas de la revolución en una nueva tiranía.