La arquitectura de un golpe programado y el plan perverso de la dictadura para montar una máquina de represión, tortura y muerte

La planificación del golpe de Estado tomó al menos seis meses de organización activa por parte de las Fuerzas Armadas. El tiro de gracia, o el punto de partida para el quiebre del orden constitucional, lo proporcionó el decreto 2770-2/75 que el día 6 octubre de 1975 firmaron el presidente interino, el senador Ítalo Luder, y los ministros del gabinete, acto rubricado bajo la presión de los comandantes militares. Se consumó en la Casa Rosada un día después del ataque montonero al Regimiento 29 de Formosa.

El decreto autorizaba a las Fuerzas Armadas “a ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accionar los elementos subversivos en todo el territorio del país”. En los hechos, trasladó toda la estructura represiva del Estado a la cúpula militar.

A partir de aquel día se sucedieron decretos, modificaciones reglamentarias y directivas secretas que fueron organizando la represión, mientras en el discurso público las Fuerzas Armadas continuaban proclamando su “prescindencia política” y la “fidelidad al orden constitucional”. Se estaban organizando.

En octubre de 1975, la primera directiva del Ejército estableció a Tucumán, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe como áreas prioritarias para “detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”. Durante ese mismo mes se modificó el Reglamento Militar. Su idea rectora era “aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren”.

También se estableció que no habría encuadramiento legal, con trato de “prisioneros de guerra”, para los “elementos subversivos”. De este modo, el Ejército intentaba prevenirse de reclamos por violación a los acuerdos de la Convención de Ginebra, que prohíbe torturas, fusilamientos y desapariciones.

En el nuevo Reglamento Militar afirmaba: “La acción militar es siempre violenta y sangrienta”, por lo cual, “cuando las FFAA entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones. Las órdenes deberán aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos”.

La modificación del Reglamento Militar también estableció la creación de centros clandestinos de detención. Se los mencionaba con LRD, “lugar de reunión de detenidos”. Indicaba que el “sospechoso” sería detenido en base a informes de inteligencia y trasladado al LRD para interrogarlo, sin posibilidad de defensa legal.

Los centros clandestinos ya formaban parte de la estructura represiva del “Operativo Independencia”, constituido en Tucumán desde febrero de 1975. Ocho meses después, comenzarían construirse en el interior de guarniciones. Uno de ellos fue la cárcel militar de “La Ribera”, en Córdoba. También se crearía “La Perla”, a doce kilómetros de la capital de esa provincia. En la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) se iniciarían las refacciones internas para la conformación de su campo de concentración.

Durante el gobierno de Isabel Perón ya había seis centros clandestinos “operativos”. En 1976 funcionaron 365. Luego, tras años de investigaciones judiciales, se estableció que la represión ilegal utilizó 814 centros clandestinos en todo el país, considerando también los de las fuerzas de seguridad.

El plan de la Marina

La Armada creó su protocolo interno para el “combate a la subversión” en noviembre de 1975. En su Plan de Capacidades Internas (Placintara) marcaba fases “defensivas” (preservación de instalaciones y personal de la institución) y “ofensivas” (hostigamiento, inteligencia previa, selección del objetivo y detención de personas) para destruir al “oponente subversivo”.

La fuerza naval se propuso acabar con la “subversión y sus ideólogos” con “patrullas de allanamiento” de 15 hombres, que incluía también a otros miembros de fuerzas de seguridad. El Plan funcionaba como un manual operativo para los “allanamientos”. Según la descripción, los “subversivos” debían desalojar su casa por el frente y con las manos en alto. Si esta orden no se cumplía, los miembros de la patrulla debían rodear el objetivo y batir a fuego puertas y ventanas a fin de “evitar fugas”.

Para los detenidos en procedimientos, la Armada preveía la creación de una instancia denominada “guardia transitoria”, que funcionaría como un centro clandestino de detención, hasta que se resolviera su destino. El detenido podría ser juzgado por un tribunal militar, derivado a la autoridad policial, a una cárcel común –a disposición del Poder Ejecutivo-, decidir su libertad o mantenerlo secuestrado. No tenía posibilidad de defensa legal.

La Fuerza Aérea fue la última en incorporarse al plan del golpe de Estado. Fue a partir del pase a retiro obligado del brigadier Héctor Fautario, el 22 de diciembre de 1975, tras una rebelión interna de la propia fuerza. Fautario se había opuesto a la interrupción institucional.

El centro clandestino de mayor relieve de la Fuerza Aérea fue la “Mansión Seré”, en Morón.

Los técnicos interrogadores del 601

La clave para la represión ilegal se asentaba en la inteligencia, un área a cargo del Batallón 601, dependiente del Ejército. El edificio, ubicado en Callao y Viamonte, en Buenos Aires, había albergado en su sótano al cadáver de Evita, antes de ser trasladado a Italia en 1957.

El Batallón de Inteligencia 601 era un centro incesante de flujo informativo. Estaba a cargo del coronel Alfredo Valín. A partir de la directiva secreta 404/75 del Ejército, conformó su “comunidad informativa”, en la que confluían los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, las de seguridad y de la SIDE.

El 601 concentraba a la elite de la inteligencia militar. Sus agentes estaban formados para la infiltración en fábricas, universidades, sindicatos, ámbitos culturales, sociales. Lo hacían desde varios años antes. La información que recababa “la comunidad informativa” se evaluaba en la Sala de Reunión, en el sexto piso del edificio.

El Batallón 601 disponía de “técnicos de inteligencia” –militares y civiles- que servían de apoyo para “interrogar” a un detenido ilegal en un procedimiento. Los “técnicos” permanecían de guarda por la noche si algún “grupo de tareas” requería de sus servicios para un extraer información.

La información producida se analizaba en la Sala de Situación, que elaboraba un informe sobre el detenido que luego se derivaba a los Comandos de Zona. Cada uno de estos Comandos dependían de los cincos cuerpos del Ejército, donde finalmente se decidía el destino del secuestrado.

En febrero de 1976, el “Plan del Ejército” estableció que los detenidos ilegales estarían incomunicados y a disposición de la Junta de Comandantes, y no habría para ellos posibilidad de justicia.

El plan también delimitó a sus enemigos: organizaciones gremiales del peronismo ortodoxo y del peronismo combativo, distintos frentes de izquierda, agrupaciones estudiantiles y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que asignaban peligrosidad por “su definida prédica socializante”. También preveía la detención de las autoridades provinciales, funcionarios públicos, legisladores, la suspensión del derecho a huelga, de los fueros sindicales y la actividad política. Las embajadas comenzaron a ser controladas para evitar el asilo político.

Hasta que llegó el “Día D”, la madrugada del 24 de marzo de 1976. La orden de represión comenzó a ejecutarse. Los centros clandestinos comenzaron a recibir secuestrados. La máquina de matar, tras meses de planificación, se puso en marcha.