Autoridades indígenas en Guatemala advierten que el sistema de comisiones de postulación ya no funciona

Las autoridades indígenas y ancestrales que observaron las elecciones de segundo grado de 2026 en Guatemala concluyeron que el sistema de comisiones de postulación “ya no funciona”, denunciaron que la justicia y el sistema electoral siguen bajo control de redes de corrupción y advirtieron que esa configuración puede afectar la credibilidad institucional de cara a las elecciones generales de 2027.

En su conferencia de prensa, las organizaciones participantes también pidieron mantener la vigilancia ciudadana sobre los funcionarios recién electos y reclamaron la presencia anticipada de misiones internacionales de observación para el próximo proceso general. Su advertencia se apoyó en lo que describieron como un ciclo de exclusión política de los pueblos indígenas y de opacidad en las designaciones de magistrados y otras autoridades.

Entre las entidades que integraron el proceso de observación estuvieron los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, la Junta Directiva K’iche’ de las 19 aldeas de Santa María Chiquimula, las Autoridades Ancestrales de la Región Ixil, autoridades del pueblo Tz’utujil, el Consejo de Ancianos de Panajachel y autoridades kaqchikeles de Santiago Sacatepéquez.

Las autoridades indígenas sostienen que las comisiones de postulación fueron capturadas

Vivian Nasburt, del Consejo de Autoridades Ancestrales de Santiago Sacatepéquez, explicó que la observación fue acordada en asamblea del POPWIXI en junio de 2025 y dio continuidad a acciones impulsadas desde 2023 y 2024 para vigilar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y fiscal general.

Nasburt dijo que las autoridades no participaron “para ser simples espectadores”, sino para exigir transparencia y la designación de funcionarios idóneos. Según relató, asistieron presencialmente a reuniones, solicitaron audiencias con comisiones de postulación, presentaron planteamientos sobre derechos de los pueblos indígenas y promovieron impugnaciones contra aspirantes.

La principal conclusión del bloque indígena fue que el mecanismo de comisiones de postulación “se ha pervertido” y hoy sirve, a su juicio, para que élites hegemónicas y redes de corrupción cooptaran y controlaran tanto el sistema de justicia como el electoral. Añadieron que ese mecanismo sigue siendo excluyente y no garantiza participación ni representación de los pueblos indígenas.

Denuncian opacidad en el Congreso, la Corte Suprema y la Universidad de San Carlos

Las autoridades afirmaron que en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad no hubo transparencia ni espacios suficientes de observación y participación para ciudadanía, medios de comunicación y autoridades indígenas. Señalaron al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala por cerrar esos espacios.

En su balance, las organizaciones también expresaron preocupación por la forma en que quedó integrada la corte. Aseguraron que el llamado pacto de corruptos reeligió a cuatro magistrados cuestionados de la magistratura anterior: tres titulares y un suplente.

Las organizaciones también mencionaron señalamientos de diputados sobre presunta injerencia extranjera en la reelección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Indicaron que hubo cuestionamientos públicos sobre presiones externas durante ese proceso.

Las recomendaciones apuntan a reformas legales y vigilancia sobre 2027

Eduardo Tache, de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, presentó las recomendaciones finales dirigidas al Estado, a los funcionarios electos, a la población y a la comunidad internacional. La primera fue abrir un debate nacional amplio y participativo, con inclusión de pueblos indígenas, para formular reformas constitucionales vinculadas con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la fiscal general.

También pidieron reformar la ley de comisiones de postulación para fijar perfiles de aspirantes, procedimientos de calificación, mecanismos para valorar objeciones, sistemas de evaluación de candidatos y reglas que favorezcan participación indígena, participación ciudadana, objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

Una tercera propuesta apuntó a modificar la ley de universidades privadas para impedir que participen en las comisiones de postulación universidades “fantasma o de cartón” y para exigir que sus representantes cumplan requisitos éticos y profesionales. Las autoridades reclamaron, además, procedimientos para evaluar objeciones sobre esa participación.

A los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les exigieron recuperar la credibilidad del órgano y garantizar elecciones libres y transparentes sin injerencia externa. A la fiscal general y jefa del Ministerio Público le reclamaron objetividad, imparcialidad e independencia, además del fin de la criminalización con motivos políticos contra líderes indígenas, en especial autoridades comunitarias, por defensa del territorio y aplicación de la justicia indígena.

Las autoridades llamaron a la población a seguir de cerca las elecciones de segundo grado y a tomar con seriedad el proceso general de 2027, al recordar que el presidente de la República y los diputados del Congreso eligen a magistrados de otros organismos del Estado, en especial del sector justicia. También pidieron vigilar y exigir la democratización del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, al considerar que ese espacio incide en comisiones de postulación y en la designación de otros funcionarios públicos.