Expertos y sindicatos advierten sobre crisis humanitaria y económica ante la cancelación del TPS en Honduras

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal por parte del Gobierno de Estados Unidos ha colocado a miles de familias frente a un escenario cargado de incertidumbre y riesgos económicos, sociales y jurídicos, según advierten analistas y representantes de las comunidades afectadas.

El futuro del TPS depende ahora de las acciones legales que las organizaciones migrantes promuevan en los tribunales y del grado de negociación que los gobiernos de los países de origen logren entablar con Estados Unidos. Voces consultadas coinciden en que la decisión actual puede no ser definitiva. José Palma, presidente de la Alianza Nacional de tepesianos, destaca que los abogados analizan alternativas judiciales tras la cancelación y asegura: “Definitivamente es una mala decisión en contra de la comunidad, pero el caso continúa. Los abogados están evaluando cuáles pueden ser las diferentes avenidas legales”, informó al medio fuente, y anticipó que comunicarán nuevas acciones en pocos días.

Esta posición mantiene viva la esperanza de los migrantes en una solución vía los tribunales, apelando a precedentes como el caso Ramos y litigios anteriores para venezolanos y haitianos.

Desde el ámbito sindical, Dolores Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos FECITRAN en Honduras, recalca el peso del TPS en la economía hondureña. Alerta que, de concretarse la devolución masiva de migrantes, el país sufriría un golpe considerable, ya que “para nosotros como hondureños, esto representa un impacto negativo enorme. Muchas familias dependen de las remesas; si estas personas son enviadas de regreso, se incrementará la crisis económica”, dijo Valenzuela.

Remarca además que Honduras enfrenta ya más de un millón de personas sin empleo formal y unos 800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, a lo que se sumaría un aumento de la precariedad laboral y la informalidad, teniendo en cuenta que los salarios no siguen el ritmo del encarecimiento de la canasta básica.

La perspectiva de nuevos intentos diplomáticos sigue vigente. El Hondureño Juan Flores, director de la Fundación 15 de Septiembre, atribuye parte de la situación a gestiones previas del gobierno hondureño, pero considera posible revertir la cancelación.

Exhorta a una ofensiva directa ante Washington. Sostiene que “es una oportunidad producto de la reunión del presidente Narra Fura con Trump, en la que se habló sobre el TPS”, en referencia a un reciente encuentro entre los presidentes de Honduras y Estados Unidos. Flores enfatiza que el fallo actual “no representa necesariamente la última palabra”, ya que existen procedimientos legales en marcha para disputar la medida.

Mirando al pasado, el TPS nació en respuesta a desastres naturales: en el caso de Honduras y Nicaragua, tras el devastador huracán Mitch de 1998 que provocó miles de víctimas y destruyó infraestructura; para Nepal, tras el terremoto de 2015. Aunque estaba diseñado como esquema temporal, con el tiempo permitió a decenas de miles de personas consolidar familias, viviendas y proyectos empresariales en Estados Unidos.

Su cancelación ahora no solo implica la posible separación de familias, sino la pérdida de patrimonio, ahorros y oportunidades de desarrollo, según plantean portavoces de las comunidades.

La voz de Itsmania Platero, defensora de derechos de los migrantes en Honduras, centra su análisis en. “No solo es la economía que está en juego en Estados Unidos, es el potencial, son 20 años del sudor de los tepesianos, son el capital que ellos tienen en los bancos, son sus empresas, es la separación de familias”, remarcó Platero. Argumenta que la nación cinco estrellas carece de infraestructura adecuada y no representa un país seguro para el retorno masivo de migrantes, aspecto clave en los debates judiciales abiertos en Estados Unidos.

El analista Roberto Murillo observa que la anulación del TPS ilustra la fragilidad de las políticas migratorias temporales ante cambios administrativos. Destacó que cuando falta respaldo legal permanente, decisiones como esta pueden generar un “efecto dominó” que trasciende al colectivo migrante, con impacto sobre el flujo de remesas y la estabilidad social en los países emisores. Instó a adoptar estrategias multilaterales para proteger a estas comunidades.

El desmontaje del TPS amenaza también a la estructura social en Estados Unidos, donde unas comunidades que han pagado impuestos, fundado empresas y generado empleo local, afrontan ahora la posibilidad de expulsión. Analistas coinciden en que si la cancelación avanza sin un plan alternativo, los efectos se reflejarán tanto en la vida de los afectados como en los indicadores migratorios, la estabilidad laboral y las relaciones diplomáticas regionales.

Para los expertos, el desenlace depende de la efectividad de los recursos legales y del alcance de las negociaciones bilaterales, mientras miles de familias esperan entre la incertidumbre y la amenaza a sus derechos, su sustento y la estabilidad de sus comunidades.