La denuncia por la contratación irregular de un bufete jurídico en Estados Unidos con fondos estatales hondureños ha expuesto una fractura institucional en la cúpula de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este enfrentamiento entre administraciones recobra vigencia ante la presión social por transparencia y por la posible intervención del Congreso Nacional y el Ministerio Público, instancias que ya evalúan exigir informes y auditorías respecto al destino de los 300 mil dólares involucrados.
En la etapa más reciente del conflicto, el exprocurador Manuel Díaz Galeas planteó un posible conflicto de intereses, al afirmar que el procurador actual, Dagoberto Aspra, podría haber representado a personas relacionadas con el caso tramitado en los tribunales estadounidenses. Díaz Galeas sostuvo: “Si el Procurador actual representa a alguno de los acusados mientras dirige la defensa del Estado, se estaría vulnerando la imparcialidad institucional. Esto debe ser evaluado”. Aunque tal afirmación carece de verificación oficial hasta el momento, ha añadido tensión a una disputa que ya abarca dimensiones legales, éticas y políticas.
La controversia inició cuando Aspra denunció públicamente que el predecesor en el cargo, Díaz Galeas, firmó el 26 de enero un contrato por 300 mil dólares con un bufete estadounidense, usando fondos del Estado. El pago se habría adelantado dos días más tarde, pese a que la demanda civil interpuesta en Estados Unidos tenía como destinatarios a varios funcionarios individuales del gobierno de Xiomara Castro, y no directamente al Estado de Honduras. Para Aspra, la contratación constituyó un abuso, pues el único objetivo del bufete era presentar una moción para desestimar la demanda o trasladarla a otro tribunal en Washington.
Desde la otra posición, Díaz Galeas rechazó las acusaciones en medios locales y argumentó que el proceso se ajustó tanto a las normas nacionales como internacionales y representó una estrategia de defensa del Estado frente a un reclamo multimillonario presentado por Paul Murray Farmer DRC. Según sus palabras: “Se trató de un proceso de defensa legal del Estado y no de beneficio personal. Nuestro objetivo era garantizar que Honduras no sufriera pérdidas económicas significativas”. Díaz Galeas afirmó que la demanda permanece activa y corresponde a los tribunales internacionales decidir su desenlace.
Especialistas consultados por Infobae subrayaron que el caso materializa las tensiones internas y externas que enfrenta la PGR, entidad clave encargada de la defensa judicial del Estado. Un jurista experto en derecho administrativo señaló a este medio: “Cada centavo del Estado debe estar respaldado por una causa legítima. El uso de 300 mil dólares para un litigio personal, aunque se argumente que protege al Estado, requiere supervisión, rendición de cuentas y aprobación formal”.
El caso ha impulsado a ciudadanos y organizaciones civiles a reclamar información detallada sobre el procedimiento de contratación del bufete en Estados Unidos y la justificación para el pago al contado. Al fondo del debate subyace la urgencia de mecanismos de control y transparencia: para Aspra, la operación no cumplió con reglamentos internos y sobrepasó los límites de gasto discrecional de la PGR; para los analistas políticos consultados por Infobae, estos enfrentamientos institucionales exhiben la fragilidad de los órganos de control estatales y el riesgo de que tal disputa afecte la credibilidad del aparato público ante organismos internacionales y la sociedad.
La trayectoria de la Procuraduría muestra antecedentes de señalamientos por manejo opaco de recursos y contratos de representación legal, especialmente en litigios internacionales donde han derivado sanciones y controversias. El episodio actual renueva el debate sobre la necesidad de protocolos claros para la contratación de abogados extranjeros, sobre todo cuando hay sumas millonarias en juego y los beneficiarios directos son funcionarios aún en ejercicio o recién salidos del aparato estatal.
Al cierre, la PGR encabezada por Aspra está considerando auditorías internas y podría elevar el caso tanto a instancias nacionales como estadounidenses para dirimir si existió uso indebido de fondos públicos y qué responsabilidades penales y administrativas corresponderían.
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