Guatemala: Los siete policías vinculados al caso del exfiscal Solorzano Foppa declararán el 26 de octubre por la presunta plantación de una carabina

Siete policías de la PNC declararán el lunes 26 de octubre por la presunta siembra de una carabina entre las pertenencias de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, detenidos tras el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. La audiencia, fijada para las 9:00 en el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales, definirá si los agentes siguen en prisión preventiva o enfrentan el proceso en libertad.

Los siete efectivos permanecen en las carceletas de la Torre de Tribunales desde su captura, ocurrida el viernes 23 de octubre durante diligencias impulsadas por el Ministerio Público. Un juez les comunicó los motivos de su detención al día siguiente, en una audiencia a puerta cerrada.

Los detenidos fueron identificados como Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D. Entre ellos hay un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes asignados a la Comisaría 13.

Cuatro delitos y siete órdenes de aprehensión

Los policías enfrentan señalamientos por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala emitió las siete órdenes de aprehensión.

Carlos Cuéllar, abogado defensor de uno de los sindicados, confirmó que los agentes ya conocen los cargos. Explicó que la defensa solicitó que no fueran enviados a una cárcel pública porque su condición de policías podría poner en riesgo sus vidas.

La jueza de turno autorizó que siguieran en las carceletas mientras avanza el proceso. La primera declaración judicial deberá determinar las medidas que afrontarán durante la investigación.

Las pesquisas se originaron el 17 de octubre, cuando Solórzano Foppa y el judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado en el Campo Marte, en la zona 5 de la capital. Minutos después, agentes de la Comisaría 13 reportaron la detención de los hermanos Choc Toz, de 30 y 18 años, y el decomiso de un arma de fuego.

El Ministerio Público sostiene que la carabina fue colocada irregularmente entre los objetos de los detenidos, capturados en la zona 16 como sospechosos del doble homicidio. Las sospechas de manipulación de la escena llevaron a allanamientos, inspecciones, registros y al secuestro de pruebas en 11 inmuebles de distintos departamentos.

Las diligencias alcanzaron la Comisaría 13 y la sede del Distrito Central de la Policía Nacional Civil. Los fiscales también revisaron el 22 de octubre la autopatrulla GUA 13190, que presuntamente trasladó a los hermanos luego de su captura, incluido el interior, el exterior y la bahía del motor.

El traslado a una subestación y la liberación de los hermanos

Los hermanos Choc Toz fueron llevados a una subestación policial pese a que el protocolo establecía que debían ser trasladados directamente a la Torre de Tribunales. El subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, reconoció irregularidades durante una citación ante diputados el 21 de octubre.

El funcionario afirmó que los cambios de recorrido y los transbordos entre autopatrullas no fueron comunicados a los mandos superiores. “De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan. Al no llegar la información directa a nosotros, en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando”, declaró Jacinto ante los legisladores, según Infobae.

Un juez dictó falta de mérito a favor de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz y ordenó su liberación por considerar insuficientes los indicios que los vinculaban con el ataque. La defensa cuestionó el origen de la carabina y afirmó que ambos repartían comida a domicilio cuando fueron detenidos.

La PNC había indicado inicialmente que el arma estaba registrada a nombre de un particular y que no tenía reporte de robo. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre la posible alteración de pruebas y las circunstancias de las dos muertes.

“Ningún cargo, uniforme o posición jerárquica puede servir de escudo frente a la investigación penal”, afirmó el Ministerio Público al advertir que modificar pruebas, encubrir responsabilidades u obstaculizar el esclarecimiento de los hechos puede provocar nuevas acciones penales.

El Ministerio de Gobernación anunció el 20 de octubre una revisión de la estructura, conducción y funcionamiento de la fuerza policial. El director general de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó que varios efectivos y el jefe de la Comisaría 13 fueron apartados de sus cargos, mientras la Inspectoría General inició pesquisas administrativas internas.