Cómo un juicio olvidado rescató a Juana de Arco y la convirtió en mito

Juana de Arco, juicio de 1431, juicio de 1456, dossier legal, Charles VII, Henry VI, Rouen. Estos nombres y términos clave marcan el eje de la extraordinaria documentación que rodea a una de las figuras más controvertidas de la historia europea.

El 21 de febrero de 1431, Juana de Arco compareció ante un tribunal compuesto por cuarenta y tres miembros encargados de interrogarla sobre cuestiones de fe. Poco más de cuatro meses después, fue declarada culpable de herejía. Aunque accedió a firmar un documento de abjuración, fue sentenciada a cadena perpetua.

Los funcionarios que la visitaron en su celda descubrieron que Juana había desobedecido una orden al usar ropa masculina. Más allá de lo que vestía, lo decisivo fue que ella misma anunció que ya no sostenía su abjuración y que la había firmado solo por el miedo al fuego.

Esta confesión condujo a su desenlace: el 30 de mayo de 1431, ante una multitud en el Viejo Mercado de Rouen, Juana fue excomulgada por reincidir en herejía y la Iglesia la entregó a las autoridades seculares que representaban a Henry VI, el proclamado rey de Francia e Inglaterra. Así fue condenada a morir en la hoguera.

Cartas reales, opiniones religiosas, sermones, poesías, además de cartas personales, diarios y relatos de viaje, documentan con detalle la vida de quien, conocida como “la Doncella”, aseguraba haber recibido el mandato de Dios para restituir al delfín Valois, Charles VII, en el trono francés. Quienes propiciaron su muerte intentaron acallar cualquier debate futuro sobre su figura. Sucedió lo opuesto: su ejecución avivó una disputa sobre cómo debía recordársela.

El juicio de 1431: proceso y condena

Desde su primer encuentro con el exiliado Charles VII en la primavera de 1429, la figura de Juana fue objeto de debate en toda Europa. Pancrazio Giustiniani, un joven italiano residente en Brujas, escribió a su padre en Venecia semanas antes del triunfo de Orléans, en mayo: comentaba las bromas en torno a la doncella que decía tener origen divino, pero admitía que finalmente, como todos, “se quedó en suspenso ante esa mujer”.

Mientras los teólogos y políticos la tomaban muy en serio, un primer informe conocido como las Conclusiones de Poitiers difundió el análisis de un grupo de religiosos, convocados por Charles VII, para determinar si debía enviarla con un ejército a Orléans. Tras seis semanas de entrevistas, concluyeron que, aunque Juana se había presentado vestida como hombre y reclamando liderar tropas, mostraba todas las virtudes femeninas esperadas en una buena cristiana.

Resaltaron su bondad, humildad, virginidad, devoción, honestidad y sencillez, pero no hallaron milagros como prueba de su condición de mensajera divina. Para no arriesgarse a ofender a Dios, sugirieron al delfín que la enviara a Orléans.

En el verano siguiente, tras la victoria en Orléans, la poetisa Christine de Pizan, aliada de los Valois, otorgó a Juana la autoridad que le fue negada en Poitiers. En su poema de 488 versos titulado Ditié of Joan of Arc, Christine escribió que “ella fue enviada milagrosamente por mandato divino”.

Los partidarios de Henry VI llamaron a Juana “falsa bruja” en las Chronicles of London, y la Universidad de París—bajo control inglés—emitiendo un dictamen sobre “Espíritus buenos y malos”, afirmaba que, en la liberación de Orléans, Juana no habría sido asistida por el Espíritu de la Verdad, sino por fuerzas contrarias.

La coronación de Charles VII tras el triunfo de Orléans, atestiguada en manuscritos de la Bibliothèque nationale de France, consolidó la dimensión política y religiosa de Juana.

Cuando fue capturada en la primavera de 1430, el debate sobre su figura pasó a ser una disputa legal. Henry VI solicitó al obispo de Rouen, Pierre Cauchon, que investigara las conductas heréticas de Juana, alegando que ella había sido acusada de supersticiones, dogmas falsos y otros crímenes.

Las primeras indagaciones durante el invierno anterior culminaron en la acusación formal de herejía y, finalmente, en la sentencia de muerte.

En vez de apagar los argumentos en torno a Juana, el proceso de 1431 provocó un segundo juicio eclesiástico veinticinco años después. Esta vez, al poco tiempo de que Charles VII recuperara Rouen en noviembre de 1449, Guillaume Bouillé, profesor en la Universidad de París, pidió autorización al rey para abrir una investigación sobre el caso de Juana.

Bouillé reunió pruebas suficientes para justificar un proceso legal que se prolongó durante cinco años. En 1456 el nuevo juicio declaró que el tribunal anterior actuó con corrupción y restauró la reputación de Juana. Fue reconocida como víctima inocente de prejuicio partidista. El proceso de 1456 se conoce actualmente como juicio de rehabilitación.

Ambos tribunales se empeñaron en que sus veredictos tuvieran peso duradero. Cada uno ordenó la creación de un dossier legal divulgado en numerosas copias para que autoridades eclesiásticas y laicas pudieran consultar los documentos. Creían que estos archivos asegurarían la legitimidad de sus fallos, pero en realidad propiciaron un debate que se extiende hasta la actualidad.

Disputa sobre la memoria de Juana de Arco

Tras la ejecución de Juana, el obispo Cauchon mandó elaborar varias copias exactas del archivo de su juicio de 1431. Este archivo incluye una traducción al latín de las actas originales francesas, con un relato diario resumido de los interrogatorios. Solo en ocasiones se citan de manera literal las respuestas de Juana. Por ejemplo, en su primera protesta durante los interrogatorios, la respuesta del obispo fue que sus intentos de fuga la hacían poco fiable. El archivo resume la reacción de Juana:

Ella replicó que no aceptaba esa prohibición, agregando que, si escapaba, no podía serle reprochado el haber roto un juramento nunca pronunciado. Luego se quejó de estar encadenada y en grilletes de hierro.

Sin embargo, a la objeción del obispo, el registro consigna una frase incriminatoria de Juana: “Es cierto que en otro lugar quise escapar y todavía lo haría, como es lícito para toda persona encarcelada”.

Junto al acta traducida, que es solo una parte del archivo oficial de 1431, el dossier legal incluye cartas sobre la transferencia de Juana de Henry VI a la Iglesia, nombramientos de miembros del tribunal, opiniones jurídicas, la lista de acusaciones, una copia de la abjuración, dos sermones y testimonios bajo juramento de quienes presenciaron sus últimos momentos.

El archivo de 1431 podría haber consolidado la infamia de Juana, si no fuera por un grupo de eclesiásticos que, con el retorno triunfante de Charles VII a París en 1436, retomaron su causa. En 1450, Bouillé condujo una investigación preliminar. Si bien se discute por qué Charles VII consintió esta acción tras aparentemente haber abandonado a Juana, quizás temía que el cargo de herejía minase su legitimidad.

Aceptó la investigación y Bouillé entrevistó a numerosos testigos presenciales del primer juicio. Bouillé concluyó que los jueces de 1431 “cometieron muchos errores y abusos”, logrando que Juana fuese ejecutada “de manera muy cruel, inicua y contraria a la razón”. Con cautela, Charles VII consultó al papa, y una bula de Calixto III instituyó la pesquisa formal que llevó al segundo juicio.

Se recopilaron 135 testimonios entre 1452 y 1456. El fallo del 1456 declaró que los procedimientos de 1431 “contenían engaños, calumnias, contradicciones y errores evidentes de derecho y de hecho”, anulando así la condena.

Al igual que el tribunal anterior, el de 1456 ordenó crear un dossier legal nuevo, casi cuatro veces más extenso que el anterior. Aparte de los argumentos jurídicos y una lista inicial de noventa y cinco cargos presentados contra el proceso del 1431, se recogieron testimonios de quienes conocieron a Juana en su niñez, compañeros de armas, habitantes de ciudades liberadas y algunos que participaron en el primer juicio.

Se distribuyeron copias a gobernantes europeos y una versión quedó al alcance del público en la biblioteca de Notre Dame. Para sentar precedentes, la corte mandó que se destruyera una copia del expediente de 1431, aunque algunas versiones del nuevo incorporaron registros del proceso anterior.

Ambos tribunales recurrieron a archivos jurídicos para defender sus sentencias y controlar la imagen pública de Juana. El expediente de 1431 comenzaba con la advertencia del obispo Cauchon sobre la necesidad de investigar a Juana por “ignorar el honor del sexo femenino y atreverse a realizar, decir y difundir muchas cosas contrarias a la fe católica”.

El de 1456 contestó mediante el dictamen papal que indicaba que Juana “no sostuvo creencias, afirmaciones ni declaraciones heréticas” y que había sido juzgada por intereses particulares y no por justicia.

Los dos expedientes judiciales, hoy herramientas fundamentales para investigadores y creadores, han servido para reconstruir una y otra vez su historia. Incluso en los archivos de la Bibliothèque nationale de France se conservan ejemplares de estos documentos, que desde entonces han influido en todo tipo de relatos, convirtiendo los datos judiciales en fuente de debate y reinterpretación por siglos.