El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses en el exilio no recibió una respuesta favorable o fue denegado, según un estudio presentado el miércoles 21 de octubre en Madrid, que expone cómo la falta de documentos deja a cientos de personas sin posibilidades de regularizar su situación fuera de Nicaragua.
La encuesta incluyó a 41 nicaragüenses residentes principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Solo una persona informó haber obtenido un resultado positivo en sus gestiones ante las sedes diplomáticas, informó Divergentes.
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El relevamiento fue elaborado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International, y se presentó durante el conversatorio “La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea”.
El 48.7% de las personas consultadas evita acudir a los consulados nicaragüenses por temor a represalias contra ellas o sus familiares que permanecen en Nicaragua. Otro 24% intentó regresar al país, pero se le impidió el ingreso.
La investigación registró seis casos en los que aerolíneas prohibieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones que, de acuerdo con el estudio, procedían del régimen sandinista.
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El cuestionario digital se aplicó entre septiembre de 2025 y enero de 2026 e incorporó 21 variables, con preguntas de selección múltiple y respuestas abiertas. La mayoría de los encuestados considera que la salida más urgente para recuperar seguridad jurídica no es renovar sus documentos nicaragüenses, sino acceder a una nueva nacionalidad.
El 75% señaló la obtención de otra ciudadanía como la principal respuesta a su situación, frente al 46% que priorizó la renovación de documentos emitidos por Nicaragua.
La dificultad para conseguir pasaportes, certificados y otros papeles ocurre en una diáspora que creció tras las protestas de abril de 2018 y la posterior represión estatal. En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que más de 108,000 nicaragüenses habían abandonado el país desde el inicio de la crisis; dos tercios se dirigieron a Costa Rica.
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Una comunicación de expertos de Naciones Unidas publicada en 2025 elevó la dimensión del éxodo: alrededor de 800 mil nicaragüenses habían salido del país desde 2018, muchos de ellos por temor a la persecución y con necesidad de protección internacional.
La apatridia de facto ante pasaportes vencidos
Las organizaciones califican esta situación como “apatridia de facto”: personas que mantienen formalmente la nacionalidad nicaragüense, pero no logran renovar el pasaporte ni obtener documentos esenciales cuando los necesitan en los países donde residen.
El fenómeno es distinto de las desnacionalizaciones aplicadas desde febrero de 2023 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otras voces críticas.
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El 9 de febrero de ese año, 222 presos políticos fueron excarcelados, enviados a Estados Unidos y luego privados de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron desnacionalizadas, según Divergentes.
En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron liberados y trasladados a Guatemala. Cinco días más tarde, la justicia nicaragüense ordenó retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 453 nicaragüenses privados de su ciudadanía y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ese total, 153 eran líderes de movimientos políticos, sociales o defensores de derechos humanos, mientras que 44 pertenecían a comunidades religiosas.
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La CIDH consideró que esas decisiones constituyeron una privación arbitraria de la nacionalidad y advirtió que estuvieron acompañadas por confiscaciones de bienes, cancelaciones de registros civiles y otras restricciones de derechos.
José Denis Cruz, periodista nicaragüense exiliado en España y coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, vinculó la falta de documentación con una política de persecución estatal. “La crisis migratoria y el desplazamiento forzado de los nicaragüenses no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada de persecución y desmantelamiento de la identidad jurídica por parte del régimen de Ortega y Murillo”, afirmó en declaraciones recogidas por Divergentes.
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La solicitud de nacionalidad española para periodistas exiliados
Durante el encuentro en Madrid, las organizaciones solicitaron al Gobierno español que resuelva la petición de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en situación de apatridia de facto.
“Pedimos a España que atienda de manera urgente la solicitud formal de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por el grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en apatridia de facto”, dijo Cruz. La solicitud cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras.
Recientemente, España concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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España también ha recibido a 1,400 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica a través del Plan Nacional de Reasentamiento. Para las dos organizaciones, esas medidas no cubren a quienes conservan la nacionalidad nicaragüense en los registros, pero no pueden acceder a la documentación que necesitan.
La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros que coordinen mecanismos de protección, flexibilicen los requisitos documentales, armonicen los procedimientos entre países europeos y garanticen vías seguras para las personas sin protección efectiva de Nicaragua.
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