El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

El Congreso de Guatemala abrirá el segundo período ordinario con el debate del nuevo subsidio a los combustibles anunciado por Bernardo Arévalo, una propuesta que prevé Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026 para contener el alza internacional del petróleo, el precio del pasaje y el gasto de los hogares.

La iniciativa del Ejecutivo, contempla un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones, equivalentes a unos USD 453 millones. El Gobierno sostiene que ese monto saldrá de una readecuación interna del presupuesto, sin deuda nueva y sin tocar los recursos de Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Antes de que el pleno entre al fondo de la propuesta, la Instancia de Jefes de Bloque volverá a reunirse el lunes 3 de agosto. Allí comparecerán los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas, junto con autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para presentar un informe sobre la ejecución del subsidio anterior y responder dudas de los diputados sobre financiamiento, fiscalización y resultados.

La discusión llega sin consensos cerrados. Tras la reunión de jefes de bloque del jueves 30 de julio, el vicepresidente del Congreso Nery Ramos informó que seguía en análisis tanto la iniciativa del oficialismo para un subsidio directo como otra opción: crear un fondo de compensación que se active cuando los precios internacionales superen un techo previamente definido.

El Ejecutivo propone un apoyo mayor al que venció a inicios de julio

El nuevo esquema supera al apoyo temporal aprobado en el Decreto 11-2026, que rigió entre el 28 de abril y el 2 de julio de este año. Ese mecanismo otorgó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal cercano a Q2 mil millones.

Según el Ministerio de Energía y Minas, ese subsidio ayudó a contener la inflación mientras estuvo vigente. Cuando expiró, los precios volvieron a subir hasta superar los Q40 por galón en algunas estaciones de la capital.

Arévalo presentó la propuesta en una conferencia de prensa junto al ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios. El presidente vinculó la presión sobre los combustibles con las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz, que han empujado al alza los precios internacionales del crudo.

“El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas y se siente en quienes llenan el tanque de sus vehículos, pero también en el precio del pasaje que utilizan quienes van a trabajar o estudiar”, dijo el mandatario. Luego agregó: “Ningún país de nuestra región está libre de esta realidad. Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global”.

Barrios explicó que la diferencia entre los montos asignados al diésel y a la gasolina responde al peso económico de cada combustible. Según el ministro, el diésel tiene un impacto tres veces mayor porque mueve el transporte de personas y mercancías en trayectos cortos y largos.

Arévalo resumió ese criterio con una frase: “El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, que se limita al vehículo en el transporte”. La apuesta oficial busca contener tanto el costo de carga de combustible como los precios de movilidad y distribución.

Los diputados exigen controles y el Gobierno descarta otras salidas

La bancada oficialista sostiene que el proyecto aún puede modificarse para endurecer controles. Uno de los diputados que defendió esa línea afirmó tras la reunión del jueves: “Aún estamos discutiendo, aún estamos buscando consensos y acuerdos con los diferentes bloques que nos permitan aprobar lo más pronto posible una medida urgente, necesaria para poder aliviar la crisis que las familias guatemaltecas están enfrentando por el incremento de los precios del petróleo”.

Otra voz del oficialismo planteó que el punto central es evitar que el beneficio se pierda antes de llegar al usuario final. En esa línea, señaló: “Lo que debemos de atacar fuertemente es las alzas del pasaje injustificados. Tenemos denuncias que aún con el subsidio, los transportistas incrementaron el pasaje y esa es la parte que no se vale”.

El Ejecutivo también fijó límites a las alternativas en discusión. Menkos descartó contratar nuevos préstamos o cualquier otro esquema de endeudamiento público para cubrir el subsidio.

Barrios rechazó además una rebaja parcial de tributos como solución suficiente. Indicó que eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y el IVA al diésel solo produciría una rebaja de Q7 por galón, por debajo del beneficio planteado por el Gobierno.

La fijación de precios máximos tampoco forma parte del plan. El ministro de Energía y Minas sostuvo que esa opción contradice la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, basada en el libre mercado, y afirmó: “Los precios tope serían una ilegalidad”.

El Gobierno prevé vigilancia de precios y una mesa técnica si la crisis sigue

Arévalo recordó que la aprobación y entrada en vigor del Decreto 11-2026 tomó cerca de dos semanas, del 14 al 28 de abril. El presidente estimó que esta vez el plazo podría ser menor porque los reglamentos y mecanismos de control ya existen y solo requieren ajustes.

El Gobierno anunció además una mesa técnica para definir medidas adicionales si la crisis energética internacional se prolonga más allá del plazo del subsidio. Entre las alternativas figura focalizar el apoyo, aunque el presidente advirtió que ese mecanismo necesitaría al menos dos meses de preparación.

También prevé reforzar a la Dirección de Asistencia al Consumidor y al Ministerio de Energía y Minas para vigilar posibles maniobras especulativas en los precios. A la vez, evalúa si el subsidio anterior favoreció el contrabando de combustible hacia países vecinos para diseñar controles que aseguren que el beneficio se aplique solo dentro del territorio nacional.

En su mensaje final, Arévalo pidió rapidez al Legislativo para aprobar la medida: “Este no es tiempo para divisiones, este no es un tiempo para réditos personales o políticos. Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias”. Varias bancadas ya habían expresado su disposición a respaldar una readecuación presupuestaria antes del anuncio oficial, según reportes de medios guatemaltecos del día anterior.