Diputados ex oficialistas presentaron en el Congreso de Guatemala una iniciativa para reconocer derechos laborales de conductores y repartidores de aplicaciones, con acceso a salario mínimo, seguro médico y seguridad social.
La propuesta busca incorporar estas tareas al Código de Trabajo y otorgar una relación laboral formal a quienes transportan personas, alimentos o documentos mediante plataformas digitales.
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El proyecto ya fue entregado a la Dirección Legislativa del Congreso y deberá ser conocido por el pleno antes de pasar a una comisión para su análisis. Pérez espera que la iniciativa reúna el respaldo de la mayoría de los legisladores para avanzar hacia una eventual aprobación.
La propuesta está acompañada por los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Patricia Orantes, Andrea Reyes, Ronalth Ochaeta y Orlando Pérez.
Su alcance incluye a quienes trabajan para servicios de transporte y entrega gestionados desde aplicaciones móviles.
“Esta es una ley importante para cubrir los derechos laborales como seguro médico y salarios dignos para quienes prestan estos servicios para transporte de personas, alimentos o documentos”, afirmó Pérez.
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La iniciativa plantea que estos trabajadores accedan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido como IGSS, y a las protecciones previstas para el resto de los empleados del país.
El Código de Trabajo como marco para repartidores y conductores
La incorporación al Código de Trabajo busca extender la protección legal a quienes dependen de estas actividades como fuente principal de ingresos.
El planteamiento persigue tres objetivos: ampliar la cobertura laboral, garantizar beneficios básicos durante la prestación del servicio y actualizar la legislación ante las nuevas modalidades vinculadas al comercio y al transporte digital.
La propuesta responde a una expansión de las plataformas en un mercado laboral sin una cifra oficial consolidada sobre el número de personas que trabajan como conductores o repartidores. Aplicaciones como Uber, InDrive, Urban, Picap y Yango se convirtieron en alternativas de ingresos para cientos de guatemaltecos.
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El fenómeno se desarrolla en un país donde alrededor de 5,3 millones de personas trabajaban en el sector informal en 2025, equivalentes al 66% de la población económicamente activa, de acuerdo con el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral. Las plataformas han ganado presencia entre jóvenes y personas con obstáculos para acceder a empleos formales, aunque suelen ofrecer flexibilidad sin prestaciones asociadas.
El reparto a domicilio muestra la dimensión de esa actividad: Uber Eats superó los cuatro millones de pedidos en Guatemala desde su lanzamiento e integró a más de 1,400 comercios a su sistema, según datos de la empresa.
La ausencia de cobertura médica, aportes previsionales y otras garantías laborales constituye uno de los problemas que la iniciativa pretende atender.
La actualización normativa busca adaptar la legislación guatemalteca a la economía digital, según detalló Publinews. El debate también se vincula con otras propuestas legislativas recientes sobre las formas de trabajo creadas por la tecnología.
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Más de 60 leyes en el mundo sobre trabajo en plataformas
La discusión en Guatemala ocurre mientras distintos países ensayan fórmulas para definir el vínculo entre las plataformas y quienes prestan servicios a través de ellas. Hasta 2024 existían al menos 60 legislaciones sobre trabajo en plataformas digitales y más de 120 fallos judiciales sobre la naturaleza de esa relación laboral.
En junio, la Organización Internacional del Trabajo aprobó en Ginebra un convenio destinado a equiparar los derechos de los trabajadores de plataformas con los del resto de los empleados. El instrumento contempla salario mínimo, seguridad social y protección frente al despido, y entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados miembros lo ratifiquen.
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España aprobó en 2021 la Ley Rider, que presume una relación laboral directa para los repartidores de comida a domicilio. La norma obliga a las plataformas a contratarlos formalmente y les reconoce salario mínimo, vacaciones pagadas, cotizaciones a la seguridad social y negociación colectiva.
El Reino Unido adoptó otro criterio tras un fallo de su Tribunal Supremo en 2021, que clasificó a los conductores de Uber como workers, una categoría intermedia con derechos laborales mínimos, pero sin equipararlos plenamente a empleados.
Chile promulgó en 2022 la Ley 21.431, una de las primeras regulaciones de América Latina sobre esta actividad.
El modelo chileno permite elegir entre un régimen de dependencia y otro de independencia. Quienes optan por la segunda modalidad deben acceder obligatoriamente a seguridad social en salud, pensiones y seguros contra accidentes laborales, además de contratos formales y transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos.
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México avanza en una reforma de su Ley Federal del Trabajo para reconocer prestaciones a los colaboradores que superen un umbral mínimo de ingresos. En Colombia, la reforma laboral de 2025 estableció un esquema dual por el que las plataformas cubren el 60% de los aportes de salud y pensión de los repartidores independientes.
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