La siniestra historia de un emblemático centro clandestino de detención: "Estás en La Cacha, por Cachavacha, la bruja que hace desaparecer personas"

Para fines de abril de 1977, Ricardo Victorino Molina -Pancho para sus compañeros y también para sus secuestradores – tenía pocas esperanzas sobre su futuro. Llevaba más de diez días tirado sobre una colchoneta, encadenado a la pared, encapuchado, con el cuerpo marcado por la tortura. Fue entonces cuando uno de los "Carlitos", como les decían los secuestrados a los guardias, pronunció una frase que quedó grabada en su memoria:

–¿Saben dónde están, terroristas, zurdos de mierda? Están en La Cacha, de la Bruja Cachavacha, que hace desaparecer personas – gritó.

El grito rebotó en las paredes y se metió entre los tabiques que separaban, uno por uno, a los diez o doce detenidos que había en la planta baja de la construcción. Con el tiempo, Molina llegaría a descubrir que también había un sótano y un primer piso, pero a él nunca lo llevaron allí.

Cuando lo secuestraron la noche del 14 de abril de 1977 en las afueras de La Plata, Pancho tenía 28 años, integraba la Comisión Interna de Kaiser Aluminio y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Su testimonio, junto con el de otros sobrevivientes, permitió juzgar y condenar a los responsables mediatos e inmediatos de La Cacha, un centro clandestino de detención que funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y que constituye un caso emblemático de la represión ilegal –porque operaban miembros de distintas fuerzas- tanto por su estructura operativa como por la forma de hacer inteligencia.

La Cacha fue creada en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió al objetivo de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura cívico-militar. A fines de 2013, cuando se instruía el juicio, uno de los autores de esta nota tuvo acceso a documentación hasta entonces desconocida sobre su estructura y funcionamiento.

Un CCD muy sofisticado

A principios de 1977 la vasta geografía de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa se hallaba bajo la jurisdicción militar de la Zona I dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, en ese entonces al mando del general Guillermo Suárez Mason. La línea de comando se continuaba en la Subzona 11 y finalizaba en el Área 113 para los partidos de La Plata, Brandsen, General Paz y Monte.

Los mandos del Ejército -que tenían "la responsabilidad primaria en el esfuerzo de inteligencia en la lucha contra la subversión"- instrumentaron en esta área varios centros clandestinos de detención, el COT1 en Martínez, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, Arana en las afueras de La Plata, la Comisaría Octava y la Brigada de Investigaciones en La Plata y la Cacha (también conocida como "el Casco" por algunos represores de otras jurisdicciones). Esta última estaba ubicada en Lisandro Olmos, en terrenos donde todavía funciona la Unidad Carcelaria Número 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense "Lisandro Olmos".

En todos ellos, los represores de las Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarios y civiles ejercieron un poder de vida o muerte a fines de "neutralizar y aniquilar al oponente" que eran "todas las organizaciones o elementos integrados en ella, existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que 'de cualquier forma' se opongan y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar".

La función de las unidades de inteligencia militar –que en el área 113 estaban a cargo del Destacamento de Inteligencia 101, en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, al mando del coronel Alejandro Arias Duval– fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando "blancos", determinando el orden de los detenidos, asignándole un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo: se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas.

La captura

Todo comenzaba con una operación que era casi siempre igual a sí misma, un procedimiento mecánico: un grupo operativo (llamados Grupo de Acción Especial, GAE en la terminología de la inteligencia militar) formado por seis u ocho personas armadas se desplazaba en dos o tres automóviles hacia una "zona verde" o "zona libre" donde irrumpían violentamente en un domicilio –generalmente de noche- y secuestraban a un hombre, una mujer, una familia entera, un adolescente, un anciano, un "objetivo" previamente confirmado a través de una precisa cadena de mandos precisa.

En sus declaraciones a la CONADEP, el suboficial del Ejército Orestes Vaello (Legajo Conadep 3675) describió minuciosamente (y aportó copias de las fichas que los destacamentos de Inteligencia militar usaban para determinar y controlar la acción represiva sobre sus objetivos).

Luego del secuestro, el paso siguiente era el traslado del "paquete" -como llamaban a las víctimas los miembros de las patotas- al lugar prefijado, un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos), un centro clandestino de detención, donde otra rutina, siniestra e inhumana, se ponía en marcha: el interrogatorio bajo diversas formas de tortura y el cautiverio por días, semanas y meses en condiciones de privación sensorial (encapuchados), atados o encadenados, mal alimentados y en precarias condiciones de salud por la tortura y la falta de higiene.

En La Cacha esta metodología alcanzó un grado extremo de sofisticación.

La cueva de la bruja

Según los relatos de los sobrevivientes, el nombre "La Cacha" estaba referido al personaje de Hijitus, la bruja Cachavacha, que tenía una escoba que "hacía desaparecer gente".

La dinámica interna de este centro clandestino se caracterizó básicamente por dos aspectos novedosos con respecto a otras dependencias para alojar a detenidos desaparecidos: era un centro "interfuerzas" donde actuaban el Ejército, la Marina y personal penitenciario en forma relativamente independiente; en él se aplicaron técnicas de reunión de información más sofisticadas que en otros centros y, un aspecto tenebroso, algunos de sus interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en agentes civiles de inteligencia.

La creación de La Cacha es indicativa de un momento –desde diciembre de 1976, nueve meses después del golpe del 24 de marzo- en el que las fuerzas represivas buscaban hacer más eficiente, más "científico", el trabajo de inteligencia apuntando no sólo respecto de la obtención de información de uso "táctico" sino a una perspectiva de más alcance: obtener la colaboración activa y el "quiebre" ideológico de algunos detenidos.

Las patotas secuestraban a "los objetivos" y los entregaban al personal de guardia o al grupo de interrogadores de la fuerza que correspondía. Una vez concretadas las sesiones de tortura, el secuestrado era custodiado por guardias que hacían turnos de 24 x 48 horas y eran alternativamente pertenecientes a alguna de las fuerzas mencionadas. Estos guardias tenían vedado interrogar o interactuar con los detenidos, que "pertenecían" a quienes los habían "levantado".

En la práctica, esta compartimentación no siempre se respetaba y debido a ello existía cierto intercambio, cierto diálogo con algunos guardias. Esa fue la base de información valiosa para la instrucción de la causa judicial. Pero también es cierto que muchas de estos intercambios eran promovidos por los agentes civiles de inteligencia que hacían guardia en la Cacha con el objeto de ganarse la confianza de los secuestrados y extraer información.

Arquitectura de un infierno

El edificio constaba de un sótano, una planta baja y un primer piso. Se sabe -por testimonios de sobrevivientes- que en el entrepiso entre la planta alta y la planta baja, donde los prisioneros permanecían encadenados, se habían instalado grabadores. Esto fortalece la presunción de que la relativa flexibilidad que mostraban algunos guardias era parte de una maniobra destinada a obtener información no solo en base a la presión del maltrato y la tortura sino también al clásico juego del "policía bueno" o a los diálogos entre los detenidos cuando éstos suponían que no estaban siendo vigilados.

Otro aspecto indicativo de la combinación de diversas técnicas de inteligencia fue la participación activa de secuestrados "quebrados" que colaboraban con los represores en la obtención de información, incluso durante las sesiones de tortura, cotejando los dichos de las víctimas con su propia información y orientando a los interrogadores en las preguntas.

También entrevistaban detenidos en interrogatorios sin tortura planteando discusiones en torno a cuestiones políticas e ideológicas, mostrando las ventajas de transformarse en colaborador, de cambiar de bando.

"Cachavacha Superstar"

Uno de los rumores que circulaban por la Cacha –seguramente promovido por los represores- aludía a la existencia de una "Cacha o Cachavacha Superstar". Se refería a un lugar retirado, supuestamente una quinta donde irían algunos de los secuestrados una vez superada la instancia de la tortura.

Los rumores aludían a personas menos comprometidas que irían a la "Cachavacha Superstar" para recibir un régimen más benigno, con visitas de familiares, sin maltratos ni privaciones, un módico Paraíso después del infierno al que supuestamente eran trasladados algunos de los detenidos que habían colaborado.

La realidad contradice ese rumor: no hay noticias de que ninguno de los trasladados a ese lugar haya sobrevivido.

Condenados y víctimas

A fines de octubre de 2014, el TOF 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, condenó a prisión perpetua a los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón; el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda; el ex agente penitenciario Héctor "el Oso" Acuña; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex jefe de la Unidad Regional La Plata, Horacio Elizardo Luján; y el jefe del Servicio de Calle de esa repartición, Julio César Garachico. En tanto, el ex civil de inteligencia del Ejército, Rufino Batalla, fue condenado a 13 años de prisión, al igual que sus colegas Claudio Grande y Raúl Espinoza; y el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión.

A partir de testimonios de sobrevivientes, la Justicia pudo reconstruir una lista con 136 víctimas identificadas que pasaron por La Cacha mientras ésta estuvo en funcionamiento. Se calcula que hay más de doscientas víctimas más sin identificar.

Cuando los militares decidieron desactivarla intentaron también destruir todo vestigio de su existencia. Apenas quedaron los cimientos, que con el tiempo quedaron casi cubiertos. Un paciente trabajo de investigación permitió reconstruir su estructura y hoy funciona allí un Sitio de la Memoria.

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