Guatemala lleva más de 17 años sin una legislación específica de ciberseguridad, pese a que los ataques contra sistemas informáticos y el robo de datos representan una amenaza para instituciones públicas, empresas y usuarios, advirtió la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).
Durante el foro virtual: “Ciberseguridad en Guatemala, nuevas reglas, obligaciones y oportunidades para las empresas”, la directora ejecutiva de Waleska Sterkel, sostuvo que Guatemala es uno de los países con mayor exposición a ciberataques, muchos de los cuales no llegan al conocimiento público.
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La falta de un marco integral también genera incertidumbre para las compañías que analizan instalarse o ampliar operaciones en el país. “Definitivamente Guatemala es uno de los países que más ciberataques sufre... situación que no da certeza a nueva compañías”, afirmó Sterkel
Mientras que representantes del sector privado y del Congreso coincidieron en que se requieren reglas claras, una estructura estatal con capacidad técnica y protocolos de coordinación ante incidentes.
Una ley no bastaría frente a amenazas que cambian con rapidez
Sterkel planteó que una eventual Ley de Ciberseguridad no resolvería por sí sola las vulnerabilidades del país. Las amenazas digitales evolucionan con rapidez, por lo que el Estado y las empresas deben revisar sus sistemas de forma permanente, invertir en herramientas de protección y actualizar sus protocolos de respuesta.
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La directora ejecutiva de AmCham también señaló que la normativa debería articularse con una ley de protección de datos personales. Esa relación resulta relevante porque los ataques pueden comprometer información de ciudadanos, clientes, trabajadores y entidades estatales.
En el Congreso se discute la iniciativa 6347, denominada Ley de Ciberseguridad, que fue presentada en 2024 y volvió a las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y de Economía y Comercio Exterior en abril de 2026.
El 29 de julio de este año, el pleno también conoció la iniciativa 6771, que propone crear un Sistema Nacional de Ciberseguridad y sancionar los ciberdelitos.
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Un país necesita autoridad técnica, respuesta a incidentes y protección de infraestructura
Una política nacional de ciberseguridad requiere, en primer lugar, un marco legal que defina responsabilidades, delitos informáticos, mecanismos de investigación y obligaciones de resguardo para entidades que administran datos o servicios esenciales. También debe proteger derechos fundamentales, entre ellos la privacidad y el debido proceso.
Otro componente es una autoridad nacional especializada, con autonomía y recursos técnicos, que coordine a ministerios, empresas, universidades y organismos de seguridad. Su función sería identificar riesgos, emitir alertas y supervisar la aplicación de estándares mínimos.
El país también necesitaría un centro de respuesta a incidentes informáticos, conocido como CERT o CSIRT. Este organismo puede asistir a las instituciones afectadas, intercambiar información sobre amenazas, coordinar la contención de ataques y contribuir a la recuperación de servicios.
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La protección de la infraestructura crítica constituye otro punto central. Redes de energía, telecomunicaciones, agua, salud, banca y servicios gubernamentales requieren evaluaciones de riesgo, planes de continuidad operativa y notificación de incidentes. Una interrupción en esos sectores puede afectar servicios básicos y actividades económicas.
El desafío será convertir las normas en capacidad operativa
Durante el debate, especialistas advirtieron que las obligaciones deben considerar el tamaño y el nivel de riesgo de cada empresa. Las pequeñas y medianas compañías podrían requerir capacitación, certificaciones y apoyo técnico para cumplir las exigencias.
Sterkel afirmó que la respuesta debe surgir de la colaboración entre el sector público y privado. El avance legislativo dependerá de que las propuestas obtengan dictamen y sean sometidas a discusión en el Congreso durante los próximos meses.
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