Ley de Aguas en Guatemala, el reto que lleva más 69 años en discusión y más 30 propuestas

Como una “necesidad nacional”, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de Ley para regular el uso del agua. Sin embargo, se suma a las más de 15 propuestas que se han presentado desde 1985, cuando la nueva Constitución lo estableció como un mandato constitucional.

Aunque la propuesta la impulsó Orantes, no la presentó el Ejecutivo, sino que fue acogida por un grupo de diputados de varios partidos políticos integrados, en su mayoría, en la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo, pese a que el presidente Bernardo Arévalo prometió una hoja de ruta y un proceso de consulta para la construcción del anteproyecto de ley.

De acuerdo con la funcionaria, la nueva iniciativa recoge el espíritu de otras presentadas, pero aclaró que pretende establecer un hoja de ruta para la administración adecuada del vital líquido, además de incluir aspectos relevantes sobre los derechos de uso, el acceso y recuperación de bosques en las cuencas.

¿Nació muerta?

Esta nueva iniciativa se suma a los más de 30 proyectos que se han presentado desde que la administración del expresidente Miguel Ydígoras Fuentes, quien Gobernó el país de 1958 a 1963.

La intención de crear un marco regulatorio para el fortalecimiento de los mantos acuáticos, uso y regulación del agua, se puede rastrear desde 1958, cuando Ydígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego, la cual tenía, entre otras propósitos, elaborar un anteproyecto de ley de aguas.

La propuesta se creó, pero, al igual que otras muchas más, no tuvo éxito. En su lugar, en 1962 se aprobó la Ley de Transformación Agraria Decreto 1551 que incluyó regulaciones sobre el uso de aguas públicas para aprovechamiento agropecuario y riego.

Después de ello hubo otros intentos, pero se hicieron de forma aislada y no lograron avanzar. Sin embargo, la expectativa cambió cuando en 1985 la nueva Constitución Política de la República de Guatemala ordenó en su artículo 127 la creación de una ley específica para regular el uso, goce y aprovechamiento del agua.

Sin embargo, pasaron cinco años antes de que se presentara una propuesta. La primera propuesta formal registrada en la Dirección Legislativa del Congreso tras la nueva Constitución ingresó en 1990, pero no tuvo consenso con los diputados.

Aprobación fallida

En 1993, se llegó a un momento clave con la Iniciativa 891 (“Ley General de Agua”). El proyecto contaba con acuerdos y fue incluida en el orden del día para lectura e inicio de discusión en el pleno el 25 de mayo de ese año.

No obstante, el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías ese mismo día frenó el proceso legislativo por completo y, posteriormente lo concentró en recuperar el orden constitucional.

Según los registros parlamentarios, entre 1990 y 2016 se acumularon 27 iniciativas presentadas por distintos bloques parlamentarios, organizaciones sociales a través de comisiones legislativas y por el Ejecutivo, durante las administraciones de, por lo menos, Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales.

¿Por qué no avanza?

Durante años, expertos, abogados, diputados, políticos, empresarios y otros sectores de poder político, han manifestado diversos factores que van desde temor a la burocracia, hasta choque con intereses económicos.

Entre algunos de los aspectos que han impedido el avance de una normativa que regule el cuidado y uso del agua en Guatemala están:

Choque de Intereses Económicos

• Sector privado, agroindustria e hidroeléctricas: Temen que un régimen tarifario o limitaciones rígidas comprometan la viabilidad de cultivos de alto consumo de agua como la caña, la palma o el banano y, aunque no es cultivo, la generación de energía. Exigen certeza jurídica y diferenciación entre usos consuntivos y no consuntivos.
• Poblaciones locales y organizaciones indígenas: Defienden el agua como un bien común y un derecho humano de acceso no comercializable. Rechazan cualquier redacción que intrometa al sector privado en la administración del agua o cree cobros desmedidos.

Temor a la Burocracia e Inoperancia Institucional:

• Existe escepticismo sobre la capacidad técnica e institucional del Estado para fiscalizar. Sectores señalan que crear un “Instituto Nacional del Agua” u otro ente regulador solo generaría más burocracia, discrecionalidad o riesgos de corrupción en la entrega de licencias.

Falta de Costo Político para el Congreso:

• Al ser una ley altamente divisiva que genera desgaste con votantes comunitarios y con financistas de campaña, la mayoría de bancadas prefiere no incluirla en la agenda legislativa para evitar el costo político en periodos electorales o preelectorales.

En tanto y a pesar del volumen de propuestas, la gran mayoría han quedado dictaminadas desfavorablemente o engavetadas en comisiones de trabajo, convirtiendo la Ley General de Aguas en una de las deudas legislativas más prolongadas del país.