El nuevo Congreso Nacional de Honduras asumirá funciones el 25 de enero de 2026 en medio de una exigencia social y empresarial para impulsar transformaciones estructurales determinantes para la estabilidad democrática y el combate a la corrupción.
La atención se concentra en el primer año de labores, periodo que diversos sectores consideran fundamental para encaminar reformas profundas en la arquitectura legislativa, el sistema electoral, la economía y la institucionalidad.
En las semanas previas a la instalación, destaca la expectativa en torno al futuro de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Durante el mandato legislativo saliente no fue posible establecer un acuerdo definitivo con Naciones Unidas, limitándose únicamente a ampliar el memorando de entendimiento vigente. Esta ausencia ha sido catalogada por observadores como una deuda central en la agenda de lucha anticorrupción.
Varios sectores recuerdan la experiencia anterior con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), expulsada bajo el Congreso del Partido Nacional.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos afirmó que la nueva legislatura deberá debatir la creación de una ley tributaria renovada, que, a diferencia de propuestas previas, promueva la equidad fiscal y garantice la sostenibilidad económica, sin cargar excesivamente a sectores productivos específicos.
Según Barrientos, este enfoque resulta clave para asegurar que el diseño fiscal del país se acople a las necesidades actuales de crecimiento.
La agenda de prioridades se ensancha con demandas del sector privado. Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instaron al próximo Congreso a modificar o eliminar normas que obstaculizan la inversión.
La falta de certeza jurídica y la existencia de trabas legales, señalan, ha restringido la llegada de capital nacional y extranjero, afectando la creación de empleos y el desarrollo económico.
Diversos analistas de derechos humanos coinciden en que un entorno de mayor inversión puede traducirse en reducción de la pobreza, menor migración irregular e incidencia recortada del crimen organizado sobre la sociedad hondureña.
En el plano estructural del Legislativo, el defensor de derechos humanos Andrés Pavón subrayó que uno de los retos iniciales consistirá en revisar el reglamento interno del Congreso Nacional.
Según Pavón, la falta de reglas que garanticen una participación equitativa de todas las fuerzas políticas “ha generado tensiones y cuestionamientos sobre la toma de decisiones durante el periodo saliente”. La reforma a la Ley Orgánica del Congreso permitiría, en su opinión, “mayor democratización del debate legislativo”, apertura en la integración de comisiones y transparencia al aprobar nuevas leyes.
En el rubro electoral, el calendario legislativo prevé la discusión de reformas postergadas que, históricamente, han quedado relegadas a negociaciones de último momento, lo que sustenta la desconfianza y da paso a conflictos interpartidistas.
Entre las propuestas más urgentes destaca la posible adopción del balotaje presidencial (segunda vuelta electoral). El debate adquirió fuerza tras los recientes comicios, donde la diferencia ajustada entre los dos primeros candidatos sirvió de pretexto para impugnar los resultados y paralizar formalmente la declaratoria.
Sectores consultados sostienen que discutir estas reformas desde el inicio legislativo permitiría darle previsibilidad y legitimidad al proceso.
Otra cuestión a debate gira en torno al artículo 272 de la Constitución de la República, que designa a las Fuerzas Armadas como garantes del sufragio y de la alternancia en el poder. La revisión de esta disposición responde al papel asumido por los militares en el último proceso electoral y ha abierto interrogantes sobre la delimitación de sus funciones dentro del marco democrático vigente.
El cambio de Congreso Nacional en Honduras representa una oportunidad clave para que el país avance hacia un sistema legislativo más inclusivo, capaz de atender simultáneamente las demandas de transparencia, fortalecimiento institucional, incentivos productivos y garantías en los procesos electorales.
El éxito o fracaso de esta etapa inicial, según coinciden especialistas y partes interesadas, condicionará el rumbo político y social de Honduras en los próximos años.
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