Abogado acciona contra la policía, los derechos humanos y la Jueza que autorizó el desalojo de una anciana en Guatemala

Luego del desalojo violento de una anciana de 72 años en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, el abogado defensor informó a Infobae que presentó acciones legales en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), contra la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y contra la Jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo.

Gabriel Guzmán Matón, abogado de Juana Santiago Chel, de 72 años, explicó que las principales denuncias van contra la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil, Ada Madaí López Morales, por los siguientes delitos:

• Prevaricato
• Resoluciones contrarias a la Constitución
• Abuso de Autoridad
• Incumplimiento de Deberes

“Ella (la jueza) jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”, detalló el jurista, quien comentó que esta era la séptima ocasión que Juana Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda, pero las ocasiones anteriores logró frenar el procedimiento a través de acciones legales.

No obstante, comentó que en esta oportunidad fue notificado hasta las 10.30 horas, pese a que el desalojo inició a las 9 de la mañana, es decir, casi una hora y media después de que empezó el procedimiento. "Es una clara violación para mi defendida y un ejemplo de que la juez actuó en dolo“, manifestó en entrevista con Infobae.

Además, la jueza habría ordenado el lanzamiento en una propiedad que está a nombre de otra persona, pero, según el abogado, ha hecho caso omiso a todas las explicaciones que se le han dado durante años.

“Sobre este tema hay hasta amparos en la Corte de Constitucionalidad, pero ellos me dijeron que el acto aún no ocurría y que cuando se hiciera debía plantear un interdicto de amparo de despojo. Prácticamente me dijeron que me pueden disparar, pero tengo el hospital para recuperarme", se quejó.

Otras denuncias

Las acciones legales no se quedarán allí. Según Guzmán Matón, está por presentar una denuncia en contra del Ministro Ejecutor que realizó las diligencias, porque nunca presentó un documento que lo amparara, ni se identificó.

“No llevaba resolución. Nunca la vimos. Es más, el que anunció el lanzamiento de mi clienta fue el abogado de la parte contraria. ¿Cuándo un abogado está facultado para informar sobre la ejecución de una orden judicial? Todo el procedimiento estuvo viciado. Ni siquiera sé el nombre del Ministro Ejecutor, porque no se identificó“, dijo.

El jurista también presentó denuncias en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, uso excesivo de la fuerza y exceso de la fuerza pública, argumenta que la ley los amparaba a negarse a cumplir resoluciones violatorias a la ley.

Otros denunciados podrían son los personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Para el abogado de Santiago Chel, incumplieron con sus funciones, debido a que presenciaron los abusos en contra de su clienta y "no hicieron nada“.

Incluso, contó que los delegados de la PDH que participaron en la ejecución del lanzamiento fueron enviados de la Ciudad de Guatemala, por petición del abogado del demandante, debido a que los residentes de Nebaj se negaron al no tener competencia por tratarse de un lanzamiento y no de un desalojo.

“No se puede esperar nada de la PDH, cuando el procurador Alejandro Córdova ni siquiera se ha pronunciado por las violaciones de los derechos humanos en contra de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Lo mismo está pasando aquí, hay claras violaciones, pero él está callado”, lamentó.

La historia del desalojo

Con la manos levantadas y suplicando por compasión a agentes de la PNC para que no la desalojaban de la vivienda que la vio crecer, la imagen de Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años, causó indignación en todas las esferas de Guatemala.

De acuerdo con el abogado defensor, la mujer fue la heredera de 50 cuerdas (unos 21,836 metros cuadrados) de terreno que un día fue propiedad de su progenitora. Santiago Chel tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre, éste último migró muy pequeño a la Ciudad de Guatemala.

“No vivió con ella. En la capital se desvió. Incluso, tiene antecedentes penales por varios delitos“, detalló.

Se trata de Pedro Santiago López, quien promovió el desalojo. Según el abogado, en 2014 realizó una visita a su madre donde le prometió que al ser “el hombre de la casa” se encargaría de ella, pues sus hermanas estaban casadas.

“Le dijo que debían asegurar el terreno y para ello, Santiago Chel debía ir a la Municipalidad a firmar un documento que la protegería de cualquier persona que quisiera quitarle la propiedad. Ella lo hizo y se presentó a colocar su huella sin saber lo que estaba autorizando“, dijo el abogado.

Meses después se percató que el bien inmueble estaba a nombre de una persona que resultó ser el cuñado de Santiago López. Dos años después, se realizó un nuevo traspaso, esta vez hacia el hijo de la señora Juana.

Todo esto se hizo sobre la totalidad del terreno, pero en 2003 la propiedad fue fraccionada a favor de una de las hijas de la anciana. “Ella le dio 6 cuerdas a través de una donación, convirtiéndose en dos terrenos diferentes", comentó Guzmán Matón.

El hijo de Juana inició el proceso de desalojo en 2014. Fue al juzgado y aseguró que su mamá le cedió el terreno con la promesa de que él de construiría una vivienda y se encargaría de ella hasta su muerte, pero eso nunca pasó.

Cuando se dieron cuenta, la mujer buscó apoyo de la Alcaldía Indígena, pero no lograron hacer nada para restituirle sus derechos como propietaria.

“Yo tomé el caso cuando todo estaba avanzado. Ya se había dado sentencia y habían pasado los plazos para casación y menos para un amparo. Detecté el desmembramiento y sobre eso comencé a trabajar en favor de mi clienta. Traté de explicarle a la jueza pero nunca quiso escuchar“, detalló.

El abogado llegó al extremo de presentar tres recusaciones en contra de la Jueza, pero no se separó del caso, pese a que doña Juana ni siquiera la conoce, pues “no hubo intermediación y menos un procedimiento adecuado”.

“Imagínese que en ningún momento llegaron a realizar mediciones del terreno. Lo único que consta en el expediente es una fotografía de la vivienda de adobe donde reside mi clienta, pero ese terreno no pertenece al que Santiago López el quitó con engaños, por ello alego que se dio un despojo judicial y no un lanzamiento", manifestó el abogado.

Agregó: “Estamos viendo un claro abuso del Estado en contra de Juana Santiago Chel. Se le violaron todos sus derechos, incluyendo a la vida, pues ayer se puso en riesgo", lamentó.

¿Dónde está Juana?

Inmediatamente después del despojo violento de su residencia, otro abogado entró en escena. Se trata de Elmer Salguero, un jurista con amplia experiencia en desalojos y lanzamientos.

Según narró a Infobae, él se encontraba en Escuintla cuando vecinos de Nebaj le pidieron interceder en el caso, por lo que, a través del abogado Estuardo Pedro de Paz, presentó una exhibición personal a favor de Juana Santiago Chel.

El caso fue aceptado por el Juzgado de Paz de Nebaj, quienes determinaron que la mujer de 72 años, se encuentra hospitalizada en el Hospital Nacional de Nebaj y está bajo tratamiento médico.

Por su parte, Guzmán Matón detalló que la señora Juana está recluida en el hospital junto con su hija de 51 años, Juana López, quien resultó herida durante el proceso de desalojo.

También se había hablado de que la hermana de la mujer, Elena Santiago Chel, de 77 años, estaba hospitalizada, pero el abogado confirmó que ella se encuentra bien en su residencia.

Sin hogar

La historia no ha terminado. Cuando Juana y su hija salgan del hospital no tendrán hogar, ya que la orden de lanzamiento se ejecutó con éxito a favor del demandante, lamentó Guzmán Matón.

“Creo que se irá a vivir con su hermana Elena o con una de sus hijas, mientras que tratamos de recuperar su propiedad. Es una injusticia total”, criticó el abogado.

¿Qué dice la PDH?

Saúl Orellana, director de Auxiliaturas de la PDH, explicó que los personeros de la institución fueron requeridos como “observadores”, por lo que la responsabilidad de actuar en caso se detectara un uso excesivo de la fuerza era el Ministro Ejecutor del lanzamiento, quien fue delegado por el Juez en su nombre.

“Por esta limitante que tenemos, lo que se hace como PDH es abrir un expediente para iniciar una investigación. En el mismo momento no tenemos mayor incidencia, porque todo aquello que hagamos o que esté fuera de nuestro mandato en la resolución para la que fuimos llamados, puede poner en riesgo la diligencia que iría en contra de lo resuelto por el Juez”, manifestó.

Orellana insistió en que “todo lo ocurrido en el lugar estaba a cargo del Ministro Ejecutor, nosotros no tenemos incidencia porque no somos parte del proceso... los compañeros trataron de promover el diálogo, pero se salió de control por el malestar de los pobladores".

“El Ministro Ejecutor puede certificar lo conducente, rectificar sus actuaciones, eso sí, únicamente por las partes dentro del proceso. La PDH acudió en calidad deobservadores, así estaba establecido en el requerimiento legal, nunca se nos pidió actuar, nuestro mandato tiene un límite“, comentó.

Al final, Santiago Chel fue desalojada de su vivienda, por agente de la PNC quienes llegaron hasta a cargar a su hija para sacarlas de la residencia, razón por la que el Ministerio de Gobernación anunció una investigación interna para determinar si se actuó en base a los protocolos.

El actuar de los agentes policiales generó tal indignación, que vecinos de Santa María Nebaj se organizaron en defensa de la anciana, al extremo que durante la noche del jueves 30 de julio quemaron la residencia de la Jueza ejecutora de la orden de lanzamiento, quien, hasta el momento, no se ha pronunciado.

No obstante, el Organismo Judicial emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad a favor de la Jueza y expresó su "enérgico rechazo ante los hechos de intimidación y violencia registrados“. También indicaron que darán acompañamiento institucional a López Morales “coordinando las acciones necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la Ley”.

Al tiempo que hicieron a la población para que “toda inconformidad sea canalizada a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica”.