Diputados en el Congreso presentan iniciativa para crear el digesto jurídico nacional que busca instituir un sistema gratuito de consulta de leyes

Los diputados de Semilla presentaron en el Congreso de Guatemala la iniciativa 6839 para crear un Digesto Jurídico Nacional, una plataforma estatal y gratuita que ordenaría, actualizaría y conectaría la legislación vigente, con el objetivo de resolver la dispersión actual de leyes, reglamentos y acuerdos entre fuentes oficiales y sistemas privados de pago.

Si la propuesta es aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y funcionaría como un sistema de consulta y referencia integrado al sitio web del Organismo Legislativo.

La propuesta fue presentada y remitida a la Dirección Legislativa. El proyecto plantea una implementación gradual, con prioridad para las normas de mayor jerarquía e impacto público, y prevé compatibilidad con teléfonos móviles.

El problema que busca atender es concreto: hoy las normas guatemaltecas están distribuidas entre el Diario de Centro América, repositorios institucionales y plataformas privadas, sin una herramienta pública que permita revisar de forma integrada reformas, derogatorias, suspensiones, versiones anteriores y relaciones entre disposiciones.

Según la exposición de motivos, esa dispersión encarece la asesoría legal, debilita la seguridad jurídica y contradice el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley.

El diputado Raúl Barrera explicó que la iniciativa busca poner a disposición de la población todas las leyes, reglamentos, acuerdos y ordenanzas vigentes en una sola plataforma de consulta gratuita. Durante la presentación, señaló que una suscripción privada para acceder a leyes y reglamentos actualizados cuesta Q2.095.

Barrera calificó esa situación de “inaceptable” y sostuvo: “Esta iniciativa de ley busca garantizar un derecho que el Estado ha negado, el conocimiento actualizado de las leyes reglamentos acuerdos y disposiciones de cumplimiento general para toda la población, debe ser suministrado de manera gratuita para que la población tenga el conocimiento de todas la leyes y acuerdos vigentes en Guatemala”.

El digesto no sustituiría al diario oficial y tendría valor informativo

La iniciativa establece que el Digesto Jurídico Nacional no reemplazaría al Diario de Centro América ni crearía, reformaría o anularía normas. Su función sería organizar y facilitar la consulta de la información jurídica; en caso de discrepancia, prevalecería siempre la fuente oficial.

La plataforma permitiría buscar una ley o reglamento, identificar su fuente oficial, revisar sus modificaciones y consultar las disposiciones relacionadas. También incorporaría versiones históricas para seguir la evolución de cada norma a lo largo del tiempo.

El proyecto prevé que cada disposición tenga un identificador normativo único y que los textos consolidados posean únicamente valor informativo. Esa estructura distinguiría al Digesto de la Biblioteca Digital del Congreso: mientras esta última permitiría encontrar y consultar documentos, el nuevo sistema ordenaría vínculos entre normas, cambios y fuentes oficiales.

La cobertura sería progresiva e incluiría la Constitución, tratados vigentes, decretos del Congreso, reglamentos y acuerdos del Ejecutivo, normativa de entidades autónomas y municipalidades, además de sentencias de inconstitucionalidad y jurisprudencia en secciones diferenciadas.

El Congreso administraría la plataforma y otras instituciones deberían remitir normas en formato procesable

La iniciativa asigna al Congreso de la República la rectoría del sistema por medio de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa. Esa dependencia administraría una plataforma digital gratuita, integrada al portal del Legislativo y diseñada para consulta pública universal.

El texto también contempla aprovechar archivos, repositorios y sistemas tecnológicos que ya existen en el Estado. A la vez, propone coordinación con las instituciones que emiten, publican, certifican, registran, custodian o aplican normas, que conservarían sus competencias y autonomía.

Las entidades productoras de normas de alcance general, incluido el Ministerio de Gobernación y las municipalidades, tendrían que remitir esas disposiciones en formato electrónico procesable dentro del primer mes de su emisión o publicación. El digesto, según la propuesta, tendría carácter jurídico-documental y sería vinculante para todas las instituciones estatales que producen normas de cumplimiento general.

La iniciativa define de forma directa su alcance: crear un sistema nacional de información jurídica, estatal y público, para recopilar, organizar, integrar y conectar las leyes y reglamentos del país. La población podría consultar gratuitamente esa información desde una plataforma desarrollada para ese fin, sin pagar suscripciones privadas.