
El arma que los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz denunciaron como presuntamente implantada tras su captura está inscrita a nombre de un particular y no tiene reporte de robo, según afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Esvin Jacinto.
Jacinto compareció este miércoles 21 de octubre ante los diputados José Chic y Luis Javier López, quienes dan seguimiento al caso del asesinato del fiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.
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Durante la citación pidieron explicaciones por las circunstancias de la detención de los dos hermanos, ocurrida poco después del ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de Ciudad de Guatemala.
El funcionario sostuvo que el arma incautada está registrada legalmente, aunque indicó que corresponde al Ministerio Público (MP) establecer quién es su propietario, cómo llegó a la mochila atribuida a los detenidos y si tiene relación con el doble homicidio.
“Está registrada y no tiene reporte de robo”, dijo Jacinto ante los legisladores. La declaración se produjo en medio de cuestionamientos al procedimiento policial y después de que un juzgado resolvió falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz.
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La PNC había informado tras la detención que los dos hombres llevaban una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico dentro de una mochila que, según su versión, utilizaban para trabajar como repartidores.
Ambos negaron estar vinculados con el crimen y reclamaron una revisión de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido y la forma en que fueron detenidos.
Siete policías están bajo investigación por el procedimiento de captura
El subdirector de la PNC informó que siete integrantes de la Comisaría 13 figuran en el expediente relacionado con la captura de los hermanos. Entre ellos hay cuatro agentes, dos mandos y el comisario identificado como Segura Tunch.
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De acuerdo con Jacinto, los policías fueron separados de sus funciones en la unidad donde trabajaban, aunque continúan dentro de la institución en labores administrativas. El comisario fue trasladado al Distrito Central mientras avanza la investigación interna.
López preguntó por qué los agentes no fueron suspendidos de forma temporal y si el comisario mantiene contacto con personal operativo. Jacinto respondió que el traslado se realizó conforme a la normativa policial y bajo el principio de presunción de inocencia.
“Ellos solo son separados de sus actividades en el lugar y son trasladados a un área donde hacen la buena administración”, explicó el subdirector. Añadió que el comisario quedó asignado al Distrito Central.
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La investigación está a cargo del MP, con el acompañamiento de la Inspectoría General de la PNC. Jacinto no precisó si los siete integrantes de la fuerza tenían antecedentes disciplinarios, pues señaló que esos datos son parte de las diligencias en curso.
Diputados cuestionaron la rapidez de la detención tras el ataque
Durante la citación, Chic y López también cuestionaron que los hermanos Choc Toz fueran capturados aproximadamente 10 minutos después del ataque en el Campo Marte, donde murieron Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Jacinto explicó que la institución activó un cierre de rutas para ubicar a posibles responsables. Sin embargo, reconoció que no contaba con información sobre cuántas personas o motocicletas fueron detectadas por la policía durante ese lapso.
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El funcionario indicó además que el sábado 17 de octubre hubo otros tres ataques armados entre las 11 y las 14 horas. En esos casos no se reportaron capturas. Sí informó que en Bárcenas, Villa Nueva, fue hallado un vehículo abandonado que contenía un fusil M16.
Los diputados plantearon diferencias entre los resultados de los operativos desplegados en esos hechos y la captura de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron la libertad tras la resolución judicial.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció el 20 de octubre una revisión de la estructura, los mandos y los mecanismos de supervisión de la PNC. También ordenó a la Inspectoría General determinar cómo se desarrolló el procedimiento contra los hermanos y si existieron irregularidades.
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Villeda señaló que no puede confirmar la hipótesis de una implantación de armas mientras no existan pruebas que la respalden. Afirmó que adoptará decisiones cuando la investigación establezca responsabilidades sobre lo ocurrido durante la captura y sobre el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, un caso que permanece bajo reserva.
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