Miguel Martínez es investigado por presunto lavado de dinero y crimen organizado, confirma fiscal general de Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala investiga un número indeterminado de denuncias contra Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei, por presunto lavado de dinero y crimen organizado.

El fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, aseguró que las pesquisas también alcanzan a familiares y allegados del exfuncionario y anticipó nuevas diligencias en una causa bajo reserva.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que el miércoles 23 de septiembre realizó 13 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia de Martínez. Los operativos incluyeron la residencia de sus padres en Jocotenango, Sacatepéquez; inmuebles en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, lugar de origen del exfuncionario; y propiedades en la ciudad de Guatemala.

Durante los procedimientos, ejecutados con apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y la Policía Nacional Civil, fueron incautados teléfonos celulares, dispositivos USB y documentos vinculados con la administración gubernamental. García Luna calificó esa intervención como la primera de una serie de acciones judiciales relacionadas con el caso.

El fiscal general confirmó las pesquisas durante la presentación de su informe de gestión tras sus primeros cuatro meses al frente de la institución. Afirmó: “Del señor Miguel Martínez yo le puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas se están investigando, la mayoría son en lavado de dinero, pero también en crimen organizado”.

El poder de Martínez durante el gobierno de Giammattei

Martínez, conocido en el ámbito político como “Miguelito”, ocupó la jefatura del Centro de Gobierno gracias a su cercanía personal con Giammattei. La comisión fue creada en enero de 2020 para supervisar a los ministerios y concentró atribuciones que generaron cuestionamientos de distintos sectores.

La entidad contó con un presupuesto superior a Q 6 millones y su titular percibía un salario mensual de Q 42 mil. El Centro de Gobierno fue disuelto en diciembre de ese mismo año, después de roces con el entonces vicepresidente Guillermo Castillo y críticas de organizaciones sociales.

García Luna señaló que no divulgará la cantidad de expedientes abiertos ni las fiscalías que intervienen en cada uno, debido a razones de estrategia procesal. Las actuaciones, explicó, no se limitan al exfuncionario y abarcan a personas de su círculo directo con algún vínculo familiar o personal.

Consultado sobre una posible filtración antes de los allanamientos, reconoció que ese fenómeno “es evidente” en algunos casos dentro del Ministerio Público. También sostuvo que el departamento de prensa de la institución difundirá con mayor apertura la información pública disponible.

Las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido

Los señalamientos contra Martínez también derivaron en sanciones internacionales. El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en las restricciones de la Ley Global Magnitsky por presuntamente solicitar sobornos durante la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 e intervenir en adjudicaciones de contratos públicos en beneficio de sus intereses.

La medida implicó el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones dentro de su sistema financiero. Reino Unido adoptó restricciones similares en abril de 2025.

El exjefe del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros ante la Corte del Distrito de Columbia, representado por el abogado Alexei Schacht. En julio de 2026, la jueza federal Beryl A. Howell rechazó su petición al determinar que el Departamento del Tesoro contaba con pruebas sustanciales para mantener las sanciones.

Tras esa decisión, la defensa presentó en agosto pasado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia para intentar revertir el bloqueo de sus activos en el exterior.

García Luna rechazó que las investigaciones respondan a criterios políticos y aseguró que el Ministerio Público no mantiene relación directa con funcionarios de gobiernos actuales o anteriores. “No somos políticos, no somos de ningún partido político y eso nos da la solvencia de poder investigar cualquier denuncia de forma objetiva, imparcial”, sostuvo.

Durante la gestión de la anterior fiscal general, Consuelo Porras, varias denuncias contra Martínez fueron desestimadas y ninguna prosperó.