Gabriel García Luna, fiscal general de Guatemala, presenta un diagnóstico de fallas y medidas para reorganizar el Ministerio Público

El fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, presentó el balance de sus primeros cuatro meses al frente de la institución, iniciado el 17 de mayo, con un diagnóstico de fallas administrativas, fiscales y técnicas y medidas para reorganizar sus capacidades.

El funcionario afirmó que la exposición no respondió a una obligación legal, sino a una decisión de rendir cuentas ante la población.

El presupuesto asignado al Ministerio Público creció apenas 12.27% entre 2022 y 2026 respecto del monto inicial.

La institución gestionó una solicitud de aumento para 2027, después de detectar carencias en procesos financieros, herramientas tecnológicas desactualizadas y falta de personal para administrar fondos rotativos.

García Luna sostuvo que el estado en que recibió la entidad no constituye una justificación, sino el punto de partida de una transformación que debe abarcar de manera conjunta las áreas administrativa, fiscal y técnica. “Los resultados no se anuncian, se construyen”, afirmó.

Un presupuesto con alza del 12.27% y una fiscalía en liquidación

El secretario general del Ministerio Público, Edwin Santiago Chavajay High, informó que las deficiencias en la gestión de fondos rotativos provocaban demoras en el reintegro de recursos a las dependencias. Como respuesta, se inició el desarrollo de una herramienta informática para administrar esos fondos y las modificaciones presupuestarias, se reordenaron partidas para financiar un nuevo centro de datos y se presentó la petición presupuestaria para el próximo año.

La revisión de la política criminal identificó un número elevado de desestimaciones de casos en todo el país, agencias fiscales municipales con baja carga de trabajo y una demora considerable entre la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional Civil y su recepción en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público.

Para reducir ese retraso, se instalaron mesas de trabajo destinadas a crear un canal de interconexión digital seguro entre ambas instituciones. Chavajay anticipó además circulares para que las solicitudes de prisión preventiva tengan carácter excepcional y para limitar el uso generalizado de la reserva de actuaciones.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad inició un procedimiento de auditoría que antecederá su liquidación y posterior supresión. El secretario general había señalado que esa medida formaba parte de las necesidades detectadas en el funcionamiento de la persecución penal especializada.

En el área fiscal, García Luna señaló diferencias de capacidad entre las fiscalías regionales, distritales, municipales y de sección, así como en las unidades especializadas. También advirtió debilidades de coordinación y en el análisis criminal y financiero.

La reorganización contempla una distribución más equilibrada del personal entre las distintas fiscalías y mesas periódicas para compartir información entre dependencias.

El plan incluye el refuerzo de capacidades ante delitos vinculados con entornos digitales y la recuperación de funciones relacionadas con la actividad registral y la protección del patrimonio.

La Dirección de Investigaciones Criminalísticas, conocida como Dicri, comenzó una reorganización para atender necesidades de personal, insumos, movilidad y actualización de equipos destinados al procesamiento de escenas del crimen. La Dirección de Análisis Criminal revisa, a su vez, la asignación de su personal y la calidad de sus productos analíticos.

Nueve fiscales estadounidenses y una estrategia de cooperación fronteriza

Guatemala recibió por primera vez a nueve fiscales federales y auxiliares de distritos de Estados Unidos para trabajar en una estrategia fronteriza que las autoridades calificaron de inédita para el país y para América Latina.

El Ministerio Público reactivó vínculos con siete organismos internacionales, siete embajadas, seis agencias de cooperación, seis entidades privadas y ocho instituciones gubernamentales.

“El crimen organizado no respeta fronteras y nuestra respuesta no podía quedarse corta”, recordó García Luna al aludir a su discurso de asunción. El planteamiento vincula la cooperación internacional con el fortalecimiento de la respuesta frente a redes delictivas que operan entre distintos países.

La institución participó también en dos audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese ámbito, defendió que la actual persecución penal respeta los derechos humanos y el Estado de derecho, en referencia a un pronunciamiento de 2005 de la CIDH sobre una cooptación institucional en años anteriores.

La primera subsecretaria general, Claudia Eugenia Caballeros Ordóñez, describió un modelo de gestión centralizado y una estructura organizativa que se mantiene desde la década de 1990. La institución prevé actualizar reglamentos, manuales y perfiles de puestos.

La Unidad de Capacitación Institucional funciona en una vivienda ubicada en Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala, y aplica una metodología de educación a distancia. Caballeros anunció el retorno de esa unidad a la capital y un plan de regionalización con sedes en cada una de las regiones del Ministerio Público.

La funcionaria reportó falta de mantenimiento en los inmuebles institucionales, hacinamiento en algunas unidades distribuidas en diversos edificios y niveles, y plagas de roedores e insectos que ponen en riesgo la salud del personal y de los usuarios. El edificio Gerona recibirá obras de pintura y consolidación estructural en su fachada.

La infraestructura tecnológica tampoco creció al mismo ritmo que el área fiscal. Persisten procedimientos sistematizados junto a otros manuales y los centros de datos presentan obsolescencia, por lo que se proyecta una modernización enfocada en ciberseguridad y gestión de datos.

Los salarios del personal ya fueron publicados y el Ministerio Público prepara un portal web para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. La entidad revisa riesgos internos de corrupción con el Departamento de Procedimientos Disciplinarios, la Supervisión General, la Fiscalía de Asuntos Internos, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos.

Durante estos cuatro meses, la institución recibió a organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, organismos internacionales, sindicatos y un primer grupo de estudiantes universitarios de Ciencias Jurídicas e Investigación Criminal, dentro de una política definida como de “puertas abiertas”.